Procuraduría solicita investigar al exministro Juan Carlos Pinzón

Por decisión de la Procuraduría, en el marco de una investigación en contra de 26 militares por unas posibles ejecuciones extrajudiciales, el Ministerio Público compulsó copias para que el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sea investigado por omisión. Tiene que ver con la declaración de uno de los testigos que evidenciaron los hechos violentos en los que murieron seis campesinos en la vereda Mata Grande, en Vichada, como consecuencia de un operativo del Batallón de Infantería Motorizado 43 Efraín Rojas Acevedo en 2006. 

Según señala el documento de la Procuraduría, Daniel Hernández García, informante del Ejército para el operativo en mención, le comunicó al entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que en efecto los cinco hombres y la mujer que fallecieron durante supuestos enfrentamientos con el Ejército el 22 de diciembre de dicho año, habían sido ejecutados a sangre fría. 

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El testigo Hernández García le contó al alto exfuncionario que para la fecha de los hechos sí se realzó una operación militar ordenada por el coronel Isandro Polanía Delgadillo y el capitán Jimmy Julián Sandoval -hoy investigados por la Procuraduría-. En su testimonio ante el exministro señaló que ese día se capturaron a seis personas y las tuvieron retenidas y amarradas durante cuatro horas, después de exigirles que entregaran un supuesto armamento que nunca existió. Según el testigo, el coronel Polanía le dijo al capitán Sandoval que los asesinara inmediatamente.

“Señor ministro, a esas personas las asesinaron amarrados, los torturaron y luego les dieron ráfagas de fusil en la cabeza.  A esas personas las asesinaron, las llevaron al Batallón de Vichada de Cumaribo y el coronel Polanía dio la orden de que se les enterrara en el cementerio de ese pueblo y abrieran seis huecos y los enterraran dos por hueco, y así fue”, señaló el informante en marzo de 2014, cuando Pinzón fungía como ministro de Defensa del presidente Juan Manuel Santos. 

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Pinzón, al parecer, no hizo nada con la información que recibió. Por eso, la Procuraduría pidió a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema que se iniciara una investigación contra el exministro de Defensa, por su presunta omisión frente las declaraciones de Daniel Hernández García, quien alegaba que por la información que tenía de esos hechos también estaría siendo amenazado. 

La investigación contra los 26 militares

En el mismo documento la Procuraduría pudo comprobar que los hombres, hoy judicializados, en efecto se encontraban en la zona para la fecha de los hechos. Según el informe, para el 20 de diciembre de 2006 se realizó una misión en la que se buscaba hacer registro y control militar de la zona en el Vichada y, como lo señaló uno de los militares en sus declaraciones ante la justicia, para el 22 de diciembre, hacia las dos y media de la mañana, ya se encontraban en el territorio.

Frente a las acusaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría los uniformados manifestaron que los hechos “se desarrollaron en el marco de una misión lícita, bajo el cumplimiento estricto de una orden de operación legal, pues en teoría respondieron legítimamente a un ataque derivado de un grupo al margen de la ley”.

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Aunque todos los militares coincidieron en la misma versión, que argumentaba que los hechos en los que habrían muerto seis civiles se habrían realizado bajo órdenes castrenses, la Procuraduría tuvo en cuenta la declaración de algunos uniformados ante la Fiscalía 59 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional, en donde manifestaron que toda la operación había sido por instrucciones precisas del comandante Jimmy Julián Sandoval Cortés, quien también se encuentra dentro de los 26 militares investigados.

El Ministerio Público señaló en su documento que “queda claro para este Despacho, que la mal llamada Misión Táctica, fue un procedimiento alejado de las funciones que le corresponden al Ejército Nacional, se trató de una simulación fraguada por el comandante del Batallón (…) de forma consciente y deliberada, cuyo resultado no fue otro que la muerte de los señores Roldán Lozano, Villareal Guzmán y cuatro personas más”.

Para la Procuraduría los 26 integrantes del Ejército, en desarrollo de la “Misión Táctica Defensa”, habrían incurrido en graves violaciones al derecho Internacional Humanitario (DIH) al haberle causado la muerte a los seis campesinos del Vichada.

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Por decisión de la Procuraduría, en el marco de una investigación en contra de 26 militares por unas posibles ejecuciones extrajudiciales, el Ministerio Público compulsó copias para que el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sea investigado por omisión. Tiene que ver con la declaración de uno de los testigos que evidenciaron los hechos violentos en los que murieron seis campesinos en la vereda Mata Grande, en Vichada, como consecuencia de un operativo del Batallón de Infantería Motorizado 43 Efraín Rojas Acevedo en 2006. 

Según señala el documento de la Procuraduría, Daniel Hernández García, informante del Ejército para el operativo en mención, le comunicó al entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que en efecto los cinco hombres y la mujer que fallecieron durante supuestos enfrentamientos con el Ejército el 22 de diciembre de dicho año, habían sido ejecutados a sangre fría. 

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El testigo Hernández García le contó al alto exfuncionario que para la fecha de los hechos sí se realzó una operación militar ordenada por el coronel Isandro Polanía Delgadillo y el capitán Jimmy Julián Sandoval -hoy investigados por la Procuraduría-. En su testimonio ante el exministro señaló que ese día se capturaron a seis personas y las tuvieron retenidas y amarradas durante cuatro horas, después de exigirles que entregaran un supuesto armamento que nunca existió. Según el testigo, el coronel Polanía le dijo al capitán Sandoval que los asesinara inmediatamente.

“Señor ministro, a esas personas las asesinaron amarrados, los torturaron y luego les dieron ráfagas de fusil en la cabeza.  A esas personas las asesinaron, las llevaron al Batallón de Vichada de Cumaribo y el coronel Polanía dio la orden de que se les enterrara en el cementerio de ese pueblo y abrieran seis huecos y los enterraran dos por hueco, y así fue”, señaló el informante en marzo de 2014, cuando Pinzón fungía como ministro de Defensa del presidente Juan Manuel Santos. 

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Pinzón, al parecer, no hizo nada con la información que recibió. Por eso, la Procuraduría pidió a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema que se iniciara una investigación contra el exministro de Defensa, por su presunta omisión frente las declaraciones de Daniel Hernández García, quien alegaba que por la información que tenía de esos hechos también estaría siendo amenazado. 

La investigación contra los 26 militares

En el mismo documento la Procuraduría pudo comprobar que los hombres, hoy judicializados, en efecto se encontraban en la zona para la fecha de los hechos. Según el informe, para el 20 de diciembre de 2006 se realizó una misión en la que se buscaba hacer registro y control militar de la zona en el Vichada y, como lo señaló uno de los militares en sus declaraciones ante la justicia, para el 22 de diciembre, hacia las dos y media de la mañana, ya se encontraban en el territorio.

Frente a las acusaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría los uniformados manifestaron que los hechos “se desarrollaron en el marco de una misión lícita, bajo el cumplimiento estricto de una orden de operación legal, pues en teoría respondieron legítimamente a un ataque derivado de un grupo al margen de la ley”.

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Aunque todos los militares coincidieron en la misma versión, que argumentaba que los hechos en los que habrían muerto seis civiles se habrían realizado bajo órdenes castrenses, la Procuraduría tuvo en cuenta la declaración de algunos uniformados ante la Fiscalía 59 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional, en donde manifestaron que toda la operación había sido por instrucciones precisas del comandante Jimmy Julián Sandoval Cortés, quien también se encuentra dentro de los 26 militares investigados.

El Ministerio Público señaló en su documento que “queda claro para este Despacho, que la mal llamada Misión Táctica, fue un procedimiento alejado de las funciones que le corresponden al Ejército Nacional, se trató de una simulación fraguada por el comandante del Batallón (…) de forma consciente y deliberada, cuyo resultado no fue otro que la muerte de los señores Roldán Lozano, Villareal Guzmán y cuatro personas más”.

Para la Procuraduría los 26 integrantes del Ejército, en desarrollo de la “Misión Táctica Defensa”, habrían incurrido en graves violaciones al derecho Internacional Humanitario (DIH) al haberle causado la muerte a los seis campesinos del Vichada.

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