Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Luego de varios aplazamientos, el Juzgado 50 de Garantías de Medellín tomó una decisión en el denominado caso Aguas Vivas, que involucra al exalcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero Calle, y a otros 10 exfuncionarios de su administración. El juez del caso declaró que la imputación realizada por la Fiscalía contra el exmandatario local por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, sí fue ajustada a derecho y procedente.
La audiencia de imputación de cargos inició el pasado 8 de abril, cuando la fiscal encargada del caso, Yarlecy Mena Benítez, expuso los hechos por los cuales tanto Quintero como sus exfuncionarios debían responder ante la justicia por las irregularidades de contratación en el predio de Aguas Vivas. Sin embargo, el equipo de defensa del exmandatario local argumentó que la imputación no se hizo de forma adecuada, dejando varias inconsistencias en el aire.
El pasado 21 de abril, el juzgado antioqueño reanudó la diligencia y le permitió a la Fiscalía profundizar los hechos jurídicamente relevantes en los que se relaciona a Quintero y sus antiguos subalternos en las irregularidades. El togado le pidió a la fiscal Mena Benítez precisar la participación de cada uno de los presuntos implicados, qué cargo ocupaban al momento de cometer los ilícitos y puntualizar las actuaciones ilegales que, al parecer, habrían cometido.
Luego de escuchar a la fiscal, el juez del caso les comunicó a los implicados que, a partir de este martes, están en calidad de imputados, y respaldó la imputación que adelantó la Fiscalía: “Las imputaciones fueron fácticas (...) Han quedado claros aquí los hechos narrados por la Fiscalía”. Ninguno de los ahora imputados aceptó los cargos en su contra y, por el contrario, se declararon inocentes, incluido al exalcalde Quintero Calle.
Cabe recordar que la Fiscalía, en su exposición del caso para sustentar la imputación, dividió la investigación en dos bloques diferentes. El primero está ligado a los funcionarios que son presuntos coautores del delito de interés indebido en la celebración de contratos. En esta primera fase expuesta por la delegada del ente investigador resaltan los siguientes exfuncionarios ahora imputados:
Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Aletia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores.
Entretanto, en el segundo bloque, la Fiscalía determinó que Quintero Calle y Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario general de la Alcaldía de Medellín, son posibles autores de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. Así mismo, el juzgado antioqueño determinó que Juan Diego de Jesús Moreno Varón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez fueron imputados como coautores intervinientes del delito de peculado.
Durante la comunicación de la decisión del juez, el exalcalde Quintero intentó intervenir, pero el togado le apagó el micrófono. “No, señor Quintero, ya el día de ayer usted tuvo la oportunidad las observaciones, dejar las constancias”, le dijo el juez al exmandatario. Ahora, los imputados deberán enfrentar una audiencia de acusación y, en caso de ser acusados formalmente, podrían enfrentar un juicio, donde deberán probar su inocencia.
El caso Aguas Vivas
El expediente de Aguas Vivas, como contó El Espectador, tiene su génesis el 27 de diciembre de 2019, bajo la administración del hoy alcalde Federico “Fico” Gutiérrez, cuando la Alcaldía de Medellín firmó una escritura pública con las empresas IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y con el ciudadano, Juan Manuel Villegas. En ella, las partes llegaron al acuerdo de ceder el predio conocido como Aguas Vivas, a cambio de compensar obligaciones urbanísticas.
En palabras menos técnicas, se trata de una indemnización que hacen todas las constructoras, a cambio de poder desarrollar proyectos en la ciudad y en zonas de interés público. En últimas, una especie de transacción a futuro que hicieron las empresas y Villegas para que, cuando estuvieran listos sus proyectos, el requisito de entregar bienes, bajo el nombre de “obligaciones urbanísticas”, ya estuviera chuleado.
Hasta ahí, un proceso administrativo sin ningún lío. El problema vino después, cuando, tras la pandemia por el covid-19 que afectó con especial fuerza a empresas constructoras, ni IDC Inversiones, Técnicas Constructivas ni Juan Manuel Villegas tuvieron proyectos en Medellín para compensar con el predio que ya habían entregado.
Aguas Vivas quedó en la lista de los bienes en poder de la Alcaldía de Medellín y, cuando fue momento de hacer planes para la ciudad, el nuevo alcalde, Daniel Quintero, resolvió que en ese predio podía desarrollar un ambicioso proyecto. Lo llamó el “valle del software” y lo proyectó como un programa de ciencia y tecnología que tendría sedes en varios lugares de la ciudad.
Ahí empezó el problema. Como el predio había sido entregado de manera gratuita, para compensar obras que nunca se hicieron, sus dueños reclamaron lo que consideraron que era de ellos. En los papeles, el predio Aguas Vivas era de la administración de Medellín, pero, como había sido cedido completamente gratis, sus propietarios reclamaron los títulos.
Los dueños, IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y Juan Manuel Villegas, trataron de conciliar. A instancias de la Alcaldía de Quintero, las partes llegaron a un acuerdo: anular la cesión gratuita, lo que implicaba devolver el predio a sus dueños, pero firmando otro negocio para que la administración pudiera comprar oficialmente el terreno.
Para la Fiscalía, el alcalde Quintero y otros de sus funcionarios cometieron los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros. Primero, dice la fiscal, porque para desarrollar el famoso “valle del software”, la administración modificó ilegalmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. Y segundo, porque, al permitir que el terreno de Aguas Vivas se utilizara para proyectos urbanísticos, hoteleros y de turismo, supuestamente beneficiaron a terceros interesados en el negocio. De hecho, el predio, dice el ente investigador, pasó de costar $2.700 millones a más de $40.509 millones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
