La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, solicitando que se investigue a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y al magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional.
De acuerdo con la red que dirige el abogado Pablo Bustos, se podría estar hablando de un posible tráfico de influencias en la elección del togado, y, sobre la titular del ente investigador, se menciona que podría haber omitido información en la investigación del caso de la Ungrd, que señala también al magistrado.
La solicitud llegó a la Comisión luego de unos chats revelados por la revista Semana, en los que se evidencian conversaciones entre Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, —quien se encuentra detenida por el desfalco a la Ungrd y a la espera de audiencia de acusación en su contra el 12 de junio —, y el actual magistrado Fernández.
Para entonces, Vladimir Fernández fungía como secretario jurídico de la Casa de Nariño, y ya había sido ternado por el presidente Gustavo Petro —junto a Cielo Rusinque y Gerardo Vega —, para ocupar la silla del exmagistrado Alejandro Linares, quien en ese momento salía del alto tribunal.
Esas conversaciones, de acuerdo con la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, serían una prueba clara de que la elección del magistrado Fernández estuvo “manchada con plata corrupta Ungrd” y solicitan que se investigue si se “manipuló indebidamente su triunfo y designación como magistrado de la Corte Constitucional”.
“Por solicitud reiterada de la ciudadanía (...) se solicita adelantar la investigación penal, disciplinaria y el juicio de responsabilidad política, a fin de determinar si los hechos constituyen o no posibles infracciones de las normas disciplinarias y de responsabilidad penal”, dice el requerimiento presentado por la Red de Veedurías.
Para la organización, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo habría omitido información clave tras recibir el testimonio de Sandra Ortiz, quien le habría dicho a los investigadores del caso que, al parecer, los $3.000 millones entregados al expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, tenían como objetivo facilitar la elección de Fernández en el Congreso.
“Se inicie investigación penal y disciplinaria contra la actual fiscal general de la Nación, doctora Luz Adriana Camargo, a fin de determinar si la misma manipuló indebidamente su elección (de Fernández) como tal, conforme a se desprende de declaraciones de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz”, resume la solicitud de la Red.
El pasado 9 de abril, la Fiscalía le cerró las puertas a Sandra Ortiz para suscribir un principio de oportunidad a cambio de inmunidad total en su caso. Para el ente investigador, los aportes de la exfuncionaria fueron “confusos y contradictorios”, y no soportó sus afirmaciones con evidencias objetivas concretas.
Ante este panorama, precisó la Fiscalía, la procesada manifestó su intención de hacer pública la información que dice conocer sobre el entramado. Esto “lo hace hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial”, recalcó la entidad a través de un comunicado de prensa en su momento.
Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que la exfuncionaria aseguró que tiene cómo probar su inocencia, y que iría a los medios de comunicación a contar todo lo que sabe de las supuestas irregularidades en la elección del magistrado Fernández. No obstante, hasta ahora solo ha compartido chats de conversaciones con el senador Name y Fernández, pero sin ningún soporte que evidencie las irregularidades.
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