Radiografía del conflicto en tiempos de diálogo

Cese al fuego bilateral. Cuando se escuchan esas palabras, las negociaciones de paz en La Habana (Cuba) se convierten en el blanco principal de críticas, especialmente de sectores políticos como el Centro Democrático, que acusan al Gobierno de desmoralizar a las Fuerzas Armadas por impedirles seguir con sus operaciones. Sin embargo, El Espectador conoció un informe del Ministerio de Defensa elaborado por César Restrepo, director de Asuntos y Estudios Estratégicos, en el que se rechazan todos los señalamiento de una supuesta operación tortuga y se indica que en más de dos años de proceso se ha logrado sacar de las filas de las Farc a 8.530 hombres.

Desde septiembre de 2012, mes en que se oficializaron los diálogos de paz, hasta octubre de 2014, 2.549 hombres de las Farc se desmovilizaron, 5.314 fueron capturados y 667 murieron en combates con la Fuerza Pública. Entre los guerrilleros abatidos estaban dos jefes representativos de las Farc que pertenecían al Estado Mayor Central: Luis Carlos Úsuga Higuita, alias Jacobo Arango, comandante del quinto frente de las Farc, quien murió el 31 de enero de 2013 en un operativo en el Magdalena Medio, y Leonidas Zambrano, alias Caliche, conocido como el terror del Cauca por su afición a los tatucos (bombas de fabricación casera), jefe de la columna móvil Jacobo Arenas, hombre cercano a Pablo Catatumbo y quien fue dado de baja el 8 de mayo de 2013 en zona rural del municipio de Leiva (Nariño).

Personas cercanas al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijeron que tampoco es cierto que las Fuerzas Armadas bajaran la guardia y permitieran un auge del narcotráfico, como lo han denunciado distintos actores políticos. En el informe se precisó que uno de los principales objetivos durante los diálogos de paz fue cortar las fuentes de financiación de las Farc. Entre 2012 y 2014 las autoridades incautaron 392 toneladas de cocaína, 813 toneladas de marihuana, 875 kilos de heroína, 6.193 galones de insumos líquidos y 85.416 toneladas de insumos sólidos para el procesamiento de droga. Asimismo se logró destruir, entre cocinas y laboratorios, 6.113 instalaciones dedicadas a la producción de estupefacientes.

Entre los resultados operacionales más importantes para las autoridades se cuenta la incautación de material de guerra de las Farc. Se trata de 44.204 artefactos y 102 toneladas de explosivos que les fueron arrebatados a la guerrilla durante dos años. Según los cálculos del Ministerio de Defensa, esta cantidad de explosivos es 510 veces más grande que la utilizada en el atentado contra el Club El Nogal, registrado el 7 de febrero de 2003.

El informe de César Restrepo precisa que ha sido tal la presión de las Fuerzas Armadas que a las Farc les tocó replegarse a 12 regiones del país donde vive el 12,3% de la población colombiano. Algo más de seis millones de personas. Básicamente, sus principales campamentos están en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Meta, Guaviare, Nariño —especialmente en la frontera y en Tumaco—, el Nudo de Paramillo (Córdoba), la región del Catatumbo en Norte de Santander, la zona fronteriza de Arauca, el sur del Tolima, el litoral Pacífico, la frontera con Venezuela por los departamentos de Vichada y Guainía, el centro y el sur de La Guajira, Putumayo y Chocó. Según explicó Restrepo, en todos estos sectores se crearon las doce Fuerzas de Tarea Conjunta, principales comandos del Ejército para la lucha contra las Farc.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta ofensiva llevó a que las Farc expresaran su voluntad de negociar e iniciar un proceso de paz. Agrega que la disminución del pie del fuerza de la guerrilla ha sido tal que durante estos dos años se redujeron en 60% los homicidios atribuidos a las Farc, pasando de 259 a 102. Asimismo, los secuestros extorsivos —de los que se presume que las Farc fueron autoras— disminuyeron 67%, pasando de 61 a 20 casos. En pocas palabras, para la Dirección de Asuntos y Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, no existen argumentos que permitan afirmar que las Fuerzas Armadas redujeron sus resultados operacionales a causa del proceso de paz.

Tanto así que la disminución de los secuestros, más allá de la voluntad de las Farc de no seguir cometiéndolos, se debió a tres razones. La primera es la imposibilidad de retener a los secuestrados por el riesgo que esto significa para la seguridad de los campamentos; la segunda, la limitada capacidad de las Farc para movilizarse por el territorio nacional, y la tercera se ha logrado, según el Ministerio de Defensa, por “la desestructuración del mando y control de los jefes guerrilleros sobre la tropa”. Las cifras de Restrepo indican que el 82% de los municipios del país no tienen presencia de las Farc.

Esta semana, las declaraciones del excanciller israelí Shlomo Ben Ami, experto en procesos de paz, sobre un posible cese al fuego bilateral generaron controversia nacional, al punto que el propio presidente Juan Manuel Santos tuvo que desmentir las versiones que anunciaban un cese de operaciones, especialmente los bombardeos. Ben Ami aseguró tras su reunión con Santos que “la posibilidad de que no haya terrorismo y se pueda llegar a un cese al fuego bilateral es más cercana que antes. No tienes por qué luchar contra el terrorismo si el terrorismo no está luchando. Si se acerca el momento de la firma de un acuerdo, es lógico que el cese bilateral tenga lugar”.

La respuesta no se hizo esperar. El presidente Santos negó que se hubieran dado instrucciones a las Fuerzas Militares de no atacar y el ministro de Defensa puntualizó que los bombardeos contra el Eln y las Farc no cesarán. Pinzón agregó que “el líder israelí es una persona muy importante en el mundo, muy apreciado y muy reconocido como buen asesor, pero no es una autoridad en Colombia. Tan simple como eso, quiero se franco, directo y con la claridad que el país conoce”. Mientras sectores sociales y entidades del Estado aprueban un cese al fuego bilateral, el Gobierno dejó claro ante la opinión pública que este escenario está lejos de darse, por las repercusiones que tendría esta decisión. 

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez

Cese al fuego bilateral. Cuando se escuchan esas palabras, las negociaciones de paz en La Habana (Cuba) se convierten en el blanco principal de críticas, especialmente de sectores políticos como el Centro Democrático, que acusan al Gobierno de desmoralizar a las Fuerzas Armadas por impedirles seguir con sus operaciones. Sin embargo, El Espectador conoció un informe del Ministerio de Defensa elaborado por César Restrepo, director de Asuntos y Estudios Estratégicos, en el que se rechazan todos los señalamiento de una supuesta operación tortuga y se indica que en más de dos años de proceso se ha logrado sacar de las filas de las Farc a 8.530 hombres.

Desde septiembre de 2012, mes en que se oficializaron los diálogos de paz, hasta octubre de 2014, 2.549 hombres de las Farc se desmovilizaron, 5.314 fueron capturados y 667 murieron en combates con la Fuerza Pública. Entre los guerrilleros abatidos estaban dos jefes representativos de las Farc que pertenecían al Estado Mayor Central: Luis Carlos Úsuga Higuita, alias Jacobo Arango, comandante del quinto frente de las Farc, quien murió el 31 de enero de 2013 en un operativo en el Magdalena Medio, y Leonidas Zambrano, alias Caliche, conocido como el terror del Cauca por su afición a los tatucos (bombas de fabricación casera), jefe de la columna móvil Jacobo Arenas, hombre cercano a Pablo Catatumbo y quien fue dado de baja el 8 de mayo de 2013 en zona rural del municipio de Leiva (Nariño).

Personas cercanas al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijeron que tampoco es cierto que las Fuerzas Armadas bajaran la guardia y permitieran un auge del narcotráfico, como lo han denunciado distintos actores políticos. En el informe se precisó que uno de los principales objetivos durante los diálogos de paz fue cortar las fuentes de financiación de las Farc. Entre 2012 y 2014 las autoridades incautaron 392 toneladas de cocaína, 813 toneladas de marihuana, 875 kilos de heroína, 6.193 galones de insumos líquidos y 85.416 toneladas de insumos sólidos para el procesamiento de droga. Asimismo se logró destruir, entre cocinas y laboratorios, 6.113 instalaciones dedicadas a la producción de estupefacientes.

Entre los resultados operacionales más importantes para las autoridades se cuenta la incautación de material de guerra de las Farc. Se trata de 44.204 artefactos y 102 toneladas de explosivos que les fueron arrebatados a la guerrilla durante dos años. Según los cálculos del Ministerio de Defensa, esta cantidad de explosivos es 510 veces más grande que la utilizada en el atentado contra el Club El Nogal, registrado el 7 de febrero de 2003.

El informe de César Restrepo precisa que ha sido tal la presión de las Fuerzas Armadas que a las Farc les tocó replegarse a 12 regiones del país donde vive el 12,3% de la población colombiano. Algo más de seis millones de personas. Básicamente, sus principales campamentos están en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Meta, Guaviare, Nariño —especialmente en la frontera y en Tumaco—, el Nudo de Paramillo (Córdoba), la región del Catatumbo en Norte de Santander, la zona fronteriza de Arauca, el sur del Tolima, el litoral Pacífico, la frontera con Venezuela por los departamentos de Vichada y Guainía, el centro y el sur de La Guajira, Putumayo y Chocó. Según explicó Restrepo, en todos estos sectores se crearon las doce Fuerzas de Tarea Conjunta, principales comandos del Ejército para la lucha contra las Farc.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta ofensiva llevó a que las Farc expresaran su voluntad de negociar e iniciar un proceso de paz. Agrega que la disminución del pie del fuerza de la guerrilla ha sido tal que durante estos dos años se redujeron en 60% los homicidios atribuidos a las Farc, pasando de 259 a 102. Asimismo, los secuestros extorsivos —de los que se presume que las Farc fueron autoras— disminuyeron 67%, pasando de 61 a 20 casos. En pocas palabras, para la Dirección de Asuntos y Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, no existen argumentos que permitan afirmar que las Fuerzas Armadas redujeron sus resultados operacionales a causa del proceso de paz.

Tanto así que la disminución de los secuestros, más allá de la voluntad de las Farc de no seguir cometiéndolos, se debió a tres razones. La primera es la imposibilidad de retener a los secuestrados por el riesgo que esto significa para la seguridad de los campamentos; la segunda, la limitada capacidad de las Farc para movilizarse por el territorio nacional, y la tercera se ha logrado, según el Ministerio de Defensa, por “la desestructuración del mando y control de los jefes guerrilleros sobre la tropa”. Las cifras de Restrepo indican que el 82% de los municipios del país no tienen presencia de las Farc.

Esta semana, las declaraciones del excanciller israelí Shlomo Ben Ami, experto en procesos de paz, sobre un posible cese al fuego bilateral generaron controversia nacional, al punto que el propio presidente Juan Manuel Santos tuvo que desmentir las versiones que anunciaban un cese de operaciones, especialmente los bombardeos. Ben Ami aseguró tras su reunión con Santos que “la posibilidad de que no haya terrorismo y se pueda llegar a un cese al fuego bilateral es más cercana que antes. No tienes por qué luchar contra el terrorismo si el terrorismo no está luchando. Si se acerca el momento de la firma de un acuerdo, es lógico que el cese bilateral tenga lugar”.

La respuesta no se hizo esperar. El presidente Santos negó que se hubieran dado instrucciones a las Fuerzas Militares de no atacar y el ministro de Defensa puntualizó que los bombardeos contra el Eln y las Farc no cesarán. Pinzón agregó que “el líder israelí es una persona muy importante en el mundo, muy apreciado y muy reconocido como buen asesor, pero no es una autoridad en Colombia. Tan simple como eso, quiero se franco, directo y con la claridad que el país conoce”. Mientras sectores sociales y entidades del Estado aprueban un cese al fuego bilateral, el Gobierno dejó claro ante la opinión pública que este escenario está lejos de darse, por las repercusiones que tendría esta decisión. 

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez