El pasado 9 de octubre el fiscal Eduardo Meza Cadena le puso punto final a una controversia jurídica de más de siete años por un lote del capo del cartel de Cali Hélmer Pacho Herrera, en la que terminaron en el baile varios pastores cristianos de Cali, la iglesia Misión Carismática al Mundo, un poderoso congresista y la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). En su decisión el fiscal Meza confirmó la extinción de dominio contra ese predio, ubicado en la calle 7 N° 82-65, donde hoy queda la sede principal de la iglesia cristiana que cuenta con más de 7.000 feligreses.
El origen de esta historia se remonta a diciembre de 2007, cuando el testigo John Wálter Ruiz Franco les contó a las autoridades cómo el narcotraficante Pacho Herrera escondió su millonaria fortuna a través de testaferros y propiedades. Fue así que la Fiscalía tuvo conocimiento de que el predio de Cali, donde la Misión Carismática al Mundo ha tenido su sede, tenía un pasado turbio. Para mayo de 2009 dicho bien ya había sido afectado con medidas cautelares al existir serios indicios de que había sido adquirido con dineros de la mafia.
Según la investigación, se constató que hubo una cadena de irregularidades en la compra que hizo la iglesia Misión Carismática al Mundo el 5 de abril de 2007 a los hermanos José de Jesús Quiceno y Rosa Inés Giraldo, quienes figuraban como dueños del lote. Después vino a saberse que los supuestos vendedores habían sido utilizados por un intermediario llamado Óscar Naranjo Grisales, quien presentó un poder falso, pero que al fin de cuentas permitió la transacción por valor en escrituras de más de $1.661 millones.
La Fiscalía determinó que José de Jesús Quiceno es un humilde agricultor, que aparece en los registros públicos como desplazado y con un patrimonio que no supera los $28 millones (y eso contando dos vacas valoradas en $4 millones). Sobre Rosa Inés Giraldo se estableció que es analfabeta, que trabajó como empleada doméstica “lavando y planchando ropas ajenas”, que es beneficiaria del Sisbén y que en sus cuentas no figura ni un peso. ¿Cómo podían ellos ser los propietarios de un lote de más de $1.600 millones?, se preguntó la justicia. La respuesta es sencilla: la mafia estuvo detrás de este negocio.
Tanto Quiceno como Giraldo negaron cualquier relación con la iglesia Carismática al Mundo o con su representante legal, el pastor Jorge Villavicencio Rosales, pero sí señalaron que a su casa llegaron unos abogados y unos pastores que les dijeron que firmaran unos papeles que les había dejado su abuela a manera de herencia y que así lo hicieron cuando les pagaron $100 millones. Rosa Inés Giraldo y su hija Liliana María Pérez le confesaron a la Fiscalía que en 2007 fueron contactadas “por unos pastores”, es decir, el mismo año que la iglesia cristiana compró el lote enredado.
El supuesto intermediario de la negociación, Óscar Naranjo Grisales, le narró a la Fiscalía que nunca vio en su vida a los hermanos José de Jesús y Rosa Inés, que su oficio era como tramitador y empleado del empresario Jesús Saavedra y que bajo sus órdenes recibió pagos de la iglesia Carismática, algunos en cheques a su nombre y otros que cobró y entregó a “un señor Rodrigo, miembro de la iglesia”. Pero los enredos no paran ahí. La Fiscalía estableció que ese lote fue vendido por $3.000 millones.
El propio pastor Jorge Villavicencio, representante de la iglesia, contó que luego de haber adquirido el predio en 2007 apareció amenazándolo Juan Pablo Domínguez, un supuesto emisario del capo del cartel de norte del Valle Wílber Varela, alias Jabón. Tiempo después, Domínguez sería asesinado en Cali, pero ya se asomaba en el expediente que el narcotráfico estaba por todos lados en ese negocio. En ese contexto se determinó que la sociedad Inmobiliaria UMV, que estuvo detrás de la ‘vuelta’ de legalizar el lote a través de los hermanos José y Rosa, era del capo Pacho Herrera.
Por eso la Fiscalía criticó la posición del pastor Villavicencio, pues a pesar de las múltiples irregularidades “prefirió seguir adelante con una transacción oscura, presuntamente para salvaguardar los recursos que ya había invertido en la misma, sin que ello se aprecie como una verdadera justificación para proceder en ese sentido, ni como la conducta que una persona prudente, correcta y diligente lleva a cabo en la realización de un negocio de esta naturaleza”. De hecho, la inmobiliaria UMV fue incluida en la Lista Clinton desde mayo de 2005.
Para la Fiscalía no hay duda, pues, de que el lote donde hoy funciona la iglesia era del capo del cartel de Cali, quien junto a Chepe Santacruz y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela formó parte de una organización que durante décadas envió toneladas de cocaína a Estados Unidos. Incluso en enero de 1998, el propio Pacho Herrera aceptó cargos por narcotráfico por el envío de 3.370 kilos a Norteamérica y reconoció que introdujo a Colombia, de forma clandestina, US$125 millones producto del ilícito negocio entre 1983 y 1993.
Pero el lío no termina aquí. En mayo de 2009, cuando la justicia como medida cautelar le entregó la administración del predio a la Dirección de Estupefacientes, el congresista Roy Leonardo Barreras apareció en escena. Según varias denuncias, el parlamentario hizo gestiones ante la DNE y el gobierno Uribe para que ese inmueble le fuera devuelto a la iglesia cristiana. Y lo consiguió, pues el 8 de octubre de 2009, en un publicitado evento en Cali, la DNE le devolvió a la iglesia el predio como medida provisional.
El entonces presidente Uribe llamó a Barreras para que le hiciera entrega de la resolución de la DNE al pastor Villavicencio porque “(él) luchó tanto allá por eso”, refiriéndose al parlamentario. El propio Villavicencio le contó a la justicia que en 2009 intentó buscar al fiscal general para contarle lo ocurrido con el predio, pero que nunca lo atendió y por eso “ubiqué al representante Roy Barreras y a otros cuatro senadores, de los que prefiero omitir sus nombres, y ellos me ayudaron a que la DNE tuviera en cuenta nuestra petición”. En ese momento se criticó ese acto público, que fue calificado como una movida política de Barreras para quedarse con los votos de los cristianos de Cali.
Por estos hechos se demandó su investidura ante el Consejo de Estado, que decidió a su favor. No obstante, en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria al considerar que hay serias pistas de que Barreras utilizó un tráfico de influencias con fines políticos. De hecho, según el denunciante Jorge Ruiz, después de la supuesta intervención de Roy Barreras ante la DNE en 2009, esa entidad, hoy desaparecida, resolvió en 48 horas devolverle el predio a la iglesia cristiana. Mientras el caso Roy sigue en investigación, la iglesia Misión Carismática deberá buscar una nueva sede en Cali.
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Por Juan David Laverde Palma
