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28 Nov 2021 - 12:23 a. m.

¿Qué fue lo más complicado para la JEP en cinco años de la firma del Acuerdo?

El presidente de la jurisdicción, Eduardo Cifuentes, enumeró tres hechos puntuales que representaron dificutades para la JEP. En entrevista con este diario, habló también de la posibilidad de que el número de víctimas de quintuplique con la investigación de casos de desaparición forzada o desplazamiento.

Felipe Morales Sierra

Periodista Judicial
En octubre de 2020, Cifuentes fue elegido como presidente de la JEP para un periodo de dos años.
En octubre de 2020, Cifuentes fue elegido como presidente de la JEP para un periodo de dos años.
Foto: Jhonatan Ramos-El Espectador

En octubre pasado, Eduardo Cifuentes cumplió un año en la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Bajo su dirección, han ocurrido dos episodios claves para la entidad. El primero, el respaldo total que le dio la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a todos los procesos que allí se adelantan. El segundo: el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. En medio de eventos para conmemorar esa fecha, Cifuentes habló con El Espectador. Se refirió a que es una victoria la verdad que se ha conocido en la JEP y que, desde que Néstor Humberto Martínez dejó la Fiscalía, la relación con la entidad ha mejorado. Además, hizo dos listas: una sobre los temas más complicados en los cinco años de la firma y otra sobre los tres que más le preocupan en los próximos cinco.

En agosto de este año, usted anunció que la JEP cambiaría varios enfoque en los macrocasos, con otra forma de investigación para que pudieran analizar casos de violencia sexual, desaparición forzada o desplazamiento forzado. Los llamó: “casos sombrilla”. ¿En qué va ese cambio?

La competencia para adoptar decisiones de priorización y selección está en cabeza de la Sala de Reconocimiento. En este momento, luego de haber hecho una agrupación de casos y de situaciones, la Sala está adelantando consultas con víctimas y organizaciones para que pueda dictar los autos correspondientes. Solo después de eso se sabrá cuáles son los nuevos macrocasos y se ordenarán versiones a comparecientes. El procedimiento continúa y los nuevos casos y situaciones van a tener que ver con las Farc, por una parte, con fuerza pública y agentes del Estado de otra parte. En el caso de la Farc, se está analizando subcasos sobre medios y métodos ilícitos de guerra, control social y territorial de estructuras urbanas. En el otro espacio se analiza la relación entre paramilitarismo y agentes de Estado y daños a los pueblos étnicos. Eso está en camino.

¿Qué ha detenido que la Sala de Reconocimiento tome una decisión? Se van a cumplir casi seis meses desde el anuncio y aún no se sabe mucho...

El Grupo de Análisis de la Información (GRAI) ha venido trabajando en la sistematización de la información y en la construcción de cada una de estas líneas. Ese es el trabajo que sirvió de base para determinar el agrupamiento de casos por parte de la Sala de Reconocimiento y ahora está en la etapa de recoger observaciones de víctimas. De modo que no hay ninguna demora en este asunto. Hay que tener en cuenta que esta es una apertura muy grande la que hace la Sala de Reconocimiento de la JEP porque va a incluir universos de víctimas mucho mayores. Víctimas que tienen que ver con desaparición forzada, con desplazamiento forzado y con ejecuciones extrajudiciales. Si en los primeros siete macrocasos el universo de víctimas podía ascender a más de 837.000 víctimas, en esta nueva priorización y selección, la participación de las víctimas, diría yo, se puede quintuplicar.

¿Quintuplicar?

Sí. Es que recordemos que el mayor número de víctimas en Colombia son desplazadas. El control social y territorial para efectos de Farc es desplazamiento. En la relación entre el paramilitarismo y agentes del Estado también existe este delito y el de desaparición forzada y violencia sexual. Cuando yo le digo que quintuplicar es un estimativo inclusive muy débil. Mientras que construimos los primeros siete macrocasos el próximo año, ya simultáneamente se abre otro frente de investigación e imputaciones que es enorme.

(En contexto: Las víctimas que aún no tienen espacio en la JEP)

¿Cómo se va a ampliar ese universo de hechos victimizantes? ¿Cómo se le van a brindar garantías a las víctimas de estos crímenes?

En los autos en los que se adopte una determinación de abrir otro macrocaso, se establecerán también las prioridades que se tienen en cuenta para ello, como el territorio donde sucedieron los hechos y se va a revelar la información sistematizada y las guías metodológicas correspondientes para garantizar esos derechos. Yo creo que importante señalar que las investigaciones son siempre progresivas y dinámicas, no se circunscriben necesariamente a una situación específica, sino que abarcan lo que llamamos patrones de criminalidad. Esos patrones son los que, en su momento, le dan elementos suficientes a la Sala de Reconocimiento para hacer imputaciones por delitos que se cometen de forma sistemática.

¿Y eso cómo impacta a las víctimas?

Yo creo que con esos patrones de criminarlidad se apacigua la preocupación de algunas organizaciones de que lleguemos a un casuismo particular (que se investigue por casos particulares y no en general). No va a presentarse la metodología y el abordaje propio de la Sala es distinto. Buscar la información, señalar cuáles pueden ser los patrones y perseguir a los máximos responsables de esos sucesos, y todo ellos con un enfoque que puede ser el étnico, territorial o de género. Debo aclarar que eso siempre se ha hecho y por eso creo que va a ser muy importante lo que en este sentido pueda determinar la Sala de Reconocimiento. Esto le va a dar mucha tranquilidad a las víctimas.

¿Cómo va el proceso para las primeras sentencias? Cuando salió la imputación de secuestro, los cálculos que se hicieron es que a final de ese año se podría conocer esa primera decisión...

La magistrada relatora de ese macrocaso, Julieta Lemaitre, está en este momento recopilando las observaciones de las víctimas. Ese proceso es un paso previo a la audiencia de reconocimiento, que podría darse en diciembre o más adelante. Esa audiencia de reconocimiento tiene que ser evaluada luego por la Sala de Reconocimiento para determinar si hay lugar o no a emitir la resolución de conclusiones. Este es un caso muy avanzado en el que, cuando se emita la resolución de conclusiones, prácticamente estaríamos ya en vísperas de la primera sentencia por parte del Tribunal para la Paz.

(Lea también: ¿Qué ha pasado en la JEP en sus tres años de existencia?: expertos analizan)

¿Se anima a dar un estimado de cuándo llegaría esa sentencia?

Todavía no. Pero aprovecho la pregunta para aclarar algo que hace la jurisdicción transicional. Cuando la JEP dicta el auto de determinación de hechos y conductas (que ya hizo en el caso de secuestro) y si hay aceptación de responsabilidad por parte de los imputados, prácticamente ya podemos decir que estamos ad portas de una sentencia. Es clave entender esto porque este proceso no se parece al que lleva la justicia ordinaria que, cuando imputa, apenas está arrancando la investigación. En la JEP es diferente pues con ese auto que menciono, ya existe toda la revisión de investigaciones, jurisprudencia, hasta de estudio dogmático. Lo que se ha hecho en el caso 01, en un tribunal de justicia ordinaria o en un tribunal penal internacional, habría podido tardarse 10 o 15 años. Aquí apenas se demoró 19 meses en formular imputación en la JEP. En el caso de los denominados falsos positivos, 24 meses. Esto es un tiempo récord nacionalmente.

Seguramente en un tribunal internacional hubieran tardado eso, pero aquí ninguno de los siete macrocasos arrancó de ceros. Todos tenían como base las investigaciones en justicia ordinaria y muchos informes propios de víctimas... ¿La JEP puede hacer algo para agilizar los procesos?

Sin duda alguna es muy importante lo que se ha realizado con la justicia ordinaria y por la Fiscalía en el pasado. Nosotros reconocemos el trabajo previo de la justicia ordinaria. Sin embargo, aquí se ha completado por un sistema muy novedoso que es, precisamente, el procedimiento no adversarial en el cual los presuntos infractores o perpetradores tienen la posibilidad de enfrentar dos situaciones: o una pena de prisión de hasta 20 años o un aporte total a la verdad y una aceptación de responsabilidad. Esto, supeditado, desde luego, a la contrastación que tiene que hacer la JEP. Gracias a esas versiones, en su mayor parte voluntarias, lo que hemos conocido, lo nuevo que se ha conocido, es lo que le ha dado un viraje enorme a las investigaciones.

¿Por qué?

Porque es lo que ha permitido establecer los grandes patrones de macrocriminalidad. Hay un salto cualitativo y hay un elemento importante que es esa participación de los comparecientes, que en su mayoría han aportado nueva verdad y también algo que no se presentaba en el pasado: la participación protagónica de las víctimas. Entonces también tenemos la verdad de las víctimas, que llega a torrentes a la Jurisdicción, más los aportes de verdad de los comparecientes. Nosotros sí partimos de un trabajo previo que nos ha servido de un abono muy importante, pero sobre eso ha triunfado la justicia transicional. Podemos dar un parte de victoria en el sentido de que este sistema de justicia transicional, con el protagonismo de las víctimas, pues obviamente que la curva de verdad en Colombia aumentó, diría yo, en un 80%.

Sin duda. Pero volvemos de nuevo al tema del tiempo. ¿Qué puede hacer la JEP para agilizar los procesos, teniendo en cuenta el trabajo previo y las verdades de las que habla?

Estamos actuando con la mayor celeridad posible en consideración de que, como jueces, tenemos que tener el rigor de solamente hacer imputaciones y el día de mañana dictar sentencias con pruebas, respeto al debido proceso y con participación de víctimas. Todo esto nos lleva a que estemos actuando, en lo que podríamos decir que es una justicia pronta y activa.

¿Les preocupa que el plazo que tiene la JEP se venza? Su mandato es de solo 20 años...

Somos muy conscientes de eso. Nos aferramos al principio de la estricta temporalidad y eso ha obligado a la jurisdicción a actuar teniendo siempre de presente la necesidad de actuar, respetando el debido proceso, pero con mucho cuidado. Por eso, se han dictado 50 mil decisiones en estos años. Un número muy grande de ellas tienen que ver, por ejemplo, con rechazar el ingreso de personas que se presentaban a la jurisdicción únicamente con el propósito de obtener beneficios, pero cuyos casos no tenían que ver con el conflicto armado. Nos ha tocado emplear mucho tiempo para realmente concentrar la actividad de la JEP en aquellos que ciertamente sí están sujetos a la jurisdicción, ya sean de las Farc, o militares o terceros.

¿Es decir en los macrocasos?

También en ellos. Los primeros siete macrocasos, a la JEP le han servido de universidad en el sentido de que se pudo conocer a fondo cómo actuaba, cómo operaban en territorio y cuáles eran sus estrategias y relaciones de mando en el caso de las Farc. Y lo propio sobre las políticas de la fuerza pública y de cómo se adelantan las diferentes operaciones. Por eso, la nueva priorización de casos es muy ambiciosa porque ya partimos de un conocimiento total de los actores armados, de sus estructuras, de sus lógicas de acción y cada vez más estamos integrando información y aportes, dentro de un ejercicio de escrutinio y de contrastación constantes. Hoy día, la JEP es el epicentro del mayor conocimiento sobre el conflicto desde la perspectiva de los crímenes. Aquí se reúne toda la información, tanto judicial como no judicial, y en donde estamos obteniendo las mayores revelaciones de verdad y conociendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esos delitos. Este es el gran aporte de las víctimas.

¿Les preocupa que no se estén cumpliendo sus decisiones? En días recientes, por ejemplo, se registró un incumplimiento de un auto en el que pedieron que no se tocara el cementerio del Copey en César y el alcalde de ese municipio estaría haciendo obras...

Las decisiones de la JEP tienen que cumplirse y el incumplimiento de estas órdenes conlleva a consecuencias penales y también disciplinarias. Se adoptarán todas las sanciones con rigor en ese aspecto. En esta materia también hay que señalar que, para los efectos de la seguridad de líderes y lideresas de derechos humanos y de comparecientes, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y la JEP, solicitaron un informe muy completo al defensor del pueblo sobre qué es lo que ha ocurrido en términos de seguridad y de garantías, sobre todo para quienes comparecen ante el sistema. Además, yo personalmente le solicité a la Corte Constitucional la declaración del estado de cosas inconstitucionales en materia de garantías para excombatientes. Yo creo que sobre ese particular siempre hay que insistir en el hecho de que es el Estado el que tiene que proveer la seguridad y el derecho a la vida de las personas comparecientes y asegurar que esta jurisdicción también pueda cumplir con sus funciones en el sentido de conservación de las pruebas.

Si pudiera hacer una lista de los hechos más complicados que ha tenido que vivir la JEP, a propósito del aniversario de la firma del Acuerdo, ¿qué incluiría?

La objeción presidencial a la ley estatutaria. La baja cooperación recibida en los primeros años por parte de la Fiscalía (dirigida en ese momento por Néstor Humberto Martínez), lo cual se modificó sustancialmente con el ingreso del fiscal Francisco Barbosa. Pero el más grave de todos los hechos son los asesinatos y amenazas contra los excombatientes de las Farc que comparecían ante esta jurisdicción. Y también el asesinato de líderes y de lideresas. Un sistema que se basa en que los comparecientes digan la verdad y asuman su responsabilidad y lo hagan de manera libre y espontánea, es un sistema de justicia en el que, si no se les garantiza la vida de los comparecientes y a los testigos, pues puede fácilmente finiquitar.

Usted menciona que la relación con la Fiscalía ha mejorado considerablemente con la llegada de Barbosa a la entidad. Pero un episodio que llamó la atención del país en ese sentido fue cuando en agosto pasado, el ente investigador anunció que iba a imputarle cargos al general (r) Mario Montoya por falsos positivos, a pesar de que él ya estaba en la JEP. El Tribunal Superior de Bogotá terminó resolviendo que la Fiscalía no tenía competencia para ello y el caso regresó a ustedes. ¿Qué pasó ahí?

Como presidente de la jurisdicción, no puedo pronunciarme sobre actos de otros órganos del Estado. Pero lo que sí quiero señalar en relación con la Fiscalía es que la ley estatutaria es muy clara en que su función de investigación no cesa sino hasta el momento en que la Sala de Reconocimiento lo determine. Hay restricciones que ha establecido claramente la Corte Constitucional en la sentencia que interpretó esta disposición de la ley estatutaria, pero la regla general es que debe continuar investigando. Ese trabajo, además, se vuelven en insumos muy importantes en la tarea que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz. No se ha puesto término a esa competencia que sí tiene límites y unas restricciones que determina la ley. Es también fundamental que la Fiscalía continúe las investigaciones en relación con los terceros que han podido cometer delitos en el contexto del conflicto armado interno colombiano, y que voluntariamente no se han presentado ante la jurisdicción.

Otro tema que ha resultado espinoso es la entrega de bienes por parte de las Farc. La Consejería para la Estabilización asegura que solo han entregado el 4 % de lo prometido y, en teoría, debería entrar actuar la Sección de Ausencia de Reconocimiento. ¿Está entre sus planes meterse a esa pelea o lo dejan en manos de la Fiscalía?

La JEP tiene que exigir el cumplimiento de deberes y de obligaciones de las Farc, en relación con la entrega de los bienes. Para esos efectos, hay un procedimiento abierto por parte del Tribunal para la Paz. En su oportunidad tendrá que adoptar la determinación a la que haya lugar, tomando en consideración las pruebas y lo que señalan los voceros de la antigua guerrilla de las Farc en el sentido de que han tenido inconvenientes originados en políticas de algunas agencias del Estado para la entrega de algunos bienes. Todos estos elementos son objeto de consideración en este momento por parte del Tribunal a través de esa sección. No puedo yo anticiparme porque pertenezco a la Sección de Apelación.

También en relación con estas dificultades con los exFarc, el país ha visto varios episodios en los que los líderes de esta extinta guerrilla terminan dando declaraciones públicas que terminan siendo revictimizantes. El caso más reciente fue hace una semana, cuando Rodrigo Granda señaló que los secuestrados solamente trabajaban cuando estaban aburridos, una declaración que se dio en medio de una fuerte discusión en la JEP por una petición que hizo la Procuraduría de que esos trabajos forzados deben ser investigados como un tipo de esclavitud y como crímenes de lesa humanidad. Si el centro del sistema son las víctimas, ¿qué hace la JEP en estos casos que terminan en la revictimización de quienes deberían estar más protegidos?

Las víctimas son el centro y a través de las audiencias se busca promover diálogo, el mayor respeto y consideración y se impone la no revictimización de las víctimas, desde luego. Ahora, con este asunto específico, no me podría pronunciar porque se ha interpuesto un recurso contra los imputados de las Farc acerca de una reclasificación que se hizo de uno de los hechos del caso 01 (precisamente sobre el tema de los trabajos forzados). Sin embargo, puedo decir que nosotros siempre buscamos que en todas las audiencias, la interrelación entre víctimas y comparecientes sea con todo el respeto. En general, esto se está dando, así como la confianza porque es claro que este encuentro de víctimas y de victimarios no es fácil. Este es un sistema que busca realmente perseguir y sancionar a los máximos responsables.

Pero sobre esos procesos que menciona, es claro que este procedimiento de reconciliación va mucho más allá de la verdad judicial y de lo que pase dentro de las audiencias. Y, precisamente, las declaraciones como las de Granda se dan en escenarios que no son judiciales. ¿Podría la JEP actuar ante esos hechos revictimizantes?

No. La competencia nuestra es la de perseguir y sancionar a los máximos responsables a través de sentencias, no somos un control disciplinario de la palabra.

Pero uno de los principios que ustedes tienen como bandera es la no revictimización y eso está sucediendo con exFarc que están en la JEP...

Hemos puesto en marcha unos programas que los hemos extendido a los comparecientes de la jurisdicción para que conozcan de qué se trata esta justicia especial, qué se espera de ellos, qué significa un aporte a la verdad o asumir la responsabilidad de los hechos. Y hemos insistido en que la JEP es un espacio de verdad y también de reconciliación. A través de estos programas queremos también generar mayores capacidades de comprensión y de autocomprensión.

¿A qué se refiere?

Hay que tener en cuenta algo: decir la verdad para un compareciente ante las víctimas y ante la propia jurisdicción no es un asunto fácil. Regresar a su pasado para una reconciliación y, al mismo tiempo, hacer un reconocimiento de esta naturaleza, supone tener también un momento ético, moral y de control de su propia personalidad grande. Estamos estimulando a los comparecientes a que entiendan que este asunto no se puede entender únicamente en términos de lo que puede ser una defensa penal clásica, sino que es una oportunidad para reconducir su propia existencia, para transformarla y reintegrarse a la propia sociedad. Esto solamente se hace en un ámbito de respeto, sobre todo con las víctimas. Son ellas las que escuchan y las que quieren conocer la verdad de boca de los propios perpetradores.

Regresando al ejercicio de la lista: ¿Cuáles son los tres hechos que más le preocupan de cara a lo que se vienen en los próximos cinco años?

El primero, que se mantenga el conflicto armado y que continúen las amenazas, las muertes y los asesinatos de comparecientes ante la JEP, o de personas que aportan verdad, de víctimas y de líderes de derechos humanos. Yo creo que esa es la mayor amenaza que podemos nosotros registrar en lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Es una amenaza enorme y pondría en peligro el Acuerdo de Paz, y al mismo tiempo nos colocaría en una posición vergonzante ante la comunidad nacional. Creo que eso sería absolutamente intolerable. Otra preocupación que pueda tener tiene relación a que se requiere un consenso político muy grande en el país para que se profundice el proceso de paz y esto resulta indispensable.

¿Y el tercero?

Me parece que el Estado tiene que tener una mayor presencia como Estado social de derecho, especialmente en aquellas zonas en donde el conflicto sea mucho más agudo y donde hay población vulnerable. El Estado social de derecho no puede decir que lo es solamente en ciertas ciudades y en ciertos departamentos. Debe ser único. Esas serían mis tres grandes preocupaciones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
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