Procuraduría sanciona a militares que atacaron indígenas
El Ministerio Público señaló que los uniformados dispararon de manera indiscriminada.
El Espectador
Se trata de cinco miembros del Ejército Nacional adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado Nro. 2 "Juan José Rondón", sindicados de la muerte de varias personas.
Se trata del sargento Viceprimero Claudio Verú Gómez, para la época de los hechos; Cabo Tercero Gilwen Enrique García Escobar, como comandante de la tercera escuadra del escuadrón Corcel 3 y los soldados profesionales José Miranda Guerra, José Alejandro Perea Ipuana y Enrique Mieles Yorgin.
Según la investigación, el 9 de febrero de 2007, en la Finca de la Colina, ubicada en el corregimiento de Caracolí (San Juan del Cesar- Guajira) los cinco militares habrían disparado indiscriminadamente contra tres personas causándoles la muerte.
El hecho, denunciado por la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, la muerte de estas personas "al parecer no se presentó en un combate, como lo afirman los militares comprometidos en la operación, sino que supuestamente habrían sido injustificadamente ejecutados por los miembros de la fuerza pública".
"Los resultados operacionales muestran que los miembros del ejército Nacional al parecer reaccionaron de manera violenta y dispararon a personas ajenas al conflicto" infringiendo el principio de distinción" señala el pronunciamiento oficial de la Procuraduría.
El Ministerio Público asegura que en este caso se presentó una infracción de los principios y reglas de los conflictos amados, teniendo en cuenta que los miembros de la fuerza pública habrían desplegado una acción ofensiva contra personas que, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario estan amparadas por una protección especial.
Se trata de cinco miembros del Ejército Nacional adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado Nro. 2 "Juan José Rondón", sindicados de la muerte de varias personas.
Se trata del sargento Viceprimero Claudio Verú Gómez, para la época de los hechos; Cabo Tercero Gilwen Enrique García Escobar, como comandante de la tercera escuadra del escuadrón Corcel 3 y los soldados profesionales José Miranda Guerra, José Alejandro Perea Ipuana y Enrique Mieles Yorgin.
Según la investigación, el 9 de febrero de 2007, en la Finca de la Colina, ubicada en el corregimiento de Caracolí (San Juan del Cesar- Guajira) los cinco militares habrían disparado indiscriminadamente contra tres personas causándoles la muerte.
El hecho, denunciado por la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, la muerte de estas personas "al parecer no se presentó en un combate, como lo afirman los militares comprometidos en la operación, sino que supuestamente habrían sido injustificadamente ejecutados por los miembros de la fuerza pública".
"Los resultados operacionales muestran que los miembros del ejército Nacional al parecer reaccionaron de manera violenta y dispararon a personas ajenas al conflicto" infringiendo el principio de distinción" señala el pronunciamiento oficial de la Procuraduría.
El Ministerio Público asegura que en este caso se presentó una infracción de los principios y reglas de los conflictos amados, teniendo en cuenta que los miembros de la fuerza pública habrían desplegado una acción ofensiva contra personas que, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario estan amparadas por una protección especial.