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Una herramienta de inteligencia artificial llegó a la Corte Constitucional para mejorar la productividad en la selección de tutelas que hace la sala de revisión que, al día, puede recibir hasta 2.700 solicitudes. El programa se llama Prometea y, según sus creadores, lee automáticamente sentencias y documentos y selecciona los casos prioritarios para su estudio en pocos minutos.
Luego de firmar un memorando de entendimiento en noviembre de 2018, se establecieron los criterios para la aplicación de este sistema en la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. El memorando fue suscrito por Alejandro Linares, presidente del alto tribunal; Juan Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires; Juan Carlos Forero; decano de la Universidad del Rosario; y Grenfieth de Jesús Sierra, director del grupo de Investigación de Derecho Público de la Universidad del Rosario.
El sistema de inteligencia artificial integra la detección inteligente –lee y sugiere casos de forma urgente y prioritaria–, también asistencia inteligente para la elaboración de informes, automatización de documentos y la sistematización avanzada de jurisprudencia. “Además, introduce elementos de transparencia para que los ciudadanos vigilen la gestión de la Corte Constitucional y, también, para que los ciudadanos sepan cuál es el estado actual de sus solicitudes de selección de tutelas”, explicó Alejandro Linares.
Los criterios que utiliza Prometea para la elección de las tutelas son aquellos que el alto tribunal ha establecido en sentencias anteriores y los establecidos por la Constitución Política. También tiene en cuenta la Ley 1751 de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud, y la Ley 1384 de 2010, que establece las acciones para la atención integral del cáncer en el país.
Para lograr esto, el sistema de inteligencia detecto 32 causas que identifica las situaciones de vulnerabilidad del solicitante de la tutela y que ameritan un tratamiento urgente por parte de la Corte Constitucional.
“(Los usuarios) pueden acceder a la información que es pública, a los datos abiertos. Obviamente hay que tener muy en cuenta los derechos a la intimidad y a la privacidad de las personas que formulan acciones de tutela. Queremos brindar el mayor acceso a la justicia, pero protegiendo los derechos a la intimidad”, dijo Linares.