Durante los ocho años en los que Edgardo Maya estuvo al frente de la Procuraduría General de la Nación, entre 2001 y 2009, el Ministerio Público interceptó llamadas telefónicas de por lo menos 14 de sus funcionarios. La existencia de un cuarto de chuzadas dentro de la entidad fue revelada por el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien dio la orden de clausurarlo en 2009. La aparición de una habitación para chuzar llamadas desató la controversia, pues una entidad como la que manejaron Maya y Ordóñez, a la luz del procedimiento penal que cambió en 2004, no estaba autorizada para interceptar llamadas de nadie.
Desde entonces, los afectados por esas escuchas telefónicas han intentado desvirtuar las grabaciones. Por otro lado, los funcionarios que ordenaron y realizaron las chuzadas no han cesado de explicar que se trató de procedimientos autorizados por la Constitución. Después de casi 16 años de disputas, la palabra final de este capítulo le corresponde a la Corte Constitucional, que tiene en sus manos la revisión de una tutela interpuesta por el exrepresentante a la Cámara Miguel Ángel Durán Gelvis, uno de los perjudicados por las chuzadas de la Procuraduría.
Los líos del excongresista con la Procuraduría comenzaron en 2003. Por esa época, Durán Gelvis era representante a la Cámara por el Cesar y su compañera permanente, Adriana Maribeth Fedullo, trabajaba en el Ministerio Público. En las conversaciones interceptadas, que fueron cuatro, se escuchaba cómo el abogado Luis Antonio Zorro consiguió una certificación laboral, gracias a la mediación de Fedullo, para obtener la visa para viajar a Estados Unidos; en ella se decía que había trabajado como asesor de Durán Gelvis en el Congreso, pero nunca fue así.
Este no es el único problema de Durán Gelvis con las autoridades. En 2008, la Fiscalía le abrió una investigación porque, supuestamente, los paramilitares habrían presionado a los electores para su elección como representante en 2002. Por estas denuncias pasó siete meses en La Picota de Bogotá, hasta que el ente investigador precluyó el caso. En 2014, su nombre volvió a sonar en la Fiscalía, cuando ésta ordenó su captura por su supuesta participación en el homicidio de la exconcejala de Curumaní Ana Cristina López, a manos de las Auc.
Las autoridades nunca lograron su captura. Durán Gelvis explicó en varias cartas que era víctima de falsos testigos. La Fiscalía 26 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo lleva en su contra una investigación formal por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Al conocer el contenido de las conversaciones, Maya abrió una investigación en contra de Durán Gelvis, pues se trataba de falsificación de un documento público. Fue así como el 9 de noviembre de 2006 la Procuraduría destituyó a la pareja y los inhabilitó para ejercer cargos públicos. A él durante 12 años y a ella durante 11. El caso fue más allá de la sanción disciplinaria. El 27 de enero de 2004, el propio Maya llevó hasta la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra del exrepresentante por el delito de falsedad ideológica en documento público.
Por más que Durán argumentó que las pruebas que presentó la Procuraduría en su contra —las cuatro conversaciones— debían declararse nulas, la Corte no lo escuchó. El excongresista explicó que una entidad como el Ministerio Público no estaba facultada para chuzar teléfonos y mucho menos sin autorización de un juez. El 17 de agosto de 2011, el alto tribunal lo condenó a cuatro años de prisión.
Durán Gelvis comenzó entonces otra pelea jurídica, esta vez por medio de una tutela en la que pidió que se le respetaran sus derechos a la intimidad, libertad, igualdad, dignidad humana y debido proceso. Su petición no fue acogida ni en primera ni en segunda instancia. El expediente llegó a la Sala de Revisión de la Corte Constitucional en noviembre de 2012. Un año después cayó en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien desde el primer momento se declaró impedido. Sin embargo, su petición no fue aceptada. La razón para pedir su retiro del caso no está clara, pues la sala que no aceptó el recurso estaba compuesta por los exmagistrados Mauricio González y Gabriel Mendoza y ambos ya cumplieron su período en la Corte.
Lo que se habla en los pasillos de la Corte es que la inhabilidad la presentó por su relación con Edgardo Maya y por el trabajo que realizó en la Procuraduría. En 2005, fue nombrado por Maya delegado para Asuntos Civiles y durante los cuatro años en los que trabajó en la entidad fue viceprocurador y procurador encargado. Lo que no se entiende, dijeron fuentes del alto tribunal a este diario, es que un magistrado con línea directa con la Procuraduría que ordenó las interceptaciones sea ahora ponente del caso.
De acuerdo con el documento que estudian los magistrados de la Corte desde noviembre del año pasado, la Procuraduría no cometió ninguna falta al chuzar los teléfonos de sus funcionarios. En ese entonces, la Constitución y el Código Penal de 2000 les daban la potestad a organismos como el Ministerio Público para interceptar llamadas telefónicas con el fin de adelantar investigaciones. Además, en 2003, cuando se realizaron las chuzadas en cuestión, no existía la figura del juez de control de garantías, quien es el que actualmente autoriza y declara legal una interceptación telefónica.
La figura de ese juez apenas se introdujo en 2004, cuando se introdujo en el país el sistema penal acusatorio, explica la ponencia. “En 1996 la Corte Constitucional se pronunció en el sentido de que la Procuraduría a partir de sus atribuciones de policía judicial podía autónomamente practicar capturas, allanamientos, interceptaciones a las comunicaciones, registro de correspondencia, vigilancia económica, entre otras prácticas investigativas. De allí que no sea posible avizorar irregularidad alguna en lo concerniente a las interceptaciones efectuadas por la Procuraduría”, explica el magistrado Rojas en el proyecto de fallo.
El estudio del expediente está desde hace varias semanas en el orden del día de la Sala Plena de la Corte Constitucional. En manos de los nueves magistrados, cuatro de ellos interinos, está el último capítulo de los cuestionamientos al cuarto de las chuzadas de la Procuraduría, que después de años de cuestionamientos merece un punto final.
Por María José Medellín Cano
