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Siete mujeres y dos hombres, funcionarios de la Gobernación del Cauca, fueron secuestrados en la tarde del pasado 17 de julio y solo más de 40 horas después se conoció la primera prueba de supervivencia. A través de un video que circula en redes sociales, los nueve funcionarios estarían en buen estado de salud y bajo la custodia de la disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”.
En el video, una de las mujeres secuestradas dice: “Ustedes nos han requerido que expliquemos puntualmente un proyecto de inhibidores de drones, con base en una necesidad que presentó la Fuerza Pública (...) Se adquirieron tres unidades por un valor de 4.000 millones”.
Los secuestrados son: Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
Según las autoridades, los funcionarios estaban viajando al municipio de López de Micay a reunirse con una misión de la ONU, la Cruz Roja y la Defensoría. Sin embargo, fueron retenidos sobre las 4:00 de la tarde del jueves 17 de julio en zona rural de esa zona del departamento.
Por su parte, a Iglesia católica, en voz del arzobispo de Popayán, Ómar Alberto Sánchez, le pidió al grupo armado que respete la vida y procuren el buen trato hacia los civiles. “Este departamento necesita más obreros para la paz que signos de violencia y de guerra”, agregó el padre.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también se pronunció al respecto: “Llevaban oferta institucional a comunidades en condición de vulnerabilidad. La institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes”.
Las disidencias de las Farc, concretamente el Estado Mayor Bloque Occidental, señaló en el comunicado en el cual aceptaron la responsabilidad del hecho que los funcionarios “estaban haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional”. Estos equipos, según el grupo armado, tendrían el objetivo de derribar drones.
Las disidencias incluso agregaron en su comunicado que los equipos habrían sido comprados a través de un proyecto y un contrato celebrado por la Gobernación del Cauca, que tiene el objetivo de ejecutarse en todos sus municipios y habría costado al menos $4.100 millones. No obstante, esos detalles contractuales no han sido confirmados por la administración departamental.
Al parecer, por esta razón, en el video de supervivencia la funcionaria habla sobre un contrato para comprar inhibidores de drones. Sin embargo, las autoridades todavía no han dado más detalles sobre si existe la relación de estos negocios con el plagio de los funcionarios y qué tienen que ver estos últimos con la contratación.
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