La Procuraduría ha solicitado precisiones al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, sobre los fundamentos técnicos y legales detrás de la intervención a la empresa Air-e. El Ministerio Público, en el marco de sus funciones de vigilancia y prevención, busca esclarecer los estudios técnicos que sustentan la solicitud ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para proceder con la intervención, así como las causales basadas en la Ley 142 que justifican esta medida.
Contexto: Gobierno aprueba intervención de Air-e para garantizar servicio de energía
El pasado 12 de septiembre, la procuradora general Margarita Cabello anunció que la entidad realizará una vigilancia preventiva a la intervención de la empresa Air-e, con el fin garantizar que se mantengan los índices de calidad, cobertura y continuidad en la prestación del servicio de energía en el Atlántico, La Guajira y Magdalena.
La intervención a Air-e fue aprobada por la Comisión Sexta del Senado el pasado 10 de septiembre ante la crítica situación financiera que enfrenta la empresa con deudas superiores a $1,8 billones. La medida del Gobierno busca evitar la suspensión del servicio y garantizar los derechos de los usuarios.
Ahora, la Procuraduría ha pedido detalles sobre las implicaciones económicas que esta decisión podría tener para los usuarios del servicio en la región de la Costa Caribe. En particular, se ha cuestionado el origen de los recursos que utilizará la Superintendencia para asegurar la continuidad del servicio y el costo mensual necesario para mantenerlo dentro del área de cobertura de Air-e.
El ente de control ha solicitado información sobre el saldo pendiente por cobrar relacionado con la Opción Tarifaria, y sobre los indicadores de pérdidas, recaudo y calidad del servicio (SAIDI y SAIFI) energético en la Costa Caribe. Asimismo, ha pedido información sobre los subsidios generados y aún no desembolsados a la empresa hasta agosto de 2024.
En el documento, el Ministerio Público subraya que no pretende intervenir en la administración de la empresa, sino que actúa como un ente articulador, haciendo recomendaciones y promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente, para que los responsables tomen las medidas necesarias y mitiguen posibles afectaciones en la prestación del servicio público en la región.
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