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Radican acusación contra magistrados de Atlántico por presunta venta ilegal de predios

Los funcionarios habrían avalado un acuerdo conciliatorio que facilitó la venta directa de los predios conocidos como Cuba y Casablanca, ubicados en la vía entre Barranquilla y Puerto Colombia (Atlántico).

Redacción Judicial

09 de abril de 2026 - 12:45 p. m.
La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez y los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado.
Foto: Óscar Pérez
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La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra el exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez y los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, por su presunta participación en la aprobación irregular de un acuerdo que permitió la venta de bienes del Estado.

De acuerdo con el ente acusador, los funcionarios habrían avalado un acuerdo conciliatorio que facilitó la venta directa de los predios conocidos como Cuba y Casablanca, ubicados en la vía entre Barranquilla y Puerto Colombia (Atlántico), pese a que estos se encontraban afectados con medidas cautelares dentro de procesos de extinción de dominio.

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Por estos hechos, la Fiscalía los acusará por los delitos de prevaricato por acción y dos enfrentan cargos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, en concurso heterogéneo, al considerar que su actuación habría favorecido intereses particulares en detrimento del patrimonio público.

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La investigación se remonta a decisiones adoptadas entre 2009 y 2010, cuando, según la Fiscalía, los entonces funcionarios judiciales habrían aprobado la comercialización de los terrenos desconociendo las restricciones legales que pesaban sobre ellos.

Los predios habrían sido vendidos por cerca de COP 3.500 millones, pese a que su valor real superaba los COP 36.000 millones. Esta operación habría generado un detrimento patrimonial cercano a los COP 20.000 millones, especialmente en el caso del predio Casablanca. En cuanto al predio Cuba, el ente investigador señaló que se configuró una tentativa de apropiación, al no haberse concretado plenamente el daño.

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Según los elementos materiales probatorios recaudados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, tanto el exprocurador como los magistrados tendrían conocimiento de las medidas cautelares que afectaban los bienes. A pesar de ello, habrían facilitado la aprobación del acuerdo que permitió su venta.

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