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La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptar medidas cautelares “urgentes”, en el marco de una acción popular que fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que busca proteger al parecer, los derechos colectivos de los ciudadanos en relación con la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la Procuraduría argumentó que es importante se adopten estas medidas por el posible riesgo de desabastecimiento de petróleo y gas que podría enfrentar el país en meses futuros, lo que generaría una crisis energética que afectaría a todos los ciudadanos del país.
Asimismo, el Ministerio Público indicó que desde el Gobierno Nacional debe realizar acciones de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de energía y gas, debido a: “los proyectos de generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables no convencionales no han tenido la celeridad necesaria y requerida para entrar en operación”.
Según el documento presentado por la Fundación para el Estado de Derecho, las medidas cautelares solicitadas serían un plan que permitiría la continuidad del suministro de energía y gas, además, la formulación de un inventario de proyectos de gas natural, informes y estudios del plan de abastecimiento de gas y alternativas de importación entre otros temas que le convendrían a Colombia para enfrentar una posible crisis energética más fuerte.
La Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de la Procuraduría expresó que ante un posible aumento en los niveles actuales de importación de gas se hace necesaria la invitación al Gobierno Nacional para que defina las alternativas proyectadas para aumentar los volúmenes y asegurar la disponibilidad de dicho energético.
Desde la etapa procesal aún no se podría determinar si ha sido acertada o no la decisión del gobierno de suspender o prohibir la suscripción de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, por cuanto es un aspecto que debe ser objeto del debate probatorio”
Procuraduría
Sin embargo, el Ministerio Publico sugirió que adoptar un plan de trabajo coordinado con el sector energético del Gobierno Nacional, para estimular y facilitar la garantía efectiva del acceso al servicio de energía eléctrica y gas en el territorio nacional podría se buena opción para seguir implementando políticas de transición energética que priorizaría los proyectos de generación a través de fuentes renovables no convencionales.
Frente a la solicitud de medida cautelar solicitada en contra del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ecopetrol y Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la Procuraduría reiteró que su único objetivo es el de “garantizar que el Gobierno Nacional tome acciones inmediatas para evitar posibles problemas en el suministro de hidrocarburos y asegurar la continuidad de estos servicios esenciales”.
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