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En la rama judicial del país hay preocupación por los recortes a su presupuesto para 2026, por parte del gobierno de Gustavo Petro. En la mañana de este miércoles 22 de octubre, los presidentes de las altas cortes, la Fiscalía General y otras entidades del poder judicial se reunieron con el Ministerio de Hacienda para llegar a acuerdos y buscar una solución que no afecte tan drásticamente el funcionamiento de la justicia el próximo año.
La Comisión Interinstitucional de la rama judicial expresó su preocupación a la cartera, después de que el gobierno hiciera una segunda reducción de COP 695 mil millones en el presupuesto aprobado para 2026. Esa cifra, alerta la rama, “se sumó a un primer recorte de COP 4.4 billones frente a la solicitud inicial por COP 16 billones”.
La pérdida de recursos, dice la rama, impacta, entre otros, “el pago de sentencias y la creación de cargos para atender la implementación de la Ley 2452 de 2025, por la cual se expidió el nuevo ‘Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social’, y la Jurisdicción Agraria y Rural”.
La reunión contó con la presencia del viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt Galeano; la directora general del Presupuesto Público Nacional, Martha Hernández Arango; y el asesor del despacho del ministro, Diego Carrero. Asimismo, estuvieron presentes la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscal General de la Nación y el representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
En el encuentro, la rama judicial expuso las implicaciones de este recorte presupuestal y cómo afecta directamente el funcionamiento de las distintas entidades, incluyendo la Fiscalía General y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La comisión, dentro de lo expuesto, resaltó el impacto que la reducción de presupuesto tendrá en los servicios de aseo, vigilancia, arriendo, seguros, mantenimientos y servicios públicos; así como en compra de mobiliario, maquinaria, equipo y otros bienes.
Asimismo, se puso de presente que el dinero que ya no le será asignado a la rama judicial impactará en el pago de sentencias y en la oferta de servicios para atender la implementación del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y la Jurisdicción Agraria y Rural. El presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, afirmó que “este recorte es muy delicado porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales, de fortalecer y robustecer a la Rama Judicial”.
Tras la reunión, Vallejo Jaramillo manifestó que esperan que lo discutido con el gobierno ”pueda rendir frutos para generar mesas técnicas de trabajo, que posibiliten incrementar el presupuesto para el año 2026 y puedan realizarse ajustes que nos permitan más recursos para la administración de justicia”.
En la reunión se presentaron propuestas para buscar alternativas que reduzcan los efectos del recorte presupuestal en la administración de justicia. En el encuentro, el Ministerio se comprometió a entregar una respuesta sobre cómo avanza el “decreto para incrementar la bonificación judicial en un 5,85%, como se acordó en la mesa de negociación del sector justicia, celebrada en el mes de junio de 2025″.
Por otra parte, la cartera aseguró que ayudará a gestionar “una reunión entre el ministro de Hacienda y Crédito Público y el ministro de Justicia y del Derecho para analizar los criterios de distribución de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)”.
Finalmente, se acordó “instalar una mesa técnica, en el presente año, con participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, con el propósito de revisar las necesidades presupuestales prioritarias desfinanciadas de la vigencia 2026″. En ese encuentro se definiría un cronograma de trabajo y se plantearían “soluciones al déficit presupuestal identificado”.
“Colombia nos necesita, Colombia necesita sus jueces. Ellos, a su vez, necesitan de nosotros. El compromiso es cómo fortalecemos la Rama Judicial en la permanente construcción del Estado Social de Derecho”, aseguró el presidente de la Comisión.
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