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Procuraduría suspende a exalcalde de Sincelejo por problemas en plan de salud publica

Por desatender sus deberes como funcionario fue suspendido el exalcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa. Habría omitido la contratación de una institución pública o privada para atender el plan de salud del municipio.

14 de diciembre de 2023 - 02:13 a. m.
La entidad del Ministerio Público tiene actualmente más de 12.000 procesos.
La entidad del Ministerio Público tiene actualmente más de 12.000 procesos.
Foto: Archivo

La Procuraduría General de la Nación, en un fallo de primera instancia, suspendió por nueve meses al exmandatario de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa, quien se desempeñó como alcalde del municipio en el periodo 2016-2019. El ministerio público consideró que desatendió sus deberes como funcionario en el desarrollo de un plan para la prestación de servicios para el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC).

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En la investigación que desarrolló el ente de control encontró que el exfuncionario omitió contratar el PIC con una institución pública o privada del área de la salud y, por el contrario, realizo varios contrato a personas naturales bajo el modelo de prestación de servicios. Según explicaron esta decisión, se habría tomado sin justificación los contratos a enfermeros, biólogos, zootecnistas y administradores, los cuales tendrían un valor de $ 265′935.500 de pesos.

Su comportamiento habría desacatado la Resolución 518 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, que indica que este tipo de contratos se deben ejecutar de manera prioritaria con Empresas Sociales del Estado, que cuenten con capacidad técnica y operativa, según la Procuraduría. Además, precisaron que su comportamiento generó desfinanciamiento y afectación de los planes de salud del municipio.

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El ente de control “calificó la falta como grave a título de culpa gravísima, por la violación de reglas de obligatorio cumplimiento”. Debido a que el exfuncionario no se encuentra desempeñando un cargo público, su sanción se convertiría una multa económica que aún está por definirse.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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