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La Corte Constitucional tumbó el decreto número 11 del conjunto creado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para la emergencia económica, social y ecológica que fue declarada en La Guajira. En este caso, el decreto creaba medidas especiales para la atención de niños y niñas en primera infancia y de madres gestantes que se encontraran en estado de desnutrición o riesgo de estarlo.
(En contexto: Ya son diez los decretos tumbados por la emergencia en La Guajira)
El decreto 1272 del 31 de julio de 2023 buscaba que se entregaran transferencias monetarias a las familias que tuvieran niños o niñas en condiciones de desnutrición, así como a las madres gestantes, que serían, según el gobierno, los más afectados por la escasez de agua, entre otras medias especiales.
La Sala Plena del alto tribunal consideró que no existía conexión entre el decreto 1272 y el decreto madre, que estableció la Emergencia Económica, Social y Ecológica, en lo referente a un posible agravamiento de la crisis humanitaria por la escasez de agua en el departamento, debido a esto decidió no darle un efecto diferido a un año como ha hecho con otros decretos.
Por este motivo, la Corte decidió echar para atrás de manera inmediata las medidas que ya se tomaron. Sin embargo, aclaró que aquellas entregas monetarias que ya se han realizado no serán exigidas de vuelta “por razones de seguridad jurídica y por el derecho a la confianza legítima en cabeza de sus receptores”, explicó la Sala.
En esta discusión, dos magistrados salvaron y aclararon su voto: la magistrada Natalia Ángel Cabo explicó que decidió apartarse de la decisión, puesto que para ella sí existía una relación entre la población vulnerable objeto del decreto y la crisis humanitaria que se puede generar alrededor del agua, aunque el decreto no mencione el acceso a este recurso directamente, lo que permitiría darle un efecto diferido.
Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cortés González consideró que a este decreto se le debía dar un efecto diferido, puesto que el apoyo monetario a familiar con personas en estado de desnutrición “guardaba relación no solo con la garantía del derecho al agua, sino que promovía el acceso a otros derechos fundamentales tales como la alimentación y el mínimo vital, los cuales se encuentran íntimamente relacionados”.
(En contexto: Corte Constitucional tumba el decreto de Petro de estado de emergencia en La Guajira)
Previo a esta decisión ya se habían tumbado 10 decretos, iniciando con el decreto madre con el que se estableció la emergencia ambiental en La Guajira. Posteriormente, el alto tribunal se pronunció sobre un paquete de cuatro decretos más, estos hablaban sobre recuperar las Salinas Marítimas de Manaure, la modificación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, la protección de la riqueza cultural del pueblo Wayuu y la creación de una institución de educación superior indígena Wayuu, así como el decreto que buscaba adelantar la reforma a la salud en el departamento.
El 9 de noviembre se sumaron los decretos que hablaban sobre la transición energética en el departamento y las medidas para garantizar el acceso al agua y finalmente dos mas que hablaban de agricultura, desarrollo rural y sobre los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y el uso de estos recursos.
La caída de los decretos venía cantada por la Corte desde que el pasado 2 de octubre, cuando la Sala Plena, echó abajo el decreto 1085 de 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”, el cual consideró que no era acorde a la Constitución. En esa decisión, la Corte señaló que los demás decretos expedidos en el marco del Estado de Emergencia tendrían, uno a uno, un efecto retroactivo.
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