"Que respondan los responsables": Judicatura

Tras el informe de la Contraloría, que rajó la gestión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los magistrados de la entidad cuestionada respondieron públicamente a la auditoría. Afirmaron que acataban el informe, aunque no lo compartían. Indicaron que la nueva sala no tuvo injerencia en decisiones anteriores y que en caso de haber existido anomalías, que los responsables deben asumir su culpa de manera individual.

En medio de su pronunciamiento también fueron críticos al señalar que no estaban de acuerdo con algunas conclusiones como las que dieron frente a los resultados del plan de descongestión de la justicia en el país. Mientras la Contraloría expresó que no existían resultados por falta de planeación y control, la sala administrativa indicó que sí hubo resultados ya que se logró evacuar casi 772 mil procesos que estaban represados.

Las supuestas irregularidades se detectaron tras la reciente auditoría en la que descubrieron 116 hallazgos administrativos, de los cuales siete tienen alcance fiscal, 15 tendían alcance disciplinario y uno podría tener alcance penal. El estudio se concentró en analizar la gestión de la entidad en materia de contratación y de control, en la que encontraron cantidad de inconvenientes que podrían generar un detrimento patrimonial para las arcas del Estado.
Como presuntos responsables del desorden que encontraron en el organismo de justicia, el ente de control apunta a los magistrados José Alfredo Escobar, Hernando Torres y el exdirector ejecutivo de Administración Judicial, Juan Carlos Yepes Alzate, a quienes la Contraloría les abrirá una investigación preliminar para determinar su posible responsabilidad en las faltas que se descubrieron en la entidad.

En el informe se habla de debilidades en el cumplimiento del estatuto de contratación de la Judicatura, lo que derivó posibles sobrecostos por falta de planeación, seguimiento y control; ineficiencia en el sistema de Control interno de la entidad, especialmente en los procesos para la gestión de contratación; fallas en la ejecución y seguimiento de los procesos de infraestructura física en diferentes ciudades; problemas en los planes de descongestión judicial, que sigue sin tener mayores mejoras, y fallas en la adquisición de infraestructura tecnológica. Para la Contraloria, estos son algunos de los hechos que motivan la investigación contra los funcionarios.

El pronunciamiento

El encargado de dar a conocer la posición de la Judicatura fue Néstor Raúl Correa Henao, presidente encargado de la entidad, quien leyó anoche un comunicado en el que aclaró que las presuntas irregularidades que encontró el ente fiscal corresponden a periodos anteriores y nada tiene que ver la actual sala. “Los presuntos casos de responsabilidad encontrados por la Contraloría deberán ser asumidos a título individual por las personas que esta entidad de control identifica”, dijo.

Lo que sí defendió con vehemencia fue el plan de descongestión, de la cual dice que, contrariamente a lo expresado por la Contraloría, “ha producido importantes resultados. En efecto, las medidas de descongestión adoptadas por la Sala han logrado reducir el inventario en 771.261 procesos en los últimos tres años y en 337.180 procesos en los primeros nueve meses de este año, atendiendo por esta vía el 22% de la demanda total de justicia en Colombia. Además esas medidas lograron disminuir los costos por proceso, pasando de $3.477.622 en el año 2007 a sólo $408.347. Y actualmente el índice de evacuación es del 118%, o sea que hoy por cada cien procesos que ingresan, se terminan 118 procesos”, expresó Correa Henao.

El magistrado celebró la gestión de los organismos de control sobre la gestión pública y la vigilancia sobre los recursos públicos. Sin embargo, criticó que no se hubieran tenido en cuenta las explicaciones que la Sala Administrativa envió el pasado 15 de diciembre a la Contraloría. “Las explicaciones y la defensa de esta Sala no fueron escuchadas. En todo caso, la nueva Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra hoy en día comprometida con el riguroso cumplimiento del más alto estándar ético y jurídico que su labor exige”, concluyó.

Las irregularidades:

- Congestión

La congestión que aún se padece en muchos de los despachos judiciales del país fue una de las críticas. La Contraloría, tras estudiar la gestión que se adelantó para solucionar este problema, consideró que no se cumplieron los objetivos y metas del plan que se tenía establecido para sacar adelante miles de procesos represados en los juzgados. Esto “genera la falta de solución pronta y definitiva de los procesos en conocimiento en las diferentes jurisdicciones”, dice el informe.

Según el informe de auditoría, durante el año la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha invertido casi $500 mil millones en planes de descongestión para resolver procesos represados en los de despachos judiciales. Sin embargo, hasta la fecha no se han obtenido los resultados previstas en estos planes, por lo que en muchos Consejos Seccionales de la Judicatura se siguen registrando altas cifras de congestión.

Señala el informe que esto “evidencia una inversión de recursos carente de planeación, que no se soportó en seguimientos y controles efectivos, como tampoco presenta procedimientos adecuados a las necesidades, situación que la convierte en una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica, generando la perdida efectiva de los recursos invertidos e incrementando el riesgo en la prestación del servicio público de justicia”.

- Infraestructura

Otro de los elementos en los que se rajó el órgano administrativo de la justicia fueron los proyectos de infraestructura que adelantó el Consejo Superior de la Judicatura, que presentan retardos en la ejecución de los contratos de obra. Dice la Contraloría que “las demoras en los contratos no se encuentran debidamente justificadas y en la mayoría de los casos se soportan en obras que no resultan necesarias ni encaminadas al mejoramiento en la prestación del servicio”.

En estos proyectos la inversión ha superado los $80 mil millones. Obras como los palacios de Justicia de Cali, Manizales, Casanare y Putumayo presentan atrasos en los trabajos, que han generado posiblemente detrimento al obligar a incurrir en gastos como arrendamientos para mantener funcionando los despachos judiciales. Esto lo calificó el ente fiscal como algo antieconómico para la justicia.

Uno de los ejemplos es el Palacio de Justicia de Mocoa, cuya construcción se inició en el año 1996, con una proyección de valor de obra de $1.800 millones y solo se terminó en el 2010, con una inversión real de casi ocho mil millones de pesos. A esto se suman un posible sobrecostos del 50% en el Palacio de Justicia de Yopal y de casi 300% en las obras del Palacio de Justicia de Cali.

- Contratos

En hechos puntuales, la auditoría criticó el desabastecimiento de insumos de impresión para algunos los despachos Judiciales. Para la Contraloría, esta situación puso en riesgo el normal funcionamiento de los juzgados por falta de herramientas de trabajo, algo que revela las deficiencias en las labores de planeación.

También reveló que en la Judicatura adjudicaron un contrato para suministro de papelería y útiles por $198 millones de pesos, sin tener en cuenta que existía una cotización por la mitad de este valor ($99 millones), por lo que podría existir un presunto daño patrimonial.

Frente al manejo del contrato para suministro de tiquetes aéreos, se encontró que la firma contratista cobró 14 facturas de venta sin presentar los soportes del uso de los tiquetes. “Esto evidencia debilidad en los mecanismos de control para la verificación de los recursos ejecutados por este concepto”, puntualizó.