Procuraduría solicitará postergar por dos meses exhibición de 'Operación E'

La procuradora delegada para la infancia, familia y adolescencia, Ilva Myriam Hoyos informó que en un concepto enviado a la juez primera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá le solicitó que se tomen todas las medidas para proteger los derechos fundamentales del menor de edad cuya vida fue la base de la producción colomboespañola ‘Operación E’.

En una rueda de prensa, Hoyos manifestó que en este proceso se recogieron una serie de testimonios que indicaron que no se le dio la autorización a la productora para que utilizará los nombres reales para que fueran registrados en el guión de la cinta que se ha transmitido en varios países de Europa durante sus festivales de cine.

“Se violaron los derechos fundamentales del niño al usar los datos que permiten su identificación”, precisó la procuradora Hoyos al considerar que en este menor de edad caso se debe tener en cuenta el hecho de que el menor de edad fue víctima del conflicto armado por lo que fue sometido a acciones contrarias a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Igualmente consideró que con esta acción la productora de la película incurrió en una irregularidad gravísima puesto que no se le pidió autorización a las personas involucradas en esta historia de la vida real.

En su explicación, la representante del Ministerio Público explicó que un veto a la cinta sería innecesario puesto que en la Internet ya se está exhibiendo y vendiendo, por lo que no sería la medida más efectiva para proteger la imagen del menor “protagonista” y de los otros niños que tienen un papel secundario y cuyos nombres reales fueron utilizados.

“El Ministerio Público solicitó que la exhibición de esta película sea postergada por un término máximo de dos meses (contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia de la tutela) para que durante ese lapso las partes suscriban un acuerdo donde se determinen las medidas dirigidas a proteger los derechos del menor de edad y a determinar la valoración económica a título de compensación por un daño presente y futuro de los derechos vulnerados y amenazados”, precisó.

La procuradora delegada para infancia y familia señaló además que se debe respetar por la dignidad humana y “en especial protección constitucional de que son objeto los niños y las niñas”, por lo que los órganos estatales deben velar por la protección de los derechos fundamentales del menor a la dignidad, imagen, identidad, intimidad, libre personalidad y salud.

“(La Procuraduría) le formuló al juez constitucional la petición de exhortar a las productoras para que, como medida restaurativa, emitan un comunicado que sea difundido ampliamente por los medios de comunicación, en el que de manera expresa manifiesten que el rodaje, la distribución, la promoción y exhibición de la película ‘Operación E’ nunca tuvo como finalidad afectar ni amenazar los derechos del menor de edad”, indicó. 

En la compleja decisión, la Procuraduría General que la Constitución protege el derecho a la emisión de la cinta puesto que esta va de la mano con la libertad de expresión y de opinión, hecho por el cual una prohibición iría en contra de lo establecido en la carta magna.

“La Procuraduría solicitó al juez constitucional armonizar los derechos prevalentes del niño y el derecho de protección reforzada de libertad de expresión y conceptuó que no puede prohibirse la exhibición de la película ‘Operación E’ en Colombia, porque además de ser ineficaz e ineficiente, sería una medida inconstitucional.

En el caso de la indemnización, la Procuraduría presentó un concepto con el fin de que sea un trabajo conjunto entre las productoras y la accionante con el fin de evaluar en que medida pueden calcularse los daños presentes y futuros.

En este sentido señaló que con el rodaje y presentación de la película “el daño ya está hecho” puesto que en la cinta se revelaron nombres, rasgos y características por lo que “ya ha sido expuesto por todos los medios”.

La procuradora delegada para la infancia, familia y adolescencia, Ilva Myriam Hoyos informó que en un concepto enviado a la juez primera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá le solicitó que se tomen todas las medidas para proteger los derechos fundamentales del menor de edad cuya vida fue la base de la producción colomboespañola ‘Operación E’.

En una rueda de prensa, Hoyos manifestó que en este proceso se recogieron una serie de testimonios que indicaron que no se le dio la autorización a la productora para que utilizará los nombres reales para que fueran registrados en el guión de la cinta que se ha transmitido en varios países de Europa durante sus festivales de cine.

“Se violaron los derechos fundamentales del niño al usar los datos que permiten su identificación”, precisó la procuradora Hoyos al considerar que en este menor de edad caso se debe tener en cuenta el hecho de que el menor de edad fue víctima del conflicto armado por lo que fue sometido a acciones contrarias a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Igualmente consideró que con esta acción la productora de la película incurrió en una irregularidad gravísima puesto que no se le pidió autorización a las personas involucradas en esta historia de la vida real.

En su explicación, la representante del Ministerio Público explicó que un veto a la cinta sería innecesario puesto que en la Internet ya se está exhibiendo y vendiendo, por lo que no sería la medida más efectiva para proteger la imagen del menor “protagonista” y de los otros niños que tienen un papel secundario y cuyos nombres reales fueron utilizados.

“El Ministerio Público solicitó que la exhibición de esta película sea postergada por un término máximo de dos meses (contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia de la tutela) para que durante ese lapso las partes suscriban un acuerdo donde se determinen las medidas dirigidas a proteger los derechos del menor de edad y a determinar la valoración económica a título de compensación por un daño presente y futuro de los derechos vulnerados y amenazados”, precisó.

La procuradora delegada para infancia y familia señaló además que se debe respetar por la dignidad humana y “en especial protección constitucional de que son objeto los niños y las niñas”, por lo que los órganos estatales deben velar por la protección de los derechos fundamentales del menor a la dignidad, imagen, identidad, intimidad, libre personalidad y salud.

“(La Procuraduría) le formuló al juez constitucional la petición de exhortar a las productoras para que, como medida restaurativa, emitan un comunicado que sea difundido ampliamente por los medios de comunicación, en el que de manera expresa manifiesten que el rodaje, la distribución, la promoción y exhibición de la película ‘Operación E’ nunca tuvo como finalidad afectar ni amenazar los derechos del menor de edad”, indicó. 

En la compleja decisión, la Procuraduría General que la Constitución protege el derecho a la emisión de la cinta puesto que esta va de la mano con la libertad de expresión y de opinión, hecho por el cual una prohibición iría en contra de lo establecido en la carta magna.

“La Procuraduría solicitó al juez constitucional armonizar los derechos prevalentes del niño y el derecho de protección reforzada de libertad de expresión y conceptuó que no puede prohibirse la exhibición de la película ‘Operación E’ en Colombia, porque además de ser ineficaz e ineficiente, sería una medida inconstitucional.

En el caso de la indemnización, la Procuraduría presentó un concepto con el fin de que sea un trabajo conjunto entre las productoras y la accionante con el fin de evaluar en que medida pueden calcularse los daños presentes y futuros.

En este sentido señaló que con el rodaje y presentación de la película “el daño ya está hecho” puesto que en la cinta se revelaron nombres, rasgos y características por lo que “ya ha sido expuesto por todos los medios”.