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Que el Estado repare a las víctimas de balas perdidas

Así se lo solicitó al presidente Álvaro Uribe el personero de Medellín, Jairo Herrán, quien consideró que deben tener la misma atención que las víctimas del conflicto armado.

Mary Luz Avendaño
11 de enero de 2010 - 07:59 p. m.

Según Herrán, hay una situación social trágica en Colombia por cuenta de las balas perdidas. Sólo en Medellín, el año pasado 16 personas fueron víctimas de dicha situación, de las cuales siete murieron y nueve resultaron heridas. Once de los afectados eran niños.

En lo corrido de este 2010, seis casos se han registrado en la ciudad. Tres de los afectados murieron: un adulto de 61 años, una niña de 8 y una mujer de 42 años. Entre los lesionados se encuentra una joven de 19 años con seis meses de gestación. Para la Personería estos casos se han incrementado debido a los enfrentamientos entre bandas al servicio del narcotráfico. “Según los cálculos, cerca de 300 personas al año son lesionadas o muertas por balas perdidas en Colombia”, aseguró el Personero.

Ante esta situación y dado que la mayoría de las víctimas son personas de los estratos 1, 2 y 3, el Personero le envió una comunicación al presidente Uribe para que expida una norma mediante la cual se les brinde garantía y protección a estas víctimas. “El Presidente puede expedir esa norma para proteger a estas personas que ven destruida su familia por esta situación. Muchas de las víctimas son cabeza de familia que quedan desprotegidas, o no tienen para los gastos fúnebres y tienen que salir a pedir entre sus vecinos”, resaltó Herrán.

La propuesta consiste en que las víctimas tengan un amparo médico tanto hospitalario como posterior para su recuperación. Si se presenta una discapacidad, que les sean suministradas las prótesis necesarias. En caso de fallecimiento, que se entregue un amparo exequial y al núcleo familiar se le reconozca una ayuda humanitaria hasta por 34 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cerca de $17 millones, equivalente al que se paga por muerte a raíz del conflicto armado.

Lo más preocupante, sostiene el funcionario, es que la mayoría de casos de balas perdidas quedan en la impunidad porque se desconoce al agresor, de allí que no haya a quién reclamarle una reparación. Por tal motivo es el Estado el que debe entrar a proteger a estas víctimas, advirtió Herrán, quien añadió que la afectación al presupuesto nacional es mínima.

Por Mary Luz Avendaño

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