Radiografía de la corrupción electoral

La decisión ya fue tomada por la Fiscalía. Altas fuentes consultadas le confirmaron a El Espectador que en próximos días esta entidad le pedirá a la Corte Suprema de Justicia que investigue al congresista Mauricio Lizcano, cuya campaña al Senado terminó salpicada por denuncias en Marmato (Caldas) sobre presiones a los electores. La Fiscalía ya pidió audiencia de imputación de cargos contra Jorge García Taborda, líder de la campaña de Lizcano en ese municipio, quien el pasado 12 de febrero prácticamente amenazó a funcionarios del ICBF para que votaran por Lizcano y su fórmula a la Cámara, Adriana Marmolejo, o de lo contrario rodarían cabezas (ver nota anexa).

Este es apenas uno de los 101 casos que investiga por delitos electorales un grupo élite de la Fiscalía, integrado por 42 fiscales y 62 investigadores del CTI. Una cifra demasiado baja, en todo caso, que parece contrastar con la desoladora radiografía de corrupción denunciada por años en regiones como Antioquia, Atlántico, Bogotá, Valle, Bolívar, Nariño, Chocó, Magdalena y Meta. Es precisamente en estos lugares donde más se han registrado denuncias por estos delitos. Muchos de los expedientes en curso provienen de reportes de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior y de la Misión de Observación Electoral.

Por lo pronto, de ese universo de denuncias, en Antioquia se han presentando 22, en Santander 9, en Bogotá 8, en Bolívar 7, en Risaralda 6 y en Atlántico y Caldas 5 cada una. Con una particularidad advertida por la propia Fiscalía: “Departamentos como La Guajira, donde todos los organismos estatales y la MOE han lanzado alertas, no registran a la fecha ni una sola denuncia ante la Fiscalía”, dice un documento de la entidad. En casos concretos, como en Montería (Córdoba), la Fiscalía investiga el ofrecimiento engañoso de subsidios y beneficios del programa de vivienda del Gobierno, y se decidió llamar a interrogatorio a José Francisco García, candidato al Senado por Cambio Radical.

El vicefiscal Jorge Perdomo también anunció que se llamará a interrogatorio a la vicencónsul de Colombia en San Cristóbal (Venezuela), Rosiluz Sepúlveda Guerrero, pues estaría tratando de favorecer algunas campañas políticas. En Bogotá se adelanta un expediente por el delito de corrupción al sufragante en el que aparecen comprometidos miembros de la campaña del candidato a la Cámara por Bogotá Ómar Rodríguez, del Partido Verde. Tal parece que se venían ofreciendo kits escolares y otras prebendas a cambio de votos. En este proceso ya hay declaraciones y la constatación de las controvertidas reuniones y los ofrecimientos en varios conjuntos residenciales de la capital.

En Barranquilla, el ente investigador revisa si más de 90.000 cédulas inscritas en la ciudad de forma ilegal hacían parte de una estrategia para trastear votos, razón por la cual el Consejo Nacional Electoral los excluyó. En Bucaramanga se indaga la presunta participación en política por parte de funcionarios en la administración municipal que, según las denuncias, aparentemente habrían utilizado programas sociales para favorecer campañas políticas. En concreto se revisa si camiones llenos de mercados con la publicidad del representante Jorge Gómez Villamizar fueron enviados al sector más vulnerable de la ciudad para garantizar votos este próximo domingo.

De acuerdo con los señalamientos, este candidato del Partido Liberal tendría una cercana relación con el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez. Se busca establecer la fecha en que fueron distribuidos dichos mercados entre los residentes del barrio Miraflores, de la Comuna 14 de Bucaramanga. Además se pidió revisar cuanto antes qué funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social realizó la entrega de los víveres. También se indagan acusaciones según las cuales un extrabajador del consulado de Madrid que se lanzó a la Cámara, Javier Francisco Urrea, habría aprovechado el listado de colombianos en ese país para buscar votos. La Cancillería reportó que pudo haber incurrido en hurto y uso indebido de información.

En el caso del senador Lizcano, una vez estalló el escándalo divulgado por el periódico La Patria, se apresuró a negar toda responsabilidad en el ofrecimiento que su subalterno le hizo a funcionarios del ICBF. La Fiscalía, sin embargo, encontró méritos para procesar a su delegado electoral en Marmato (Caldas) y al mismo tiempo desarrolla otro centenar de procesos con el fin de ponerle coto a la corrupción electoral. Para las elecciones de mañana se dispuso que 9.000 funcionarios del CTI de la Fiscalía estén en distintos puestos de votación del país, mientras otros 4.000 fiscales están disponibles para cualquier eventualidad. El delito más denunciado es el fraude en la inscripción de cédulas.

'Votan por ellos o rodarán cabezas'