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En los próximos días el presidente de Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bastos presentará ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General una serie de acciones jurídicas en contra del expresidente de la República, Ernesto Samper Pizano y el exministro Horacio Serpa Uribe tras las nuevas revelaciones por el llamado proceso ocho mil.
En las denuncias se tendrá como base las declaraciones rendidas por William Rodríguez Abadia, hijo del exjefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela en la que indicó que el exmandatario pagó un millón de dólares para que se archivara la investigación que se adelantaba en su contra en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por dicho escándalo durante su Gobierno.
Según Bustos, en el caso de Samper será su juez constitucional el que “deberá formular una ponencia ante la plenaria, para decidir la suerte de esa investigación penal”, indicando que se deben valorar los nuevos elementos materiales probatorios conocidos en los últimos años para determinar si se reabre o no la investigación.
En el caso de los exrepresentantes a la Cámara que en ese entonces hacían parte de la Comisión se le solicitará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que investigue si se presentaron irregularidades en su decisión para archivar esta investigación.
“Los hechos recientemente conocidos dan cuenta que en esa absolución se habrían tramitado por medio de una serie de figuras delictivas, delitos contra administración pública y del Estado. Vemos una figura de encubrimiento, falsedad, falsos testimonio, prevaricato y cohecho”, precisó.
En la acción se solicita que se reabra la investigación en contra de los excongresistas Heyne Mogollón y Luis Octavio Carmona teniendo en cuenta las revelaciones de Rodríguez Abadia presentadas por La FM.
“Ahí se indica que el proceso de juzgamiento del presidente Samper fue una farsa y donde el elefante no estaba a las espaldas sino en las narices”, explicó Bustos.
Para el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas llama la atención el hecho de que estas declaraciones fueron conocidas por las autoridades hace cinco años y hasta la fecha no hayan hecho nada. “Extrañamente la justicia ha caminado de una manera muy lenta”.
Mientras que en el caso del exministro del Interior se le solicitará al fiscal General, Eduardo Montealegre que analicen las pruebas y testimonios que indican una presunta reunión con Fernando Botero Zea en el marco del sonado escándalo.
Por El Espectador
