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El fiscal Octavo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, radicó escrito de acusación en contra del ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren y del ex subdirector de Operaciones Eduardo Daza, por su presunta responsabilidad en la persecución emergida desde el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en contra de varios líderes opositores y magistrados de las altas cortes.
Para el representante del ente acusador, la conducta de los funcionarios gubernamentales derivó en su presunta responsabilidad penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad.
El Fiscal Rodríguez señaló en la audiencia de imputación que es claro que el haber iniciado esta persecución buscaba, a como diera lugar, que los magistrados de la Corte fueran vinculados con actividades ilícitas, pues fueron blanco de investigaciones que no contaban con sustento probatorio y que estuvieron sustentadas incluso en información de prensa sin ninguna validez jurídica.
Según los datos obtenidos por el Fiscal del caso, fue la Presidencia la que impartió las órdenes para filtrar a algunos periodistas la información obtenida en los seguimientos, pese a su escaso valor probatorio; de ahí los artículos de prensa en los que se dio cuenta del supuesto vínculo existente entre el ex presidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez y Ascencio Reyes, sindicado de mantener vínculos con el italiano Girogio Sale, acusado de narcotráfico.
El pasado 11 de junio la Juez 26 Penal Municipal de Bogotá con Funciones de Conocimiento, Luz Marina Álvarez, de negó las pretensiones de la defensa para que se les otorgara la detención domiciliaria a los procesados. La operadora jurídica encontró infundados los señalamientos de la Procuraduría, representada por Henry Bustos, que aducía la falta de argumentos en la exposición de la juez 52 Penal con Funciones de Control de Garantías de la capital que, inicialmente, impuso la medida de aseguramiento con detención intramural.
Así mismo, había reiterado que la Fiscalía no demostró que los ex funcionarios constituyeran un peligro para la sociedad y sus presuntas víctimas, por cuanto consideró inviable la imposición de una medida que terminó siendo confirmada por la Juez de Conocimiento.
Por El Espectador
