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Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el director de la Red de Veedurias, Pablo Bustos presentará ante una demanda con el fin de que se abra una licitación pública para el contrato de explotación de la mina de Cerro Matoso en el departamento de Córdoba.
En la acción jurídica se indica que dada la magnitud e importancia de dicho convenio se debe permitir la presencia de varios oferentes, advirtiendo que ante esto el Gobierno no debe permitir la ampliación de dicho contrato para la multinacional que actualmente desarrolla las explotaciones mineras de níquel.
Según el demandante es menester determinar si se han adelantado todos los estudios previos, la viabilidad y legalidad para la prórroga del contrato con el que se busca extender la explotación minera por otros 17 años.
En este sentido se indica que se debe "velar por la garantía de libre concurrencia o pluralidad de los oferentes" con el único objetivo de que se tomen las mejores decisiones para el desarrollo de ese campo en el país.
Ante esto señaló que la Contraloría General ha presentado una serie de informes que han permitido evidenciar que "existen obligaciones vencidas" por parte de la multinacional "en distintas instancias por incumplimientos e ilegalidad".
“Mirar hasta dónde es válido el desarrollo el contrato como se ha ejecutado y cuales serán los nuevos términos en cuanto a que el Gobierno lo conceda ya sea a esta o a otra compañía”, precisó el demandante.
Igualmente indicó que es menester establecer si la actual multinacional ha incurrido en graves fallas e incumplimientos como los pagos de impuestos, regalías, las obligaciones sociales con los habitantes de Montelibano y las obligaciones ambientales como ha sido denunciado en los medios de comunicación.
Por El Espectador
