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Luego de más de 60 días de audiencias del juicio contra Álvaro Uribe Vélez, este lunes 28 de julio la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia Aranda, declaró culpable al expresidente por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
Durante largas jornadas, a través de varios testigos, la Fiscalía intentó demostrar que Uribe, por medio del abogado Diego Cadena, buscó sobornar a varios paramilitares para que declararan a su favor y en contra del senador Iván Cepeda. En paralelo, la defensa del político alegó que las coimas no existieron, o que se dieron a sus espaldas, y que por el contrario, todo ha sido una persecución política contra el exmandatario.
Con un fallo de primera instancia, será el turno del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá resolver en segunda instancia la apelación que ya anunció que presentará la defensa de Uribe antes del 11 de agosto, plazo máximo para ello. Será el Tribunal el que deberá tomar la última decisión a puertas de la prescripción del caso el próximo 8 de octubre.
El complejo expediente del caso Uribe —que inició en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia aseguró que había sospechas de que el expresidente había manipulado testigos—, ha contado con múltiples personajes, desde los testigos, hasta las víctimas y el mismo procesado. El Espectador hizo una recopilación de quién es quién en el juicio del primer expresidente de Colombia condenado en la historia reciente.
El procesado
¿Quién es Álvaro Uribe Vélez?
La historia judicial que encontró culpable al expresidente Uribe Vélez comenzó hace más de una década, cuando el líder del Centro Democrático denunció al senador Iván Cepeda. En 2012, Uribe señaló al congresista de abusar de su función pública, calumnia agravada y fraude procesal.
El detonante fue la publicación de los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes afirmaban que el expresidente habría tenido vínculos con grupos paramilitares en Antioquia.
Sin embargo, esa denuncia terminó por volverse en su contra. El 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia concluyó que Cepeda no había cometido delito alguno y, por el contrario, encontró indicios de que Uribe habría manipulado testigos para desprestigiar al senador opositor.
Ese día se invirtieron los papeles: el acusador se convirtió en investigado, en lo que luego sería considerado uno de los giros más relevantes en la historia judicial del país. El 8 de octubre de 2019, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente, abriendo formalmente una investigación por la presunta manipulación de testigos.
El 3 de agosto de 2020, la misma Sala ordenó su detención domiciliaria. Era la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente era privado de la libertad por orden judicial. Quince días después, el 18 de agosto de 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado, lo que implicó que su expediente pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía.
Desde entonces, el caso se convirtió en una batalla jurídica marcada por decisiones controvertidas y acusaciones de favorecimientos políticos. Francisco Barbosa, amigo íntimo del expresidente Iván Duque y entonces fiscal general, nombró como encargado del proceso a Gabriel Jaimes.
El 5 de marzo de 2021, Jaimes solicitó la preclusión del caso argumentando que no había pruebas suficientes para llevar a Uribe a juicio. Sin embargo, el 28 de abril de 2022, un juez de conocimiento negó esa solicitud al considerar que sí existían elementos para un juicio penal.
La Fiscalía insistió. El 2 de agosto de 2022, el fiscal Javier Cárdenas volvió a solicitar el cierre del caso. Pero el 24 de mayo de 2023, otro juez volvió a negarlo. Dos intentos fallidos de preclusión terminaron por debilitar la estrategia de Uribe.
La etapa final comenzó el 9 de abril de 2024, cuando la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo decidió llevar formalmente a juicio al expresidente. De esta manera, se despejó el camino hacia el veredicto que se anunció el 28 de julio.
Las víctimas acreditadas
¿Quién es Iván Cepeda?
El 10 de febrero de 2025, la Fiscalía abrió su desfile de testigos con una de las figuras centrales del caso: el senador Iván Cepeda. Desde el estrado en Paloquemao, Cepeda, quien rindió testimonio como víctima y testigo, contó que hizo más de 50 visitas a cárceles del país como parte de su labor en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
En esos recorridos —motivados, entre otras cosas, por la crisis carcelaria y la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional—, sostuvo encuentros con varios exparamilitares que buscaban dar su versión sobre la relación entre el poder político y el paramilitarismo.
Uno de ellos fue Pablo Hernán Sierra, comandante del Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), a quien entrevistó en 2011 en compañía del abogado Franklin Castañeda. Según Cepeda, fue la abogada Mercedes Arroyave quien le sugirió la entrevista con Sierra.
Otro testimonio clave fue el de Juan Guillermo Monsalve, quien señaló a Uribe de participar en la creación del Bloque Metro. Con esos relatos, Cepeda acudió a la Fiscalía y pidió a la entonces fiscal Viviane Morales que abriera una investigación sobre las denuncias. Morales inició el proceso, pero su renuncia poco después dejó los expedientes en suspenso.
Luego en septiembre de 2014, Cepeda llevó ante un debate en el senado las relaciones de paramilitares y políticos. Ese día, la bancada del Centro Democrático se retiró del recinto cuando arrancaron las disertaciones. Las declaraciones de Cepeda derivaron en que Uribe lo denunciara, entre otra cosas, por calumnia agravada. Pero en 2018, la Corte Suprema volteó el tablero y concluyó que era Uribe quien debía ser investigado. Desde entonces, Cepeda ha liderado la bancada de víctimas en el proceso judicial.
¿Quién es Eduardo Montealegre?
El enfrentamiento entre Luis Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia y exfiscal general, y el expresidente Uribe no es reciente: se remonta a comienzos de los años 2000, cuando como magistrado de la Corte Constitucional, Montealegre tumbó el estatuto antiterrorista, uno de los pilares del entonces presidente Uribe en su política de seguridad democrática.
El 25 de agosto de 2020, junto con Jorge Fernando Perdomo, su segundo en la Fiscalía, radicó una denuncia penal ante la Corte Suprema contra Uribe por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, cometidas por paramilitares en 1997 cuando Uribe era gobernador de Antioquia.
En ese escrito de 93 páginas, acusaron al exmandatario de crímenes de lesa humanidad, incluyendo homicidio en persona protegida, desaparición forzada y desplazamiento forzado agravado.
Montealegre ha insistido en que la omisión de Uribe frente a las advertencias del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado tras alertar sobre las masacres, constituye una responsabilidad penal directa. En noviembre de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá reconoció formalmente a Montealegre como víctima en el proceso penal contra el expresidente Uribe.
¿Quién es Jorge Perdomo?
Jorge Fernando Perdomo fue vicefiscal general y mano derecha de Eduardo Montealegre durante su paso por la Fiscalía. Su nombre figura al lado de Montealegre en la denuncia que ambos interpusieron en 2020 contra el expresidente Uribe, por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja. Al igual que Montealegre, Perdomo fue reconocido en noviembre de 2024 por el Tribunal Superior de Bogotá como víctima en el juicio contra el exmandatario.
¿Quién es Deyanira Gómez?
Hasta hace unos años, Deyanira Gómez era una médica anónima que trabajaba en pequeños municipios de Cundinamarca. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando se convirtió en una pieza clave dentro del juicio contra el exmandatario Uribe. Su relación con el testigo principal del caso, Juan Guillermo Monsalve, la llevó del anonimato al centro del mayor escándalo judicial de las últimas décadas.
La historia entre Gómez y Monsalve, como muchos aspectos de su vida, está envuelta en interrogantes. Según su abogado, Miguel Ángel del Río, ambos se conocieron mientras ella prestaba servicios médicos en la cárcel La Picota, en Bogotá.
De esa relación nació un hijo. Años más tarde, Deyanira no solo sería quien alertara a las autoridades sobre presiones indebidas a Monsalve, sino que también sería blanco de supuestas amenazas y seguimientos que la obligaron a abandonar el país.
Uno de los momentos más relevantes de su participación en el caso ocurrió cuando entregó a la Corte Suprema de Justicia el documento de retractación de Monsalve, en el que este supuestamente acusaba al senador Iván Cepeda de ofrecerle prebendas.
Pero al final del documento, se incluyó una advertencia escrita de puño y letra del testigo: que esa declaración había sido firmada bajo presión. También fue Gómez quien entregó a la justicia el reloj grabadora con el que Monsalve registró conversaciones con el abogado Diego Cadena y con Enrique Pardo Hache, su compañero de celda. Además, participó en una diligencia del CTI en la que grabó a Cadena en una conversación directa sobre las presuntas presiones para que Monsalve favoreciera a Uribe.
Por otro parte, un presunto informe de inteligencia del Ejército, revelado por la revista Semana, señalaba que Gómez había sido objeto de seguimientos por supuestos vínculos con las Farc, debido a que una expareja suya tenía antecedentes como miembro de esa guerrilla.
El abogado Del Río denunció la falta de respuesta institucional ante un derecho de petición al Ejército para aclarar la existencia y legalidad de dicho informe. Hoy, Deyanira Gómez no solo es reconocida como una testigo clave en el juicio contra Uribe, sino también como víctima.
Los testigos del caso
¿Quién es Diego Cadena?
Diego Cadena, abogado penalista, pasó de defender a los capos más temidos del narcotráfico colombiano a ser el delegado del exmandatario para recoger testimonios en cárceles. Por estos hechos, Cadena se encuentra actualmente procesado por los delitos de soborno y fraude procesal, en un juicio que avanza en paralelo al de su antiguo cliente y que está próximo a fallo a mediados de agosto.
La Fiscalía sostuvo que Cadena visitó múltiples cárceles del país para persuadir a exparamilitares de declarar a favor de Uribe, a cambio de beneficios jurídicos o pagos. Uno de esos testigos fue Juan Guillermo Monsalve, quien lo grabó en secreto con un reloj espía en momentos en que, según la acusación, le ofrecía beneficios si se retractaba de las acusaciones contra el expresidente.
Cadena ha negado haber cometido delito alguno: afirma que actuó dentro del marco legal, que no recibió órdenes de Uribe para manipular testigos, y que las pruebas en su contra están tergiversadas.
Su versión choca con la del ente acusador, que lo señaló junto a su socio Juan José Salazar de ofrecer dádivas a testigos como Monsalve y Carlos Enrique Vélez. Las evidencias incluyen interceptaciones, registros de giros a familiares de los reclusos, y las confesiones de los mismos testigos. Según la Fiscalía, esas acciones no solo buscan alterar versiones, sino que fueron una estrategia estructurada con un único beneficiario: Álvaro Uribe Vélez.
El juicio contra Cadena comenzó formalmente en octubre de 2023. Ese mismo año, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial lo sancionó por los sobornos en este caso. Durante su comparecencia más reciente en el juicio de Uribe, el 12 de junio, decidió guardar silencio.
A pesar de los señalamientos, Cadena insiste en su inocencia y asegura que los pagos fueron ayudas humanitarias —como recargas telefónicas o transporte para familiares de presos—, y no sobornos. “Eran giros de 300.000, 200.000 pesos”, dijo en una entrevista radial en 2019, añadiendo que, si su intención hubiera sido manipular testigos, no habría dejado rastros.
Apodado “de día, abogado; de noche, abogángster” —frase extraída de una interceptación telefónica con una exnovia—, Cadena ha construido una carrera polémica desde sus orígenes en Tuluá, epicentro del cartel del Norte del Valle.
Allí se formó como abogado y empezó a representar a figuras como Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel; Diego León Montoya, Don Diego; y Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta. Pese a esa trayectoria, su caso más explosivo no ha sido con narcos, sino con un expresidente.
¿Quién es Juan Guillermo Monsalve?
Más conocido como el testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco o Villegas, esta condenado a 40 años de prisión por delitos como secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Monsalve ha sido, al mismo tiempo, pieza clave de la Fiscalía, blanco de la defensa y centro de una guerra de versiones sobre la verdad del pasado paramilitar en Antioquia.
Juan Guillermo Monsalve es hijo de Óscar Monsalve, quien fue el administrador de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez. Desde la cárcel, declaró que esa finca fue el epicentro de la conformación del Bloque Metro, un grupo paramilitar responsable de masacres y asesinatos en el nordeste antioqueño.
Afirmó que en ese proceso participaron, además de los Uribe, los hermanos Gallón Henao y Luis Alberto Villegas Uribe, todos reconocidos por sus vínculos con sectores ganaderos y políticos de la región.
Más allá de sus acusaciones, Monsalve se convirtió en testigo clave por las pruebas que logró recaudar desde prisión. En un movimiento que marcó un giro en el caso, grabó con un reloj espía al abogado Diego Cadena, contratado por Álvaro Uribe para buscar testimonios en cárceles.
En esas grabaciones, Cadena le habría ofrecido beneficios jurídicos a cambio de que se retractara y declarara a favor del expresidente. Monsalve también entregó conversaciones de WhatsApp en las que Carlos López, alias Caliche, lo contactó desde Neiva (Huila) con el mismo propósito, según dijo, por encargo del entonces congresista Álvaro Hernán Prada.
El material probatorio —grabaciones, chats y testimonios— ha sido uno de los puntos más controvertidos del juicio. Para la Fiscalía, las pruebas son auténticas y demuestran que hubo una estrategia para manipular el testimonio de Monsalve.
La tesis es que Caliche actuó como emisario de Uribe, a través de Prada. En contraste, la defensa sostiene que las grabaciones están manipuladas y que ni Uribe ni Prada delegaron a López: afirman que este actuó por iniciativa propia, motivado por su admiración al expresidente.
Es importante recordar que durante la audiencia de lectura del fallo condenatorio contra Uribe, del 28 de julio, la jueza Heredia señaló que Uribe sí determinó las presiones hacia Monsalve para que grabara un video retractándose de sus acusaciones contra la familia Uribe.
También fue a través del video del reloj espía, que Monsalve pudo demostrar los sobornos que le ofreció Uribe por medio de Diego Cadena. La defensa del expresidente alegó que dichas pruebas estaban alteradas, pero Herida terminó por avalarlas dentro del proceso.
¿Quién es Carlos López, alias Caliche?
Carlos Eduardo López Callejas, conocido como Caliche o Llanero, es uno de los personajes más controversiales en el juicio. Su nombre apareció desde el inicio de la investigación como el hombre que, desde Neiva, intentó convencer al Monsalve de cambiar su testimonio en contra del exmandatario. La Fiscalía lo señaló como parte de una estrategia coordinada para manipular testigos a favor del jefe del Centro Democrático.
Según los registros judiciales, entre el 21 y el 22 de febrero de 2018, López le envió a Monsalve varios mensajes de voz y texto, en los que le pedía grabar un video retractándose y le ofrecía beneficios jurídicos. En esos audios, López afirmaba hablar en nombre del expresidente Uribe.
Posteriormente, en interrogatorio, aseguró que todo lo que dijo eran mentiras creadas por él para lograr la retractación de su viejo amigo. Afirmó que actuó por iniciativa propia, impulsado por su admiración a Uribe, y que nunca recibió instrucciones del expresidente ni de sus allegados.
La Fiscalía sostuvo otra tesis. En su acusación, afirmó que López fue delegado por Uribe, a través del entonces congresista Álvaro Hernán Prada, para contactar a Monsalve y convencerlo de cambiar su versión. Esa teoría se apoya en los audios aportados por el propio Monsalve a la Corte Suprema, donde Caliche habla de supuestos beneficios y menciona contactos con “el presidente”.
La defensa de Uribe, por su parte, aseguró que no existen pruebas que vinculen al expresidente ni a Prada con las actuaciones de López, quien declaró en el juicio el pasado 11 de marzo de 2025. En su testimonio, López confirmó que conocía a Monsalve desde hacía más de una década y que lo visitó en prisión al menos en cuatro ocasiones. Reconoció que le pidió retractarse, pero insistió en que lo hizo por cuenta propia, sin recibir órdenes.
Sobre este hecho del expediente y la participación de Uribe, la jueza señaló que “escenificó toda una escena para exculparse” de cualquier hecho criminal, luego de que supo que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas por la Corte Suprema de Justicia.
¿Quién es Carlos Enrique Vélez, alias Víctor?
En 2017, el abogado Diego Cadena visitó al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido con el alias de Víctor, para pedirle que confirmara una versión que ya había dado en 2016: que el senador Iván Cepeda ofrecía prebendas a exparamilitares para que declararan en contra de Uribe. Vélez ratificó su testimonio, pero al año siguiente se retractó ante la Corte Suprema y aseguró que lo había hecho a cambio de una promesa económica.
Afirmó que Cadena le ofreció $200 millones, que parte de ese dinero fue girado a su familia, y que además le encargaron reclutar a otros exparamilitares que declararan en la misma línea. Vélez dijo que buscó a varios excombatientes, conocidos con los alias de Fosforito, Racumín, Jopra y Diana, para sumarlos a la estrategia.
No obstante, según su declaración, Cadena le incumplió con el total del dinero prometido, pero sí le entregó al menos $26 millones a sus familiares, montos que fueron registrados en pruebas aportadas por la Fiscalía. También afirmó que Euridice Cortés, alias Diana, recibió dinero.
Este incumplimiento fue, según él, lo que lo motivó a contar la verdad. La Fiscalía sostiene que Cadena actuó siguiendo instrucciones del expresidente y que incluso ofreció beneficios jurídicos a cambio de los testimonios. La defensa, por el contrario, asegura que Uribe nunca dio una orden en ese sentido y que desconocía los pagos hechos por su abogado. La jueza Heredia terminó por darle la razón al ente acusador.
¿Quién es Euridice Cortés, alias Diana?
El 10 y 11 de abril, Eurídice Cortés, conocida como Diana, exjefa política de las AUC, rindió testimonio ante el juzgado que lleva el caso contra el expresidente Uribe. Su declaración se extendió por más de diez horas, tiempo en el que detalló sus contactos con los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, defensores del exmandatario, y con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.
Durante la diligencia, la Fiscalía reprodujo audios en los que se escucha a alias Diana intentando convencer a Vélez y a otros exparamilitares de declarar a favor de Uribe y desmarcarlo de cualquier relación con la creación de grupos paramilitares. La fiscal Marlenne Orjuela, delegada ante la Corte Suprema, también expuso conversaciones en las que se habla de entregas de dinero entre Cortés y Vélez.
Diana reconoció haber recibido dos millones de parte de Diego Cadena para viajar desde Manizales (Caldas) hasta Bogotá a rendir testimonio. Aclaró que no fue un soborno ni un intento de alterar su versión, sino un pago de viáticos.
“Nunca lo puse en conocimiento porque no era plata para comprar mi testimonio ni cambiar mi versión ni nada de eso”, dijo ante el estrado. Sin embargo, para la Fiscalía, estos pagos hicieron parte de una estrategia más amplia para inducir testimonios favorables a Uribe.
¿Quién es Hilda Niño Farfán?
En 2020, la exfiscal Hilda Niño fue condenada por recibir sobornos a cambio de favorecer a narcotraficantes que investigaba en su momento. Años después, su nombre volvió a aparecer en los estrados judiciales, esta vez vinculada al expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
De acuerdo con el expediente del caso, Niño habría declarado a favor de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, supuestamente con la intención de obtener beneficios penitenciarios. La exfuncionaria, privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, pidió su traslado argumentando riesgos contra su integridad, solicitud que, según la Fiscalía, habría tramitado a través del abogado Diego Cadena, con conocimiento del entonces senador Uribe.
Durante su intervención en el juicio, Niño también afirmó tener pruebas de presuntas irregularidades cometidas por el exfiscal general Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo en el proceso contra Santiago Uribe, investigado —y finalmente absuelto— por su presunta vinculación con el grupo paramilitar conocido como “los 12 Apóstoles”. Estas afirmaciones fueron determinantes para que Montealegre y Perdomo fueran reconocidos como víctimas dentro del proceso judicial contra Uribe.
En su análisis, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, cuestionó con dureza el comportamiento de la exfiscal. “Es inaceptable que quien otrora representó la administración de justicia […] haya abandonado su obligación de fidelidad a la institución que le amparó, para acto seguido adherirse a un plan criminal que contradice de forma palmaria todo lo que alguna vez defendió”, señaló la togada.
Heredia también hizo énfasis en la conducta reiterativa de algunos testigos, entre ellos Niño, que aseguraron haberse enterado por redes sociales del supuesto interés de Uribe en sus casos. La inclusión de Hilda Niño a la “larga lista de testigos privados de la libertad que desfilaron en favor del acusado, replicando el tan desgastado discurso que ‘yo me enteré del llamado de Uribe Vélez por redes sociales’, es el sello de ilicitud que se estampa en este episodio”, afirmó la jueza.
A pesar de las sospechas, la defensa del exmandatario sostuvo que el traslado de Hilda Niño se hizo por vías legales y sin intervención directa de Uribe. Al no demostrarse de manera concluyente la existencia del soborno siemple, Heredia decidió absolver al expresidente de ese cargo específico, al considerar que persistía una duda razonable sobre la participación del acusado en ese hecho.
Otros testigos: Sinaí, Cadavid y El Poli
La Fiscalía también puso la lupa sobre tres exparamilitares recluidos en la cárcel de Cómbita (Boyacá) en 2018: Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí; Giovanny Alberto Cadavid Zapata, alias Cadavid: y Elmo José Mármol Torregrosa, alias El Poli.
Los tres entregaron en ese momento cartas muy similares al abogado Diego Cadena, en las que afirmaban que en 2012 el senador Iván Cepeda —a través de la abogada Mercedes Arroyave— los había abordado por sorpresa para pedirles declarar en contra de Uribe a cambio de beneficios jurídicos y económicos. Las misivas fueron remitidas a la Corte Suprema, que ya adelantaba una indagación preliminar contra el expresidente.
Sin embargo, hay múltiples hechos que pusieron en duda la veracidad de esos documentos, y así también lo considero la togada Heredia. Primero, ninguna de las cartas fue escrita de puño y letra por los detenidos. Segundo, todas presentaban errores idénticos —como la inversión de los apellidos de la abogada Arroyave Ardila— y relatan hechos ocurridos supuestamente seis años antes, de los cuales ninguno había hablado antes.
Además, quedó probado que Cepeda no los abordó por sorpresa, como afirmaban, sino que acudió a la cárcel por solicitud de los propios internos, quienes deseaban denunciar malos tratos.
El ente acusador sostuvo que Diego Cadena actuó como intermediario de Uribe, que conocía el origen irregular de las cartas y, aun así, las entregó con contenido falso a la Corte Suprema. Según la Fiscalía, Uribe autorizó esa gestión, pese a que sabía que los testigos no eran confiables.
La defensa, por su parte, insistió en que el expresidente solo pidió a su abogado que pusiera en conocimiento de la Corte unas versiones coincidentes de varios exparamilitares, sin ordenar ni conocer la falsedad de su contenido.
La figura de Sinaí cobró aún más relevancia durante la audiencia del 1 de abril, cuando admitió haber mentido ante la Corte Suprema al negar la visita de Diego Cadena a Cómbita. Alegó que se sintió nervioso y presionado por el ambiente en el alto tribunal. “Después me enteré de que él sí había ido aquella vez a la cárcel”, reconoció.
Los abogados de Uribe
¿Quién es Jaime Granados?
Desde el inicio del juicio penal contra Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, el abogado Jaime Granados ha sido el rostro visible de su estrategia de defensa. Como apoderado principal del expresidente, Granados asumió la responsabilidad de demostrar su inocencia ante el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá.
Lo hizo formalmente desde el pasado 5 de mayo, cuando comenzó a presentar testigos, aunque finalmente decidió no llamar a 20 de ellos, argumentando que no era necesario “saturar” el proceso.
¿Quién es Jaime Lombana?
Jaime Lombana hace parte del equipo jurídico que representa al expresidente Uribe Vélez. Actúa como abogado suplente en la defensa y ha sido uno de los voceros más vehementes al afirmar la inocencia del exmandatario. En entrevistas públicas, Lombana ha sostenido que Uribe es la única víctima del proceso penal en su contra.
Aseguró que detrás del caso existe un entramado político y judicial dirigido a “destruirlo políticamente”, mediante lo que califica como un montaje con tintes “estalinistas”. En su opinión, la judicialización del expresidente es el resultado de un mecanismo organizado por contradictores políticos y antiguos enemigos, incluidos exparamilitares extraditados y personas afines al “petronsantismo”.
La fiscal del caso
¿Quién es Marlenne Orjuela?
Marlenne Orjuela Rodríguez fue la fiscal encargada de llevar adelante la acusación contra el expresidente Uribe Vélez. Antes de vincularse a la Fiscalía en 2012, Orjuela integró la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Desde esa posición, en 2011, profirió la condena contra Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Uribe, por su responsabilidad en el escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS. También fue la jueza que ordenó el embargo de bienes de la pirámide de David Murcia Guzmán.
En el caso contra Uribe, asumió después de que el exmandatario solicitara apartar al fiscal Gilberto Villarreal, al considerar que no le brindaba garantías suficientes durante la etapa inicial del proceso. Villarreal había adelantado el caso hasta la audiencia de acusación. Con su llegada, Orjuela se convirtió en la sexta fiscal que asumió competencias en el proceso contra el expresidente.
La jueza
¿Quién es Sandra Heredia?
Desde el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, se escribió una página clave de la justicia colombiana. Allí, con la atención del país entero, la jueza Sandra Liliana Heredia lideró el fallo que hallo culpable a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El proceso aterrizó por reparto en su despacho el 9 de abril de 2024, cuando la Fiscalía radicó el escrito de acusación. Antes del fallo, Heredia había solicitado formalmente a la Judicatura la suspensión del reparto de nuevos procesos, para concentrarse por completo en el expediente del exmandatario. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá acogió su solicitud y ordenó que durante todo julio de 2025 el juzgado no recibiera más casos.
En los más de cinco meses de juicio, la jueza Heredia se opuso a suspensiones injustificadas, negó un aplazamiento a la defensa apenas comenzadas las audiencias orales y rechazó de plano una recusación presentada en su contra. Aunque esta última decisión fue inicialmente respaldada por el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Suprema la obligó a tramitarla formalmente, en aras del debido proceso.
Ahora todos los reflectores están puestos sobre ella y la próxima audiencia del viernes 1° de agosto, donde se conocerá el monto de la pena contra Uribe, y si este pagará prisión domiciliaria. A la espera de esta última decisión, el fallo de la jueza Sandra Heredia logró pasar a la historia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
