Procuraduría solicitó políticas públicas para frenar la deforestación en el país
El Ministerio Público solicitó varias autoridades trabajar en estrategias que permitan proteger un ecosistema estratégico como la Amazonia.
Redacción Judicial con información de EFE
La Procuraduría pidió al Gobierno que adopte "medidas urgentes" y cree una política pública para enfrentar la deforestación en el país ante las "graves problemáticas ambientales", especialmente en la región de la Amazonía.
El Ministerio Público hizo la solicitud durante una reunión con delegados de los ministerios de Defensa, Ambiente, Vivienda, Agricultura, Hacienda y Minas y Energía, así como del Departamento Nacional de Planeación.
"Para el Ministerio Público es imperioso trabajar en estrategias que permitan proteger un ecosistema estratégico como la Amazonía, que está siendo amenazado por los efectos del cambio climático, desarrollo no sustentable y ampliación de la frontera agrícola", afirmó la entidad en un comunicado.
(Lea:La Procuraduría pidió frenar el pozo estrella de Ecopetrol)
Señaló además que la ganadería extensiva, minería, tráfico ilegal de drogas y de especies de fauna y flora silvestre ponen en riesgo esa región del país, considerada como el pulmón del mundo.
Por esto, la oficina de la delegada para Asuntos Ambientales de la Procuraduría publicó el análisis "50 acciones por la Amazonía colombiana", en el que resalta la importancia de tomar medidas frente a la deforestación.
En uno de los capítulos la entidad advierte que en materia de cambio climático es necesario "implementar estrategias" de adaptación y disminuir actividades que "puedan aumentar la vulnerabilidad de la Amazonía" como el cambio de uso de la tierra.
(Lea:Corporaciones Autónomas Regionales deberán rendir cuentas ante la Procuraduría)
"Frente a la extracción ilegal de recursos, la Procuraduría advirtió que el uso del mercurio, como parte del ejercicio ilegal de la actividad minera, es el elemento más nocivo para las fuentes hídricas, que recae directamente sobre la población campesina e indígena, poniendo en riesgo derechos constitucionales a la salud, a gozar de un medioambiente sano y a la seguridad alimentaria", agregó.
La entidad afirmó que el uso de ese elemento ha afectado los ríos de Guaviare, Guainía, Vaupés, Apaporis, Tararira, Caquetá, Putumayo y Caguán, entre otros.
La Procuraduría pidió al Gobierno que adopte "medidas urgentes" y cree una política pública para enfrentar la deforestación en el país ante las "graves problemáticas ambientales", especialmente en la región de la Amazonía.
El Ministerio Público hizo la solicitud durante una reunión con delegados de los ministerios de Defensa, Ambiente, Vivienda, Agricultura, Hacienda y Minas y Energía, así como del Departamento Nacional de Planeación.
"Para el Ministerio Público es imperioso trabajar en estrategias que permitan proteger un ecosistema estratégico como la Amazonía, que está siendo amenazado por los efectos del cambio climático, desarrollo no sustentable y ampliación de la frontera agrícola", afirmó la entidad en un comunicado.
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Señaló además que la ganadería extensiva, minería, tráfico ilegal de drogas y de especies de fauna y flora silvestre ponen en riesgo esa región del país, considerada como el pulmón del mundo.
Por esto, la oficina de la delegada para Asuntos Ambientales de la Procuraduría publicó el análisis "50 acciones por la Amazonía colombiana", en el que resalta la importancia de tomar medidas frente a la deforestación.
En uno de los capítulos la entidad advierte que en materia de cambio climático es necesario "implementar estrategias" de adaptación y disminuir actividades que "puedan aumentar la vulnerabilidad de la Amazonía" como el cambio de uso de la tierra.
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"Frente a la extracción ilegal de recursos, la Procuraduría advirtió que el uso del mercurio, como parte del ejercicio ilegal de la actividad minera, es el elemento más nocivo para las fuentes hídricas, que recae directamente sobre la población campesina e indígena, poniendo en riesgo derechos constitucionales a la salud, a gozar de un medioambiente sano y a la seguridad alimentaria", agregó.
La entidad afirmó que el uso de ese elemento ha afectado los ríos de Guaviare, Guainía, Vaupés, Apaporis, Tararira, Caquetá, Putumayo y Caguán, entre otros.