"Proyecto patrulleros": la fórmula contra los conductores ebrios

El fuerte debate que suscitó en los últimos años el caso Colmenares, más allá del despliegue mediático y judicial que se le ha dado, cala en el mismo punto que ocupa las agendas informativas por estos días: la mezcla de alcohol y gasolina de la que, de manera irresponsable, varios actores sociales e incluso políticos han sido protagonistas y que en su momento, congresistas recibieron fuertes críticas al tumbar en dos ocasiones el proyecto de ley que buscaba castigar con cárcel a los conductores borrachos.

Las víctimas y victimarios, aquellos que por lo menos han tenido eco en los medios de comunicación en los últimos meses, van desde el conductor de un taxi que perdió la movilidad de sus piernas tras ser impactado por el carro que conducía Fabio Salamanca con tres grados de alcohol en su cuerpo, hasta el más reciente protagonizado por el concejal Carlos Martínez que, el domingo, se negó a detenerse en un retén de la Policía y después de varios intentos de los oficiales, el funcionario se dio a la fuga por las calles de la capital, provocando que los miembros de la fuerza pública dispararan a las llantas del carro. La persecución terminó en la escuela militar José María Córdova.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó en sus estudios que cerca de 70 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de lesión en accidentes de tránsito y mueren 1,2 millones. De esta cantidad, al menos la tercera parte de las víctimas muere por culpa de conductores borrachos, calificándolo como un problema de salud pública. Según cifras no oficiales, en Colombia se reportan al menos 2.000 accidentes relacionados con conducción y alcohol, además de ser la tercera causa de muerte en el país. Y a pesar de las campañas de prevención y advertencias que han realizado las autoridades al respecto, las cifras continúan en incremento.

Pero más allá de las cifras, de las víctimas, de los que han sido judicializados y de los que no, la pregunta que surge es ¿qué está haciendo el Gobierno Nacional o las entidades privadas y públicas que se benefician del mercado del alcohol? ¿están desarrollando políticas públicas o campañas para que terminen o por lo menos se reduzcan los índices de accidentalidad y muertes en el país?

Gustavo Díaz Marín, empresario y líder en temas relacionados con las prácticas de consumo de licor en el país y creador de la marca R con R -Rumba Responsable-, dice que “si logramos que se vinculen los establecimientos generadores de rumba y vendedores de licor en estas prácticas de Rumba Responsable, estamos seguros que se disminuirá de manera importante el consumo nocivo de alcohol en Colombia y con este, el mayor disfrute de las noches y sus ciudades”.

El empresario convocó a los sectores público y privado del país para debatir el tema y plantear soluciones reales que promuevan las prácticas responsables de consumo del alcohol, durante el Primer Conversatorio Nacional público privado, “Conducción y alcohol”. Con esta iniciativa que tuvo como sede a Cali, se plantearon propuestas y soluciones vistas a partir de la mirada y experiencia de otras ciudades del mundo como Nueva York y Washington.

Jhon Sullivan, representante del Centro Internacional en Materia de Políticas para el Alcohol (ICAP, por sus siglas en inglés), institución que opera en 29 países y ha dedicado sus esfuerzos al desarrollo de acciones globales que acaben el consumo nocivo de alcohol, le contó a El Espectador sobre la experiencia que han tenido en Nueva York desarrollando campañas orientadas a la formación de los agentes de tránsito y movilidad. Según Sullivan, desde hace 30 años vienen implementando el Proyecto Patrulleros que en esa ciudad ha reducido el 60% de la cifra de mortalidad por accidentes bajo el efecto del alcohol y que busca capacitar a guardas de tránsito, inspectores, supervisores y oficiales de la Policía en las últimas regulaciones de tránsito en Colombia y en aquellos signos de alarma que puedan contribuir a detectar a tiempo conductores en estado de embriaguez, pues asegura el representante, son ellos con quienes primero tiene contacto un conductor ebrio.

Junto con otro agente experto de Orlando (EE.UU.) el ICAP presentó su experiencia y entregaron una estructura en la que evidencian la forma de ejercer control donde lo primordial es el esquema de seguridad que acompaña al patrullero. “Es algo peligroso poner a un patrullero en la calle a hacer un control de alcoholemia, por eso empezamos con un método de seguridad y hacemos un inventario de equipos como conos, señales, chalecos reflectivos…”. El experto agregó que tienen planes para trabajar con pocos patrulleros, “podemos hacer un escuadrón con 11 agentes o grupos en diferentes ciudades para aumentar la cobertura”.

El ICAP, ha firmado convenios y acuerdos con diferentes ciudades y municipios del país como Chía, Bogotá, Quibdó y algunas zonas del Valle del Cauca como Cali, Jamundí, Candelaria, Yumbo y Palmira. La idea del proyecto es que tanto funcionarios como agentes controladores de la movilidad, optimicen sus conocimientos en temas de alcohol y conducción para mejorar los operativos de control y prevención. Según el experto, ese es apenas el primer paso de una serie de fases que tiene el proyecto, el cual especializaría a un grupo de agentes en el tema de alcohol y movilidad.

Al Congreso asistieron los alcaldes de las principales ciudades del país, los delegados mundiales del ICAP, empresas licoreras y sociedad civil. Sin embargo, como expresa el delegado del ICAP, “Hay mucho camino por recorrer. En Norteamérica empezamos hace 30 años y aún seguimos presentando índices de accidentalidad y muertes por alcohol. Colombia apenas está tomando en serio este debate y lo que podemos hacer es compartir nuestra experiencia para que sean implementadas nuevas políticas en su país que mejoren las prácticas de consumo de alcohol”. Sullivan concluyó puntualizando que en el país se cambian las leyes muy seguido, por eso ellos traen la última versión de las normas a nivel mundial.

El fuerte debate que suscitó en los últimos años el caso Colmenares, más allá del despliegue mediático y judicial que se le ha dado, cala en el mismo punto que ocupa las agendas informativas por estos días: la mezcla de alcohol y gasolina de la que, de manera irresponsable, varios actores sociales e incluso políticos han sido protagonistas y que en su momento, congresistas recibieron fuertes críticas al tumbar en dos ocasiones el proyecto de ley que buscaba castigar con cárcel a los conductores borrachos.

Las víctimas y victimarios, aquellos que por lo menos han tenido eco en los medios de comunicación en los últimos meses, van desde el conductor de un taxi que perdió la movilidad de sus piernas tras ser impactado por el carro que conducía Fabio Salamanca con tres grados de alcohol en su cuerpo, hasta el más reciente protagonizado por el concejal Carlos Martínez que, el domingo, se negó a detenerse en un retén de la Policía y después de varios intentos de los oficiales, el funcionario se dio a la fuga por las calles de la capital, provocando que los miembros de la fuerza pública dispararan a las llantas del carro. La persecución terminó en la escuela militar José María Córdova.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó en sus estudios que cerca de 70 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de lesión en accidentes de tránsito y mueren 1,2 millones. De esta cantidad, al menos la tercera parte de las víctimas muere por culpa de conductores borrachos, calificándolo como un problema de salud pública. Según cifras no oficiales, en Colombia se reportan al menos 2.000 accidentes relacionados con conducción y alcohol, además de ser la tercera causa de muerte en el país. Y a pesar de las campañas de prevención y advertencias que han realizado las autoridades al respecto, las cifras continúan en incremento.

Pero más allá de las cifras, de las víctimas, de los que han sido judicializados y de los que no, la pregunta que surge es ¿qué está haciendo el Gobierno Nacional o las entidades privadas y públicas que se benefician del mercado del alcohol? ¿están desarrollando políticas públicas o campañas para que terminen o por lo menos se reduzcan los índices de accidentalidad y muertes en el país?

Gustavo Díaz Marín, empresario y líder en temas relacionados con las prácticas de consumo de licor en el país y creador de la marca R con R -Rumba Responsable-, dice que “si logramos que se vinculen los establecimientos generadores de rumba y vendedores de licor en estas prácticas de Rumba Responsable, estamos seguros que se disminuirá de manera importante el consumo nocivo de alcohol en Colombia y con este, el mayor disfrute de las noches y sus ciudades”.

El empresario convocó a los sectores público y privado del país para debatir el tema y plantear soluciones reales que promuevan las prácticas responsables de consumo del alcohol, durante el Primer Conversatorio Nacional público privado, “Conducción y alcohol”. Con esta iniciativa que tuvo como sede a Cali, se plantearon propuestas y soluciones vistas a partir de la mirada y experiencia de otras ciudades del mundo como Nueva York y Washington.

Jhon Sullivan, representante del Centro Internacional en Materia de Políticas para el Alcohol (ICAP, por sus siglas en inglés), institución que opera en 29 países y ha dedicado sus esfuerzos al desarrollo de acciones globales que acaben el consumo nocivo de alcohol, le contó a El Espectador sobre la experiencia que han tenido en Nueva York desarrollando campañas orientadas a la formación de los agentes de tránsito y movilidad. Según Sullivan, desde hace 30 años vienen implementando el Proyecto Patrulleros que en esa ciudad ha reducido el 60% de la cifra de mortalidad por accidentes bajo el efecto del alcohol y que busca capacitar a guardas de tránsito, inspectores, supervisores y oficiales de la Policía en las últimas regulaciones de tránsito en Colombia y en aquellos signos de alarma que puedan contribuir a detectar a tiempo conductores en estado de embriaguez, pues asegura el representante, son ellos con quienes primero tiene contacto un conductor ebrio.

Junto con otro agente experto de Orlando (EE.UU.) el ICAP presentó su experiencia y entregaron una estructura en la que evidencian la forma de ejercer control donde lo primordial es el esquema de seguridad que acompaña al patrullero. “Es algo peligroso poner a un patrullero en la calle a hacer un control de alcoholemia, por eso empezamos con un método de seguridad y hacemos un inventario de equipos como conos, señales, chalecos reflectivos…”. El experto agregó que tienen planes para trabajar con pocos patrulleros, “podemos hacer un escuadrón con 11 agentes o grupos en diferentes ciudades para aumentar la cobertura”.

El ICAP, ha firmado convenios y acuerdos con diferentes ciudades y municipios del país como Chía, Bogotá, Quibdó y algunas zonas del Valle del Cauca como Cali, Jamundí, Candelaria, Yumbo y Palmira. La idea del proyecto es que tanto funcionarios como agentes controladores de la movilidad, optimicen sus conocimientos en temas de alcohol y conducción para mejorar los operativos de control y prevención. Según el experto, ese es apenas el primer paso de una serie de fases que tiene el proyecto, el cual especializaría a un grupo de agentes en el tema de alcohol y movilidad.

Al Congreso asistieron los alcaldes de las principales ciudades del país, los delegados mundiales del ICAP, empresas licoreras y sociedad civil. Sin embargo, como expresa el delegado del ICAP, “Hay mucho camino por recorrer. En Norteamérica empezamos hace 30 años y aún seguimos presentando índices de accidentalidad y muertes por alcohol. Colombia apenas está tomando en serio este debate y lo que podemos hacer es compartir nuestra experiencia para que sean implementadas nuevas políticas en su país que mejoren las prácticas de consumo de alcohol”. Sullivan concluyó puntualizando que en el país se cambian las leyes muy seguido, por eso ellos traen la última versión de las normas a nivel mundial.