20 Jul 2021 - 7:58 p. m.

Radicaron proyectos que busca modificar estatutos de arbitraje y conciliación

La iniciativa es del ministro de justicia Wilson Ruiz quien aseguró que es “increíble” que en la jurisdicción ordinaria exista tanta congestión en procesos de conciliación.
La iniciativa es del ministro de justicia Wilson Ruiz quien aseguró que es “increíble” que en la jurisdicción ordinaria exista tanta congestión en procesos de conciliación.
La iniciativa es del ministro de justicia Wilson Ruiz quien aseguró que es “increíble” que en la jurisdicción ordinaria exista tanta congestión en procesos de conciliación.

Este 20 de julio, Wilson Ruiz en cabeza del Ministerio de Justicia radicó dos proyectos de ley con los que pretende modificar los estatutos de arbitraje y conciliación. A juicio del alto funcionario, con estas iniciativas busca que los procedimientos tanto nacionales como internacionales sean más céleres en materia de arbitraje, y que la congestión en las conciliaciones judiciales disminuya.

En cuanto al proyecto de ley que busca modificar el estatuto de arbitraje el alto funcionario resaltó que tiene como objetivo principal establecer límites a los tiempos del trámite arbitral para garantizar el principio de celeridad y la agilidad del proceso, evitando dilaciones. “Hay límites en la suspensión en la primera etapa del proceso arbitral, en la recusación, fijación de honorarios, entre otras”.

Entre otras cosas, Ruiz resaltó que se adoptarán medidas para impulsar el arbitraje internacional, dando garantías de seguridad jurídica y calidad del servicio. Sin contar que se adoptarán tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones arbitrales, para la implementación de medios digitales en ciertas actuaciones.

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El plus en su iniciativa está en que se clarifica varias disposiciones que anteriormente daban lugar, a su juicio, a confusiones. Por ejemplo, los términos para decisión de los tribunales, la acumulación de procesos, la fijación de honorarios y el trámite del recurso de anulación, entre otros.

“Se promueve el arbitraje social, de manera que los centros de arbitraje permitan el acceso a la justicia para controversias que no superen un número de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en los que alguna de las partes pertenezcan a los estratos 1 y 2, o personas jurídicas cuyos activos totales no superen los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre y cuando cumplan con los criterios de vulnerabilidad que establezca el Gobierno Nacional”, resaltó el jefe de la cartera.

Además, dijo que con esta iniciativa también se propone que las instituciones de educación superior que se encuentren acreditadas en alta calidad celebren convenios para que los estudiantes representen a las partes.

De otro lado, respecto del estatuto de conciliación Ruiz enfatizó que Colombia, hasta la fecha, cuenta con una congestión de más de 2.000 procesos en la justicia ordinaria y en la contenciosa administrativa con más de 3.000. “El proyecto de ley busca reunir en un solo estatuto la normatividad existente en materia de conciliación, que actualmente implica la consulta de 15 normas diferentes”, resaltó el ministro.

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La iniciativa del jefe de la cartera cuenta con más de 10 beneficios que, a su juicio, le servirán a la comunidad para avanzar en sus procesos de conciliación ya sea en materia judicial o administrativa. “Es importante el uso de la tecnología, por eso, se introduce en los procesos de conciliación los medios virtuales, que permitirán mayor acceso y eficiencia”.

Ruiz consideró que es pertinente el proyecto de ley debido a que este permite que haya centros de conciliación especializados en la atención de grupos vulnerables, por lo que se introduce la figura para que los centros no gratuitos tengan un porcentaje de prestación del servicio voluntario y gratuito, que permite cumplir con esquemas de responsabilidad social y de acceso de justicia al servicio

“Se armoniza la conciliación en materia contencioso administrativa con la jurisprudencia y se da un mayor nivel de dirección y responsabilidad a los agentes del Ministerio Público frente a la presentación de fórmulas de arreglo, así como en el análisis de legalidad y de no menoscabo del patrimonio público”, señaló Ruiz y añadió que con lo anterior se crean tres principios especiales de la conciliación en lo contencioso administrativa en salvaguarda del interés general y el patrimonio público; garantía de los derechos irrenunciables e indiscutibles y de refuerzo de la legalidad.

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