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Si el dolor y la incertidumbre se tomaron Cali por la masacre que el martes 11 de agosto le quitó la vida a cinco menores de edad, lo que vino después ha sido una cadena de tragedias en la que no solo sigue sin saberse quiénes fueron los autores del execrable hecho, sino que reinan el silencio y los señalamientos que apuntan a todas partes.
Los cinco menores de entre 14 y 15 años fueron asesinados y por lo menos uno de ellos degollado en un cañaduzal de la Comuna 15 de Cali, en el barrio Llano Verde. Nadie vio nada. En esa zona de la capital del Valle del Cauca los problemas de pandillismo y otras manifestaciones de crimen organizado no son nuevos, pero las acciones estatales tampoco han logrado contenerlos.
Las primeras investigaciones sobre el tema apuntan a tres hipótesis: la primera es que los menores eran víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. La segunda, que eran parte de una pandilla de la comuna y resultaron muertos como consecuencia de acciones ilegales de justicia por propia mano, de esas a los que muchos conocen con la discriminatoria e inhumana expresión de “limpieza social”.
Y la tercera, promovida por sus familiares, señala que fueron víctimas de un atraco, antes de salir a volar cometa en la zona.
El mismo martes, el alcalde Jorge Iván Ospina ofreció $200 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables. Aunque el mandatario dice que las pesquisas van por buen camino, en las calles de Llano Verde reina el silencio, que este jueves fueron por inesperadas escenas de dolor. Pasadas las 6:00 p.m., una granada fue detonada junto al CAI de la zona, causando heridas a por lo menos 15 personas.
¿Quién está interesado en sembrar miedo en la zona? Las comunas 13, 14, 15, 21 y 22 de Cali son escenario histórico de manifestaciones de violencia armada, como el pandillismo, el sicariato, las extorsiones y el microtráfico.
Según Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad de la Universidad del Valle, en la primera alcaldía de Jorge Iván Ospina los índices de homicidio ascendieron 90 por cada 100 mil habitantes, un número que superaba la media nacional en los años más crudos del conflicto armado.
“Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage se demoraron ocho años intentando bajar esos índices, pero aún así la percepción de inseguridad se mantuvo en esos lugares y los asesinatos como los que vimos hace tres días no se detuvieron”, señala el académico.
Los habitantes de la zona saben muy bien a qué se refieren los investigadores de temas de seguridad que estudian la fenomenología de la violencia en Cali. No lo comentan por temor a represalias y porque en medio de ese absurdo de la violencia que los azota, las situaciones dolorosas siempre pueden complicarse más.
El caso de los cinco menores asesinados el martes tiene mucho de esa suma de contradicciones que atemorizan a la gente. Las familias de las víctimas se disponían ayer, sobre las 4:00 p.m., a despedir a sus seres queridos en un evento colectivo en la cancha de fútbol del barrio, cuando se encontraron con la llegada de funcionarios de Medicina Legal que aseguraron que se tenían que llevar los cuerpos para someterlos a otra serie de exámenes.
Las familias se negaron, hubo confrontación verbal entre unos y otros, y a final cada quien se llevó el cuerpo de su ser querido para despedirlo de manera individual, en vez del adiós grupal previsto. Dos horas después vino la explosión que aturdió al barrio.
Las autoridades les insistieron a los habitantes de la zona que no se queden callados. Lo dijo el alcalde Jorge Iván Ospina y lo repitió la gobernadora Clara Luz Roldán. En el mismo sentido iba el mensaje del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien acompañó el dolor de las víctimas y ofreció todo el respaldo del Estado para asegurarse de que las investigaciones no quedarán a mitad de camino.