
El gobierno de Gustavo Petro, a través de sus Ministerios del Interior y de Justicia, radicaron en el Congreso el proyecto de ley con el cual los grupos criminales y de narcotráfico tendrían un mecanismo para someterse a la justicia a cambio de beneficios judiciales. No tendrán espacio organizaciones de origen político, además, se pagará como máximo ocho años de cárcel y los criminales podrán conservar hasta un 6% de su fortuna, entre otras ofertas. Sin embargo, la Procuraduría y la Fiscalía mostraron su incomodidad públicamente. El...
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