Propuestas para la renegociación

Los firmantes de la misiva explicaron que, a pesar de las diferencias en la votación del plebiscito, apoyan la idea de que se necesita una salida negociada con las Farc y que, para lograrlo, se debe hacer una renegociación, pero basada en el Acuerdo Final. 

Son cinco los principios orientadores que deben ser respetados por el Gobierno, las Farc y los voceros del No: la centralidad de las víctimas y sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; el enfoque territorial; el fortalecimiento del Estado de Derecho; la reforma rural integral y la participación ciudadana. “Todos estos elementos se encuentran garantizados en la Constitución de 1991 y, por ello, deben ser promovidos en la etapa de renegociación e implementación”, dice la carta firmada por la Comisión Colombiana de Justicia, la Corporación Excelencia por la Justicia, la Fundación Ideas para la Paz y Dejusticia, entre otros.

Para garantizar que esos principios no sean vulnerados, algunas de las propuestas están en que, durante el diálogo de renegociación, se incluyan voces de todos los sectores del país y que se adelanten en medidas urgentes como la ley de amnistía para guerrilleros que hayan cometido delitos. “La Jurisdicción Especial para la Paz debe ser preservada como instancia judicial autónoma, independiente y de cierre, que administre justicia frente a todos los crímenes internacionales cometidos con ocasión del conflicto armado”. Esta es otra de las propuestas que, además, firmaron la Misión de Observación Electoral y el Departamento de Derecho Constitucional, de la Universidad Externado.

Otra de las propuestas para destacar, es que los expertos dicen que se deberían fijar las condiciones para el cumplimiento de las restricciones de la libertad, que no quedaron claras en el Acuerdo Final, como cuál es el tamaño de las zonas rurales de transición y quién las administra. Además, en la carta explican que, para mediar entre quienes consideran que los excombatientes no pueden dejar las armas y entrar de inmediato a la vida política, la solución podría ser que esa transición fuera progresiva para verificar el cumplimiento efectivo de las sanciones correspondientes.

Sobre el tema de la solución del problema de drogas ilícitas, los firmantes dicen que sería importante precisar de manera explícita el compromiso de las Farc de esclarecimiento de la verdad y no repetición y que, lo que tiene que ver con la amnistía por delitos de narcotráfico, el Acuerdo debería ser más explícito en el momento de decir que ese tratamiento penal especial sólo puede existir si el dinero de ese delito no se utilizó para el provecho personal. “En términos generales, el Acuerdo debería explicitar el compromiso de las Farc de poner a disposición de la sociedad colombiana todos los bienes derivados de la denominada ‘economía de guerra’, en especial, para que estos contribuyan a la reparación de las víctimas”, dice la carta.

En la lista de los autores de las sugerencias también están el Instituto de Ciencia Política; Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional; Camila de Gamboa, miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflicto, de la Universidad del Rosario; Camilo Borrero García, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional; Carlos Medina Gallego, director del Departamento de Ciencia Política, de la Universidad Nacional; Iván Orozco, profesor de la Universidad de los Andes; y René Ureña, del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (Cijus), de la Universidad de Los Andes.

Los firmantes de la misiva explicaron que, a pesar de las diferencias en la votación del plebiscito, apoyan la idea de que se necesita una salida negociada con las Farc y que, para lograrlo, se debe hacer una renegociación, pero basada en el Acuerdo Final. 

Son cinco los principios orientadores que deben ser respetados por el Gobierno, las Farc y los voceros del No: la centralidad de las víctimas y sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; el enfoque territorial; el fortalecimiento del Estado de Derecho; la reforma rural integral y la participación ciudadana. “Todos estos elementos se encuentran garantizados en la Constitución de 1991 y, por ello, deben ser promovidos en la etapa de renegociación e implementación”, dice la carta firmada por la Comisión Colombiana de Justicia, la Corporación Excelencia por la Justicia, la Fundación Ideas para la Paz y Dejusticia, entre otros.

Para garantizar que esos principios no sean vulnerados, algunas de las propuestas están en que, durante el diálogo de renegociación, se incluyan voces de todos los sectores del país y que se adelanten en medidas urgentes como la ley de amnistía para guerrilleros que hayan cometido delitos. “La Jurisdicción Especial para la Paz debe ser preservada como instancia judicial autónoma, independiente y de cierre, que administre justicia frente a todos los crímenes internacionales cometidos con ocasión del conflicto armado”. Esta es otra de las propuestas que, además, firmaron la Misión de Observación Electoral y el Departamento de Derecho Constitucional, de la Universidad Externado.

Otra de las propuestas para destacar, es que los expertos dicen que se deberían fijar las condiciones para el cumplimiento de las restricciones de la libertad, que no quedaron claras en el Acuerdo Final, como cuál es el tamaño de las zonas rurales de transición y quién las administra. Además, en la carta explican que, para mediar entre quienes consideran que los excombatientes no pueden dejar las armas y entrar de inmediato a la vida política, la solución podría ser que esa transición fuera progresiva para verificar el cumplimiento efectivo de las sanciones correspondientes.

Sobre el tema de la solución del problema de drogas ilícitas, los firmantes dicen que sería importante precisar de manera explícita el compromiso de las Farc de esclarecimiento de la verdad y no repetición y que, lo que tiene que ver con la amnistía por delitos de narcotráfico, el Acuerdo debería ser más explícito en el momento de decir que ese tratamiento penal especial sólo puede existir si el dinero de ese delito no se utilizó para el provecho personal. “En términos generales, el Acuerdo debería explicitar el compromiso de las Farc de poner a disposición de la sociedad colombiana todos los bienes derivados de la denominada ‘economía de guerra’, en especial, para que estos contribuyan a la reparación de las víctimas”, dice la carta.

En la lista de los autores de las sugerencias también están el Instituto de Ciencia Política; Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional; Camila de Gamboa, miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflicto, de la Universidad del Rosario; Camilo Borrero García, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional; Carlos Medina Gallego, director del Departamento de Ciencia Política, de la Universidad Nacional; Iván Orozco, profesor de la Universidad de los Andes; y René Ureña, del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (Cijus), de la Universidad de Los Andes.