Las autoridades judiciales del país se pronunciaron sobre el reproche que hizo el presidente Gustavo Petro a la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de COP 5 billones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones. “Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano”, aseguró el jefe de Estado.
Ante los comentarios la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitió un comunicado en el que dijo: “En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público”.
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En ese sentido, las autoridades judiciales resaltaron que debe respetarse la separación de poderes y recordaron que la propia Constitución Política estableció “la facultad de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos, incluidos aquellos expedidos por el poder ejecutivo, reconoció expresamente la necesidad de establecer controles efectivos al ejercicio del poder público”.
En el comunicado, validaron el trabajo del Consejo de Estado al señalar: “La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado tienen origen directo en la Constitución y responden a la voluntad soberana del constituyente”.
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En ese sentido, la Comisión reiteró su compromiso con " la defensa del orden constitucional, el respeto a las decisiones judiciales, la autonomía judicial y la protección de los derechos de todos los ciudadanos y espera que las demás ramas del poder hagan lo propio".
La decisión del Consejo de Estado se dio este 11 de mayo y con ella suspendió la totalidad del decreto 415 de 2026, expedido el pasado 23 de abril y con el cual el Ejecutivo ordenó a los fondos de pensiones transferir a Colpensiones más de COP 27 billones en las siguientes semanas. El pasado 28 de abril, la Sección Segunda del Consejo de Estado había suspendido una parte de las medidas, con la que se había ordenado el traslado del dinero. Esos dineros era de quienes se había pasado de fondos privados al púbico, pero no se han pensionado.
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La más reciente decisión es sobre los dineros de quienes se trasladaron de un fondo privado al Colpensiones y que ya cumplieron con todos los requisitos de pensión. La demanda que pide tumbar todo el decreto sostiene que las medidas de Gobierno van en contra de reglamentaciones previas. El documento argumenta que el Ejecutivo incurrió en una extralimitación de funciones y violó el principio de confianza legítima de los ciudadanos.
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