¿Qué pasó en el Consejo de Ministros del 7 de noviembre de 1985?

El acta No. 176 contiene todos los detalles de la sesión extraordinaria celebrada en la Presidencia de la República entre el presidente Belisario Betancur y su cuerpo ministerial para tratar el tema de la operación de recuperación del Palacio de Justicia. En el encuentro, que inició a las 9 de la mañana, se presentó un balance de la situación y se escucharon propuestas frente al plan de acción que se iba a desarrollar de ahí en adelante.

El debate central de la reunión fue abrir una puerta de diálogo con los guerrilleros con el fin que se rindieran, además de la liberación de los rehenes que se encontraba en el edificio que la noche anterior había ardido en llamas. El jefe de Estado le dio la palabra a todos sus ministros con el fin de conocer su posición frente a la no negociación con subversivos.

“El jefe de Estado insiste en que el gobierno está haciendo lo que se debe hacer, que las Fuerzas Armadas y de Policía que no han cometido ningún error y que se ha obrado con gran coordinación. Expresa asimismo que la Cruz Roja ha recibido y seguirá recibiendo todas las garantías para el desarrollo de su labor humanitaria”, señala uno de los apartes del acta.

En la mañana de ese jueves 7 de noviembre el Presidente se había reunido con los miembros de las Fuerzas Armadas en el Cantón Norte, igualmente había dialogado telefónicamente con los expresidentes de Colombia, los presidentes del Senado y Cámara de Representantes, y los candidatos a la presidencia.

“El Presidente de la República expresa que en sus conversaciones le han sugerido que se busque el diálogo con los ocupantes del Palacio. Que él quisiera saber la opinión de los Ministros, pero que de todas formas sí se dialoga es para buscar la rendición de los subversivos, pues en ningún caso se negociará, ni se pactará con ellos”.

El ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe y la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada manifestaron su apoyo a mantener la política establecida para no negociar con los comandantes del M-19 y si se tenía un contacto con ellos el mensaje era claro: la rendición. Los dos sostuvieron que se debían continuar las operaciones militares.

El papel de la Cruz Roja empezó a integrarse al debate. La posición para que el organismo humanitario pudiera ingresar al Palacio de Justicia con un menaje para el comandante guerrillero para que conozca la posición del Gobierno y la propuesta para que se rindan y entreguen las armas.

La importancia del mensaje consistía en evitar la prolongación del enfrentamiento bélico entre la Fuerza Pública y los guerrilleros puesto que esto ponía en riesgo la vida e integridad de los rehenes. En el acta se resalta que tras finalizar la primera parte del encuentro se deja constancia del apoyo ministerial a la posición del Presidente.

“Se escucha la narración de la radio que indica que se ha presentado el desenlace de la tragedia. El Consejo escucha en silencio absoluto. Se recibe información de diferentes fuentes”, precisa uno de los apartes del acta del Consejo de Ministros celebrado en la Casa de Nariño.

El retiro de la seguridad del Palacio de Justicia

En medio de la discusión el ministro de Justicia, Enrique Parejo González manifestó la necesidad de investigar el retiro de la Fuerza Pública del Palacio de Justicia pocas horas antes que el M-19 ingresara al edificio ubicado en el centro de la capital de la República en la mañana del 6 de noviembre de 1985.

Parejo señaló que pese al conocimiento de un plan por parte del M-19 para tomarse el Palacio y a las amenazas que habían recibido constantemente los magistrados de manera injustificable se retiró “la fuerza que el Das y la Policía habían asignado para la protección de la Corte y del Consejo de Estado”.

“Yo creo que se ha pagado un alto costo. Se presiente que han fallecido por lo menos ocho magistrados. El país, pero sobre todo, la justicia difícilmente se recuperarán de este golpe. En vista de las amenazas contra la Corte Suprema, se había estructurado un plan de protección, pero parece que aunque esa protección no existía”, insistió el ministro de Justicia.

Agregó que el acercamiento con Andrés Almarales, el jefe guerrillero que estaba comandando el operativo, se frustró debido a la decisión de la Fuerza Pública de ocupar el cuarto piso en donde se encontraban los rehenes, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

“Si bien a juicio de la historia será muy severo frente a estos hechos, lo va a ser también el juicio de la opinión nacional y el de la Rama Jurisdiccional, que sin duda van a culpar al Gobierno de imprevisión en el manejo de esta emergencia. Por ende, y para que no quede duda alguna respecto al comportamiento del gobierno”.

Por esto reiteró que se investigue todo lo acontecido en los días previos y en el abuso de la fuerza en el operativo, propuesta que fue apoyada por el ministro de Defensa. Poco tiempo después de esta discusión se registra el nuevo ingreso del presidente Belisario Betancur.

Ya en ese momento eran conscientes que sus actuaciones iban a ser cuestionadas por la opinión pública por lo que se decidieron tomar las medidas justas dirigidas a respaldar el actuar presidencial. Debido a esto se dejó constancia de todas las decisiones que se habían tomado y el apoyo del cuerpo ministerial.

El sacrificio de los magistrados

En medio del debate el ministro del Trabajo aseguró que el sacrificio de los magistrados no iba a ser en vano. “El sacrificio de los magistrados a unificado a toda la Nación alrededor de un gobierno democrático y de una Rama Judicial que una vez más se ve golpeada por los enemigos del Estado. El sacrificio no será inútil”.

Se deja constancia del sacrificio además de los policías y militares que hicieron parte del operativo de recuperación y que resultaron muertos y heridos en la acción. Para los ministros era necesario tomar una medida dirigida a proteger la continuidad de las labores de la Corte Suprema y Consejo de Estado.

“El magistrado Reyes era amigo personal mío, era como un hermano para el Director de la Policía. Su sacrificio me duele pero también me duele profundamente la muerte de 6 de mis hombres y las heridas de otros 19. Estas se agregan a la ya larga lista de víctimas de las Fuerzas Armadas”, señaló el ministro de Defensa.

El acta No. 176 contiene todos los detalles de la sesión extraordinaria celebrada en la Presidencia de la República entre el presidente Belisario Betancur y su cuerpo ministerial para tratar el tema de la operación de recuperación del Palacio de Justicia. En el encuentro, que inició a las 9 de la mañana, se presentó un balance de la situación y se escucharon propuestas frente al plan de acción que se iba a desarrollar de ahí en adelante.

El debate central de la reunión fue abrir una puerta de diálogo con los guerrilleros con el fin que se rindieran, además de la liberación de los rehenes que se encontraba en el edificio que la noche anterior había ardido en llamas. El jefe de Estado le dio la palabra a todos sus ministros con el fin de conocer su posición frente a la no negociación con subversivos.

“El jefe de Estado insiste en que el gobierno está haciendo lo que se debe hacer, que las Fuerzas Armadas y de Policía que no han cometido ningún error y que se ha obrado con gran coordinación. Expresa asimismo que la Cruz Roja ha recibido y seguirá recibiendo todas las garantías para el desarrollo de su labor humanitaria”, señala uno de los apartes del acta.

En la mañana de ese jueves 7 de noviembre el Presidente se había reunido con los miembros de las Fuerzas Armadas en el Cantón Norte, igualmente había dialogado telefónicamente con los expresidentes de Colombia, los presidentes del Senado y Cámara de Representantes, y los candidatos a la presidencia.

“El Presidente de la República expresa que en sus conversaciones le han sugerido que se busque el diálogo con los ocupantes del Palacio. Que él quisiera saber la opinión de los Ministros, pero que de todas formas sí se dialoga es para buscar la rendición de los subversivos, pues en ningún caso se negociará, ni se pactará con ellos”.

El ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe y la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada manifestaron su apoyo a mantener la política establecida para no negociar con los comandantes del M-19 y si se tenía un contacto con ellos el mensaje era claro: la rendición. Los dos sostuvieron que se debían continuar las operaciones militares.

El papel de la Cruz Roja empezó a integrarse al debate. La posición para que el organismo humanitario pudiera ingresar al Palacio de Justicia con un menaje para el comandante guerrillero para que conozca la posición del Gobierno y la propuesta para que se rindan y entreguen las armas.

La importancia del mensaje consistía en evitar la prolongación del enfrentamiento bélico entre la Fuerza Pública y los guerrilleros puesto que esto ponía en riesgo la vida e integridad de los rehenes. En el acta se resalta que tras finalizar la primera parte del encuentro se deja constancia del apoyo ministerial a la posición del Presidente.

“Se escucha la narración de la radio que indica que se ha presentado el desenlace de la tragedia. El Consejo escucha en silencio absoluto. Se recibe información de diferentes fuentes”, precisa uno de los apartes del acta del Consejo de Ministros celebrado en la Casa de Nariño.

El retiro de la seguridad del Palacio de Justicia

En medio de la discusión el ministro de Justicia, Enrique Parejo González manifestó la necesidad de investigar el retiro de la Fuerza Pública del Palacio de Justicia pocas horas antes que el M-19 ingresara al edificio ubicado en el centro de la capital de la República en la mañana del 6 de noviembre de 1985.

Parejo señaló que pese al conocimiento de un plan por parte del M-19 para tomarse el Palacio y a las amenazas que habían recibido constantemente los magistrados de manera injustificable se retiró “la fuerza que el Das y la Policía habían asignado para la protección de la Corte y del Consejo de Estado”.

“Yo creo que se ha pagado un alto costo. Se presiente que han fallecido por lo menos ocho magistrados. El país, pero sobre todo, la justicia difícilmente se recuperarán de este golpe. En vista de las amenazas contra la Corte Suprema, se había estructurado un plan de protección, pero parece que aunque esa protección no existía”, insistió el ministro de Justicia.

Agregó que el acercamiento con Andrés Almarales, el jefe guerrillero que estaba comandando el operativo, se frustró debido a la decisión de la Fuerza Pública de ocupar el cuarto piso en donde se encontraban los rehenes, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

“Si bien a juicio de la historia será muy severo frente a estos hechos, lo va a ser también el juicio de la opinión nacional y el de la Rama Jurisdiccional, que sin duda van a culpar al Gobierno de imprevisión en el manejo de esta emergencia. Por ende, y para que no quede duda alguna respecto al comportamiento del gobierno”.

Por esto reiteró que se investigue todo lo acontecido en los días previos y en el abuso de la fuerza en el operativo, propuesta que fue apoyada por el ministro de Defensa. Poco tiempo después de esta discusión se registra el nuevo ingreso del presidente Belisario Betancur.

Ya en ese momento eran conscientes que sus actuaciones iban a ser cuestionadas por la opinión pública por lo que se decidieron tomar las medidas justas dirigidas a respaldar el actuar presidencial. Debido a esto se dejó constancia de todas las decisiones que se habían tomado y el apoyo del cuerpo ministerial.

El sacrificio de los magistrados

En medio del debate el ministro del Trabajo aseguró que el sacrificio de los magistrados no iba a ser en vano. “El sacrificio de los magistrados a unificado a toda la Nación alrededor de un gobierno democrático y de una Rama Judicial que una vez más se ve golpeada por los enemigos del Estado. El sacrificio no será inútil”.

Se deja constancia del sacrificio además de los policías y militares que hicieron parte del operativo de recuperación y que resultaron muertos y heridos en la acción. Para los ministros era necesario tomar una medida dirigida a proteger la continuidad de las labores de la Corte Suprema y Consejo de Estado.

“El magistrado Reyes era amigo personal mío, era como un hermano para el Director de la Policía. Su sacrificio me duele pero también me duele profundamente la muerte de 6 de mis hombres y las heridas de otros 19. Estas se agregan a la ya larga lista de víctimas de las Fuerzas Armadas”, señaló el ministro de Defensa.