“Que la protección no solo sea un carro blindado”: Carlos Negret
El apoyo de la Defensoría del Pueblo es fundamental ante el creciente número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados y amenazados en todo el país. La entidad se reunió con líderes de la Marcha Patriótica para unir esfuerzos.
Redacción Judicial
El compromiso para frenar los asesinatos y amenazas de líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país, motivó una reunión esta mañana entre el defensor del pueblo, Carlos Negret, y líderes de la Marcha Patriótica, como Piedad Córdoba. “El diálogo estuvo muy interesante para establecer un mecanismo para la protección de los líderes para que además no solo sea la entrega de un vehículo sino para que se les respete el derecho al buen nombre, eso es lo más importante”, declaró Negret.
De acuerdo con los datos oficiales, este año se han registrado 70 asesinatos de líderes sociales en todo el país, 279 amenazas y 28 atentados. Según un documento oficial conocido por El Espectador, 30 de esos homicidios han tenido lugar en fechas posteriores al inicio del cese del fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y las Farc. Una de las características que han tenido los hechos de violencia, de acuerdo al documento, es que fueron realizados por individuos fuertemente armados luego de amenazas directas o indirectas.
Piedad Córdoba, vocera de la Marcha Patriótica, expresó finalizada la reunión con el defensor que la idea de la Defensoría de enviar defensores expertos en derechos humanos para acompañar a los líderes y defensores, además de hacer presencia en las zonas de desarme de la Farc, es fundamental. “Creo que también es importante institucionalizar a la Marcha Patriótica para que vean que no somos una amenaza ni un peligro para la sociedad”, explicó Córdoba.
La idea de enviar estos defensores especializados es la estrategia de la Defensoría para replegar los ataques. Según Carlos Negret, el despliegue comenzará el próximo 15 de diciembre. Además, explicó el defensor, se han adelantado varias reuniones con la Unidad Nacional de Protección para crear nuevas medidas de seguridad que no solo implique asignar carros, chalecos antibalas o escoltas. Para la entidad, el problema al que se enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos es mucho más complejo.
El compromiso para frenar los asesinatos y amenazas de líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país, motivó una reunión esta mañana entre el defensor del pueblo, Carlos Negret, y líderes de la Marcha Patriótica, como Piedad Córdoba. “El diálogo estuvo muy interesante para establecer un mecanismo para la protección de los líderes para que además no solo sea la entrega de un vehículo sino para que se les respete el derecho al buen nombre, eso es lo más importante”, declaró Negret.
De acuerdo con los datos oficiales, este año se han registrado 70 asesinatos de líderes sociales en todo el país, 279 amenazas y 28 atentados. Según un documento oficial conocido por El Espectador, 30 de esos homicidios han tenido lugar en fechas posteriores al inicio del cese del fuego bilateral y definitivo pactado entre el Gobierno y las Farc. Una de las características que han tenido los hechos de violencia, de acuerdo al documento, es que fueron realizados por individuos fuertemente armados luego de amenazas directas o indirectas.
Piedad Córdoba, vocera de la Marcha Patriótica, expresó finalizada la reunión con el defensor que la idea de la Defensoría de enviar defensores expertos en derechos humanos para acompañar a los líderes y defensores, además de hacer presencia en las zonas de desarme de la Farc, es fundamental. “Creo que también es importante institucionalizar a la Marcha Patriótica para que vean que no somos una amenaza ni un peligro para la sociedad”, explicó Córdoba.
La idea de enviar estos defensores especializados es la estrategia de la Defensoría para replegar los ataques. Según Carlos Negret, el despliegue comenzará el próximo 15 de diciembre. Además, explicó el defensor, se han adelantado varias reuniones con la Unidad Nacional de Protección para crear nuevas medidas de seguridad que no solo implique asignar carros, chalecos antibalas o escoltas. Para la entidad, el problema al que se enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos es mucho más complejo.