Procuraduría sancionó al exsupersalud, Gustavo Morales Cobo
El exfuncionario fue investigado por haber anticipado en medios de comunicación la decisión de no habilitar en 2013 el funcionamiento de la EPS Salud Andina, por supuestos vínculos con paramilitares de uno de los integrantes de la junta directiva.
Redaccón Judicial
En el año 2013, la Superintendencia Nacional de Salud debía definir una petición de la empresa Salud Andina EPS para prestar sus funciones. En medio del estudio, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República lanzó una alerta porque uno de los integrantes de esa empresa al parecer tenía vínculos con grupos paramilitares. El jefe la entidad entonces, Gustavo Morales Cobo, salió a medios de comunicación y anticipó que se iba a negar la habilitación a Salud Andina. Por esta razón, la Procuraduría lo acaba de sancionar.
La investigación disciplinaria contra Morales Cobo inició en 2013 por queja que presentó el abogado Abelardo de la Espriella alegando que, para el momento de las declaraciones públicas, el proceso estaba en su despacho para ser fallado. En el caso se tuvieron en cuenta varias pruebas como el informe del entonces secretario de Transparencia, Rafel Merchán, de que Gerardo Vecino Villareal, miembro de la EPS, había sido mencionado en varias oportunidades como colaborador de grupos paramilitares en el Atlántico.
(Le puede interesar: Procuraduría citó a juicio disciplinario al exsuperintendente de salud, Gustavo Morales Cobo)
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa falló en contra de Morales Cobo con varios argumentos. Primero, que un fallo judicial había ordenado habilitar a Salud Andina. Que el funcionario hizo públicos datos que hacían parte de un proceso que estaba en su despacho y que anticipó su decisión en la entrevista, en la que igualmente se refirió a la salida de cinco superintendentes delegados de la entidad.
“Aquello que debía ser plasmado solamente en el acto administrativo que pusiera fin al respectivo trámite de habilitación (…) resultó siendo anticipado en una entrevista radial, con lo cual acaba por concretarse el desconocimiento del deber funcional por parte del aquí disciplinado”, dice la decisión. Como Morales Cobo ya no está en la entidad, la sanción de la Procuraduría es una multa equivalente a $128 millones. Morales apeló el fallo, por lo que ahora quedó en manos de la Sala Disciplinaria de la entidad.
En el año 2013, la Superintendencia Nacional de Salud debía definir una petición de la empresa Salud Andina EPS para prestar sus funciones. En medio del estudio, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República lanzó una alerta porque uno de los integrantes de esa empresa al parecer tenía vínculos con grupos paramilitares. El jefe la entidad entonces, Gustavo Morales Cobo, salió a medios de comunicación y anticipó que se iba a negar la habilitación a Salud Andina. Por esta razón, la Procuraduría lo acaba de sancionar.
La investigación disciplinaria contra Morales Cobo inició en 2013 por queja que presentó el abogado Abelardo de la Espriella alegando que, para el momento de las declaraciones públicas, el proceso estaba en su despacho para ser fallado. En el caso se tuvieron en cuenta varias pruebas como el informe del entonces secretario de Transparencia, Rafel Merchán, de que Gerardo Vecino Villareal, miembro de la EPS, había sido mencionado en varias oportunidades como colaborador de grupos paramilitares en el Atlántico.
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La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa falló en contra de Morales Cobo con varios argumentos. Primero, que un fallo judicial había ordenado habilitar a Salud Andina. Que el funcionario hizo públicos datos que hacían parte de un proceso que estaba en su despacho y que anticipó su decisión en la entrevista, en la que igualmente se refirió a la salida de cinco superintendentes delegados de la entidad.
“Aquello que debía ser plasmado solamente en el acto administrativo que pusiera fin al respectivo trámite de habilitación (…) resultó siendo anticipado en una entrevista radial, con lo cual acaba por concretarse el desconocimiento del deber funcional por parte del aquí disciplinado”, dice la decisión. Como Morales Cobo ya no está en la entidad, la sanción de la Procuraduría es una multa equivalente a $128 millones. Morales apeló el fallo, por lo que ahora quedó en manos de la Sala Disciplinaria de la entidad.