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Tras casi siete años desde la apertura de investigación de la Corte Suprema de Justicia y después de 67 días de audiencias de juicio en la justicia ordinaria, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo encontró que el líder del Centro Democrático fue el determinador de una red de manipulación de testigos que engañaron a la justicia para que hablaran a su favor, pero en contra del senador Iván Cepeda.
La segunda instancia la resuelve el Tribunal Superior de Bogotá
Con el revuelo político y judicial de una decisión de este calado, la defensa de Uribe ya anunció que apelará el fallo. “La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes. En este sentido, el equipo de la defensa anuncia que el fallo será apelado”, señalaron los abogados.
¿Habrá prisión domiciliaria para Uribe?
Según el Código Penal, esa apelación será estudiada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego del próximo 1 de agosto, día en el que se conocerá la sentencia completa y el monto de la pena contra Uribe. Según el penalista Iván Cancino, para esa decisión, la jueza Heredia analizará varios asuntos, como las condiciones individuales, sociales, familiares, modo de vivir y antecedentes de toda orden de culpa, para determinar el número de años de la pena. En la audiencia del pasado 28 de julio, se conocieron las primeras pistas y todo indica que sería una medida de prisión domiciliaria.
En todo caso, todavía no es claro si Uribe será capturado el próximo viernes, pues hace falta esperar la decisión de la justicia, que también podría determinar que el expresidente puede esperar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en libertad. Esa determinación se debería conocer antes del 8 de octubre de este año, que es el mes en el que el caso prescribiría. En términos sencillos, ese fallo, que es el de segunda instancia, puede definir tres caminos. El primero: confirmar la culpabilidad completa de Uribe Vélez y respaldar toda la sentencia de la jueza Heredia.
El segundo: tumbar ese fallo y absolver al expresidente. Y el tercero: emitir un fallo modulado, es decir, confirmar algunas decisiones de Heredia, pero absolver a Uribe de otras. Si el Tribunal Superior de Bogotá no toma una decisión antes de octubre de este año, el proceso tendría que cerrarse por vencimiento de términos, es decir, que se agotó el tiempo que tenía la justicia para resolver el expediente. Si logra llegar a una decisión antes de dos meses, el caso no termina allí, pero su futuro depende de lo que defina la Sala Penal del tribunal.
Además de la segunda instancia, queda la casación
Aunque esa es una decisión aún desconocida, el Código Penal permite explicar qué sigue porque el proceso todavía tiene camino por recorrer. Si el Tribunal confirma cualquiera de las condenas contra Uribe, su defensa puede acudir a la Corte Suprema de Justicia, como ya dijo que lo hará de ser necesario. Ese es un escenario que resulta paradójico, pues el expresidente trató de evitar como fuera que su caso siguiera en ese alto tribunal. Tanto así, que renunció a su curul en el senado en 2018 para perder el fuero que le permitía a la Corte investigarlo. Por eso, su caso llegó a la Fiscalía.
Más allá de las particularidades de este caso, Uribe tiene el derecho a presentar una casación, un recurso especial de requiere un muy alto nivel jurídico y solo el alto tribunal definirá si lo estudia o no. Este no es considerado una “tercera instancia”, sino un recurso extraordinario en el sistema judicial colombiano, lo que significa que no aplica a cualquier caso y está sujeto a varios y estrictos requisitos, explicó el penalista Luis Camilo Pérez Duarte. Por ejemplo, debe demostrar errores graves en la aplicación e interpretación de la ley o violaciones al debido proceso.
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Por Ana Sofía Montes Peláez
