“Marco Antonio Velilla Moreno, con sus decisiones, ha procurado la impunidad de los llamados ‘falsos positivos’”. Esa fue la denuncia difundida por organismos de Derechos Humanos sobre el candidato a Fiscal General y consejero de Estado, luego de detectar que él, al igual que los magistrados María Claudia Rojas y Rafael Ostau de Lafont (hasta ayer presidente de la corporación), aprobó la determinación de suspender provisionalmente el acto administrativo que suscribieron el Ministerio de Defensa y la Fiscalía en 2006, llamado “Apoyo a la Justicia Penal Militar”.
Con el mencionado documento se pactó que el CTI llevara a cabo las inspecciones en los lugares donde las Fuerzas Militares reportaran muertes en combate. En el marco de los casos de ejecuciones extrajudiciales, esto quería decir que los uniformados no podían asumir el levantamiento de los cuerpos. En su momento, el Ministerio explicó que esta medida garantizaba “una adecuada judicialización de las organizaciones armadas ilegales” y que era “imprescindible en las investigaciones por presuntas violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH”.
Las organizaciones de Derechos Humanos trajeron a colación la sentencia C-1184 de la Corte Constitucional, que además está en sintonía con diversa jurisprudencia internacional, en la que se anotó que el fuero penal militar es una condición excepcional y restrictiva a la competencia de la justicia ordinaria, pero que en ningún caso aplica para graves delitos, como lo es el homicidio de civiles. Recordaron que tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han precisado que la Justicia Penal Militar no puede conocer de casos de violación a los Derechos Humanos o que constituyan crímenes de lesa humanidad.
Éste, sin duda, será otro escenario que la Corte Suprema entrará a analizar el jueves, cuando la Sala Plena se vuelva a reunir para votar por los candidatos de la terna a Fiscal General: Marco Antonio Velilla, Camilo Ospina y Margarita Cabello. Desde que Ospina, ex ministro de Defensa, fue postulado a este alto cargo, fuentes cercanas a la Corte expresaron que al tribunal le preocupaba inmensamente las graves denuncias que se presentaron sobre casos de ‘falsos positivos’ mientras encabezó la cartera de Defensa, cuando, además, expidió la polémica resolución ministerial que estimulaba las recompensas a quienes colaboraran con información de personas capturadas o dadas de baja.
En este punto, las cábalas sobre la elección del sucesor de Mario Iguarán son complejas de deducir. A pesar de la aparente impopularidad de Ospina, en la pasada ronda de votaciones, a éste y a la procuradora Margarita Blanco les fue mejor que a Velilla Moreno. Mañana, la Sala Plena se pronunciará nuevamente al respecto. Al parecer, lo único cierto es que el nombre del candidato elegido permanecerá en la incertidumbre un poco más, pues fuentes cercanas a la Corte dudan de que este jueves la Sala Plena haga la selección final. Más rápido se conocerá el nombre del presidente de la corporación, que temporalmente será el magistrado Jaime Arrubla, tras la renuncia de Augusto Ibáñez.
Por Redacción Judicial
