"Quieren condenar a Santiago Uribe a punta de falsos testigos": Defensa

Por medio de su cuenta oficial de Twitter la Procuraduría General le respondió al presidente de la República, Juan Manuel Santos quien solicitó una veeduría en el proceso que se adelanta en contra del ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez por su presunta participación en la conformación y expansión del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”.

“Buen día, presidente @JuanManSantos. Desde luego. En este y todos los casos es deber de Procuraduría verificar y garantizar el debido proceso”, trinó el Ministerio Público en la mañana de este martes. El primer mandatario le había pedido al procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado acompañar el proceso que cursa contra el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En diálogo con BluRadio, el abogado Jaime Granados Peña quien defiende los intereses de Uribe Vélez asegura que es evidente que existe un “sesgo político” en la actitud de la Fiscalía General de capturar al ganadero para cumplir una medida de aseguramiento mientras se le resuelve la situación jurídica, es decir si es llamado a juicio o por si el contrario se le archiva el caso. 

Indicó que en la investigación, que cumple 22 años, se presentó un archivó en la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, sin embargo en 2010 se reabrió el caso basándose en el testimonio del mayor (r) Juan Carlos Meneses. “Una persona que es investigada por falso testimonio y que ha intervenido de manera muy cuestionada en otros casos como el de Dilian Francisca Toro”.

Hace tres años apareció el testimonio de Eunicio Pineda Luján quien señaló a Uribe Vélez de tener vínculos con dicho grupo armado ilegal. “Aportó la segunda declaración que ha sido tenido en cuenta en la Fiscalía como comprometedora pero que tiene algo parecido a la del mayor Meneses puesto que es financiada en el exterior por opositores políticos del expresidente Uribe”.

Granados indicó que llama la atención el hecho que la decisión se tome faltando un mes para que se acabe el periodo del actual Fiscal General y en medio de la situación política que vive el país. Comparó este caso con el proceso que se le adelantó al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

“A punta de testigos falsos llevar a la cárcel a una persona inocente”, indicó en la entrevista radial. Para el abogado los testimonios que se han recolectado en la Fiscalía General no tienen credibilidad alguna, puesto que uno de ellos incluso omitió decirle a los investigadores que tenía un expediente psiquiátrico o esquizofrénico, el cual fue validado por el Instituto de Medicina Legal.

Granados asegura que las declaraciones de los excomandantes paramiltares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ y Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ son de oídas. “Estamos ante una situación totalmente precaria, y a ninguna persona se le lleva a la cárcel después de todos estos años sobre unas evidencias tan precarias”.

Frente al caso del excomandante del Bloque Cacique Pipinta de las AUC, alias ‘Pablo Guerrero’, éste aseguró -según el abogado en un juicio- que “no le consta” la relación entre Uribe Vélez y el grupo conformado en el municipio de Yarumal (Antioquia), y el cual es señalado de cometer centenares de homicidios en contra de un grupo preseleccionado de personas señaladas de colaborar con la guerrilla.

Mientras que la declaración de Alexander de Jesús Amaya fue desechada hace 16 años “por las mentiras que dijo (...) No aporta nada nuevo, y de hecho en su no incrimina a Santiago”. En el desarrollo de la investigación, indicó, se entregaron un centenar de pruebas que demuestran que su cliente no tuvo relación con el citado grupo paramilitar.

“A una persona no se le puede someter a un proceso violando la ley, que indica que la Fiscalía tiene 10 días para pronunciarse después de una investigación y en este caso se demora 28 meses en la espera que se va a definir”, precisó Granados Peña en entrevista con Blu Radio.

Finalmente asegura que no entiende la decisión de la Fiscalía General puesto que desde un principio su defendido manifestó que iba a responder ante las autoridades judiciales, cumpliendo las citaciones que le hicieron en estos últimos años.

"Lo que ha ocurrido no es más que una serie de actos continuados de violación a los derechos humanos de Santiago Uribe Vélez. Él como otra persona le asiste el derecho a que se respete al debido proceso y aquí se ha violado de manera flagrante", aseguró. 
 

Por medio de su cuenta oficial de Twitter la Procuraduría General le respondió al presidente de la República, Juan Manuel Santos quien solicitó una veeduría en el proceso que se adelanta en contra del ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez por su presunta participación en la conformación y expansión del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”.

“Buen día, presidente @JuanManSantos. Desde luego. En este y todos los casos es deber de Procuraduría verificar y garantizar el debido proceso”, trinó el Ministerio Público en la mañana de este martes. El primer mandatario le había pedido al procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado acompañar el proceso que cursa contra el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En diálogo con BluRadio, el abogado Jaime Granados Peña quien defiende los intereses de Uribe Vélez asegura que es evidente que existe un “sesgo político” en la actitud de la Fiscalía General de capturar al ganadero para cumplir una medida de aseguramiento mientras se le resuelve la situación jurídica, es decir si es llamado a juicio o por si el contrario se le archiva el caso. 

Indicó que en la investigación, que cumple 22 años, se presentó un archivó en la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez, sin embargo en 2010 se reabrió el caso basándose en el testimonio del mayor (r) Juan Carlos Meneses. “Una persona que es investigada por falso testimonio y que ha intervenido de manera muy cuestionada en otros casos como el de Dilian Francisca Toro”.

Hace tres años apareció el testimonio de Eunicio Pineda Luján quien señaló a Uribe Vélez de tener vínculos con dicho grupo armado ilegal. “Aportó la segunda declaración que ha sido tenido en cuenta en la Fiscalía como comprometedora pero que tiene algo parecido a la del mayor Meneses puesto que es financiada en el exterior por opositores políticos del expresidente Uribe”.

Granados indicó que llama la atención el hecho que la decisión se tome faltando un mes para que se acabe el periodo del actual Fiscal General y en medio de la situación política que vive el país. Comparó este caso con el proceso que se le adelantó al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

“A punta de testigos falsos llevar a la cárcel a una persona inocente”, indicó en la entrevista radial. Para el abogado los testimonios que se han recolectado en la Fiscalía General no tienen credibilidad alguna, puesto que uno de ellos incluso omitió decirle a los investigadores que tenía un expediente psiquiátrico o esquizofrénico, el cual fue validado por el Instituto de Medicina Legal.

Granados asegura que las declaraciones de los excomandantes paramiltares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ y Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ son de oídas. “Estamos ante una situación totalmente precaria, y a ninguna persona se le lleva a la cárcel después de todos estos años sobre unas evidencias tan precarias”.

Frente al caso del excomandante del Bloque Cacique Pipinta de las AUC, alias ‘Pablo Guerrero’, éste aseguró -según el abogado en un juicio- que “no le consta” la relación entre Uribe Vélez y el grupo conformado en el municipio de Yarumal (Antioquia), y el cual es señalado de cometer centenares de homicidios en contra de un grupo preseleccionado de personas señaladas de colaborar con la guerrilla.

Mientras que la declaración de Alexander de Jesús Amaya fue desechada hace 16 años “por las mentiras que dijo (...) No aporta nada nuevo, y de hecho en su no incrimina a Santiago”. En el desarrollo de la investigación, indicó, se entregaron un centenar de pruebas que demuestran que su cliente no tuvo relación con el citado grupo paramilitar.

“A una persona no se le puede someter a un proceso violando la ley, que indica que la Fiscalía tiene 10 días para pronunciarse después de una investigación y en este caso se demora 28 meses en la espera que se va a definir”, precisó Granados Peña en entrevista con Blu Radio.

Finalmente asegura que no entiende la decisión de la Fiscalía General puesto que desde un principio su defendido manifestó que iba a responder ante las autoridades judiciales, cumpliendo las citaciones que le hicieron en estos últimos años.

"Lo que ha ocurrido no es más que una serie de actos continuados de violación a los derechos humanos de Santiago Uribe Vélez. Él como otra persona le asiste el derecho a que se respete al debido proceso y aquí se ha violado de manera flagrante", aseguró.