¿Qué pasó con la investigación por los sobrecostos en Reficar?
En los próximos días el ente investigador tomará decisiones de fondo frente a las irregularidades en la celebración de contratos. Se prepararan las primeras imputaciones.
Redacción Judicial
El que fue considerado uno de los proyectos más ambiciosos en la década de los noventa en Colombia para mejorar la producción de petróleo se convirtió con el pasar de los años en el centro de actos de corrupción más grandes en la historia del país. La construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar) por parte de Ecopetrol es hoy por hoy uno de los asuntos más grandes y complejos que tiene la Fiscalía General por resolver.
El ente tiene varias líneas de investigación para establecer las irregularidades que se presentaron en la celebración en cerca de 2.300 contratos destinados para la ejecución de megaproyecto. Desde el principio las cosas empezaron mal: pese a las recomendaciones hechas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) frente a los límites del costo de la obra, la forma de su financiación y los tiempos que se debían cumplir.
Los requisitos de 736 millones de dólares de presupuesto límite para la obra y la figura de “llave en mano” para la financiación de la misma –que exigía además la participación de la empresa privada- quedaron en el papel. La obra, que duró 21 años, tuvo un costo cercano de los 2.628 millones de dólares, el contratista principal dejó el proyecto en la mitad argumentando una crisis económica y Ecopetrol tuvo que encargarse de todo.
En el informe especial publicado por Noticias Caracol se revela que se pagaron 8.800 millones de dólares más de lo fijado. Se celebraron sin control alguno un centenar de millonarios contratos, se registraron 717 adiciones y más de 1.000 subcontrataciones. Los sobrecostos estaban a la orden del día y de la estrategia propuesta para pagar cuando la obra estuviera lista se pasó a la cancelación del convenio y el pago por adelantado.
La obra se entregó en octubre de 2015 con seis años de retraso. Un informe de la Contraloría General de la República advirtió por los sobrecostos en la recta final por cerca de 4 mil millones de dólares. La Fiscalía General prepara las primeras imputaciones por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por omisión.
El abandono del proyecto
Pese a que no tenía experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos ni tenía el capital suficiente para soportar la ejecución del mismo. Los investigadores ya establecieron que la multinacional no tenía experticia en la financiación de este tipo de proyectos, ni antecedentes en la construcción de refinerías. Debido a esto la empresa ganadora en la licitación tuvo que buscar ayuda en otro de los oferentes que si presentó experiencia.
Evidentemente Glencore no era la más idónea para el desarrollo de esta compleja obra, sin embargo el presidente de Ecopetrol de la época, Isaac Yanovich Farbaiarz y el presidente de la junta directiva de la petrolera Fabio Echeverri Correa y los integrantes de la misma Alberto Carrasquilla y Cecilia María Vélez le dieron el visto bueno para que fuera la encargada de desarrollar el proyecto fijado en 1994.
Los retrasos ya eran evidentes y los sobrecostos iban en aumento año tras año. En 2008 Glencore manifiesta que debido crisis económica mundial tenían que abandonar el proyecto. Argumento que fue avalado de manera casi que inmediata por Ecopetrol quien asumió el 100 por ciento de la obra, comprándole así a la multinacional su 51 por ciento de participación en el complejo proyecto.
Los investigadores establecieron que pese a que no se presentaron los soportes para sustentar la salida del proyecto por parte de Glencore, la junta directiva de Ecopetrol acogió la solicitud. Por estos hechos se investiga la responsabilidad del exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; el actual ministro, Mauricio Cárdenas; el exministro de Minas, Hernán Martínez y el expresidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez.
La Fiscalía General busca establecer si incurrieron en un prevaricato por omisión. En esta línea de investigación se busca determinar porqué pese a estos escuetos argumentos no se tomó la decisión de abrir una investigación interna o de buscar una sanción económica para Glencore por incumplimiento del contrato como lo establecen las leyes nacionales.
Acelerador a fondo
Además de las irregularidades con Glencore, la Fiscalía analiza los documentos que tienen relación con los contratos pagados a CBI, pese a las advertencias hechas por la interventora. Se cancelaron facturas infladas, sin pedir sustento o justificación alguna se ordenó el giro de dinero para el pago de deudas que aparentemente no existían o que ya habían sido superadas.
CBI, como Glencore, no tenía la experiencia para la ejecución de este tipo de proyectos. Son muchos los incumplimientos e irregularidades que se presentaron durante los 21 años que duró la planeación y ejecución de esta obra que trajo más pérdidas que beneficios para las finanzas del país. En los próximos días se tomará una decisión de fondo.
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez ordenó pisar el acelerador en esta investigación por lo que se nombraron a cuatro fiscales especializados quienes evalúan las pruebas documentales y testimoniales recolectadas durante la pasada administración. Los investigadores quienes establecer de manera individual y grupal la responsabilidad de 30 personas entre las que se encuentran ministros, funcionarios, directivas de Ecopetrol.
El que fue considerado uno de los proyectos más ambiciosos en la década de los noventa en Colombia para mejorar la producción de petróleo se convirtió con el pasar de los años en el centro de actos de corrupción más grandes en la historia del país. La construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar) por parte de Ecopetrol es hoy por hoy uno de los asuntos más grandes y complejos que tiene la Fiscalía General por resolver.
El ente tiene varias líneas de investigación para establecer las irregularidades que se presentaron en la celebración en cerca de 2.300 contratos destinados para la ejecución de megaproyecto. Desde el principio las cosas empezaron mal: pese a las recomendaciones hechas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) frente a los límites del costo de la obra, la forma de su financiación y los tiempos que se debían cumplir.
Los requisitos de 736 millones de dólares de presupuesto límite para la obra y la figura de “llave en mano” para la financiación de la misma –que exigía además la participación de la empresa privada- quedaron en el papel. La obra, que duró 21 años, tuvo un costo cercano de los 2.628 millones de dólares, el contratista principal dejó el proyecto en la mitad argumentando una crisis económica y Ecopetrol tuvo que encargarse de todo.
En el informe especial publicado por Noticias Caracol se revela que se pagaron 8.800 millones de dólares más de lo fijado. Se celebraron sin control alguno un centenar de millonarios contratos, se registraron 717 adiciones y más de 1.000 subcontrataciones. Los sobrecostos estaban a la orden del día y de la estrategia propuesta para pagar cuando la obra estuviera lista se pasó a la cancelación del convenio y el pago por adelantado.
La obra se entregó en octubre de 2015 con seis años de retraso. Un informe de la Contraloría General de la República advirtió por los sobrecostos en la recta final por cerca de 4 mil millones de dólares. La Fiscalía General prepara las primeras imputaciones por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por omisión.
El abandono del proyecto
Pese a que no tenía experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos ni tenía el capital suficiente para soportar la ejecución del mismo. Los investigadores ya establecieron que la multinacional no tenía experticia en la financiación de este tipo de proyectos, ni antecedentes en la construcción de refinerías. Debido a esto la empresa ganadora en la licitación tuvo que buscar ayuda en otro de los oferentes que si presentó experiencia.
Evidentemente Glencore no era la más idónea para el desarrollo de esta compleja obra, sin embargo el presidente de Ecopetrol de la época, Isaac Yanovich Farbaiarz y el presidente de la junta directiva de la petrolera Fabio Echeverri Correa y los integrantes de la misma Alberto Carrasquilla y Cecilia María Vélez le dieron el visto bueno para que fuera la encargada de desarrollar el proyecto fijado en 1994.
Los retrasos ya eran evidentes y los sobrecostos iban en aumento año tras año. En 2008 Glencore manifiesta que debido crisis económica mundial tenían que abandonar el proyecto. Argumento que fue avalado de manera casi que inmediata por Ecopetrol quien asumió el 100 por ciento de la obra, comprándole así a la multinacional su 51 por ciento de participación en el complejo proyecto.
Los investigadores establecieron que pese a que no se presentaron los soportes para sustentar la salida del proyecto por parte de Glencore, la junta directiva de Ecopetrol acogió la solicitud. Por estos hechos se investiga la responsabilidad del exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; el actual ministro, Mauricio Cárdenas; el exministro de Minas, Hernán Martínez y el expresidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez.
La Fiscalía General busca establecer si incurrieron en un prevaricato por omisión. En esta línea de investigación se busca determinar porqué pese a estos escuetos argumentos no se tomó la decisión de abrir una investigación interna o de buscar una sanción económica para Glencore por incumplimiento del contrato como lo establecen las leyes nacionales.
Acelerador a fondo
Además de las irregularidades con Glencore, la Fiscalía analiza los documentos que tienen relación con los contratos pagados a CBI, pese a las advertencias hechas por la interventora. Se cancelaron facturas infladas, sin pedir sustento o justificación alguna se ordenó el giro de dinero para el pago de deudas que aparentemente no existían o que ya habían sido superadas.
CBI, como Glencore, no tenía la experiencia para la ejecución de este tipo de proyectos. Son muchos los incumplimientos e irregularidades que se presentaron durante los 21 años que duró la planeación y ejecución de esta obra que trajo más pérdidas que beneficios para las finanzas del país. En los próximos días se tomará una decisión de fondo.
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez ordenó pisar el acelerador en esta investigación por lo que se nombraron a cuatro fiscales especializados quienes evalúan las pruebas documentales y testimoniales recolectadas durante la pasada administración. Los investigadores quienes establecer de manera individual y grupal la responsabilidad de 30 personas entre las que se encuentran ministros, funcionarios, directivas de Ecopetrol.