En un hecho sin antecedentes en la reciente historia judicial del país, en medio de la audiencia en la que se comenzaba a juzgar ayer al excongresista de Santander Luis Alberto Gil, dentro del llamado escándalo de la parapolítica, resultó capturado por agentes de la Dijín el abogado del procesado, Ramón Ballesteros. Los primeros sorprendidos fueron los propios magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que no entendían lo que estaba pasando. Pero el episodio terminó con el abogado Ballesteros privado de la libertad.
El protagonista de esta insólita historia resultó ser un exdesmovilizado de las autodefensas identificado como David Hernández López, alias Diego Rivera, quien al momento de comparecer ante el alto tribunal para ratificar sus señalamientos contra el excongresista Gil y otros exparlamentarios de Santander, sacó un as debajo de su manga que nadie esperaba: un video donde apareció el abogado Ballesteros pagándole un presunto soborno para cambiar el testimonio contra su cliente y de paso desprestigiar la investigación de la Corte.
Según el testigo, después de haber declarado en 2008 contra el excongresista Gil y otros políticos de Santander, empezó a recibir presiones para que modificara su declaración. Así fue como lo contactó el abogado Ballesteros, para ofrecerle US$100.000. Hernández dijo que decidió contarle de la propuesta a la DEA, dado que actualmente oficia como testigo protegido de este organismo. A su vez, la DEA informó a la Fiscalía lo que sucedía y con el apoyo de la Policía se decidió que el caso siguiera adelante.
Según conoció El Espectador, durante tres meses, agentes encubiertos siguieron a Ballesteros en Colombia y fuera del país. En Nueva York, el abogado se reunió con el testigo Hernández en un restaurante, donde le escribió lo que tenía que decir. Básicamente, retractarse de las reuniones con el ex congresista Gil y con Macaco, que no hablara de los parlamentarios Ciro Ramírez y Alirio Villamizar y que desprestigiara al magistrado Iván Velásquez.
La DEA, la Fiscalía y la Policía siempre estuvieron al tanto del caso. Por eso, un agente encubierto se hizo pasar por primo del testigo Hernández para recibir el dinero. Precisamente a través de él, Ballesteros quiso cerrar el asunto. Además siempre fue notoria su insistencia para que colaborara pues era una forma de asegurar a su familia. En el fondo, era clave controlar a este testigo porque la Corte tiene claro que es determinante en el tema de las vinculaciones de alias Macaco con los políticos.
En el video, grabado por la DEA el 9 de febrero en Estados Unidos, aparece el abogado Ballesteros, comprometido con la entrega de dinero. En la Corte Suprema de Justicia no sabían de la operación encubierta ni mucho menos que estuviera buscando desacreditar al magistrado Iván Velásquez. En cambio, el Alto Tribunal sí tiene bien referenciado al exdesmovilizado de las autodefensas David Hernández, pues lo considera un testigo clave en las investigaciones de la parapolítica en el departamento de Santander.
El exparamilitar David Hernández ha declarado ante la justicia que ingresó al bloque Central Bolívar en el año 2000 y que inicialmente recibió órdenes de alias Ernesto Báez para que se apoyara la aspiración política de Rocío Arias y Carlos Clavijo. Después, se concentró en Bucaramanga para un acercamiento con otros políticos. En esta tarea sostuvo una reunión en el hotel Chicamocha con varios políticos, a quienes se les dijo que contaran con apoyo del bloque Central Bolívar de las autodefensas.
Hernández sostuvo que a dicha reunión asistieron los políticos Luis Alberto Gil, Óscar Reyes, Óscar Suárez y Alfonso Riaño, este último también procesado en la parapolítica. El saludo de Hernández fue expreso y se hizo a nombre de Macaco y de Julián Bolívar. Les habló de recursos y posteriormente sostuvo otros encuentros para definir las candidaturas a la Gobernación. Este es el testimonio que tiene enredados a varios políticos santandereanos y el que suscitó el intento de soborno para que fuera cambiado integralmente.
Pero al tiempo que quedó en evidencia la acción ilícita para tratar de desviar las investigaciones de la parapolítica en Santander, se supo que lo más grave es que una vez más se intenta desprestigiar al magistrado investigador de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, pues el testigo David Hernández aseguró que el propósito mayor era que declarara que sus actuaciones ante la justicia habían sido producto de presiones y ofertas procesales del magistrado.
Y no es la primera vez que esta situación se presenta. Como se recuerda, entre agosto y octubre de 2007, el magistrado Velásquez fue objeto de un montaje en la cárcel de Itagüí, utilizando al paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, para que declarara que supuestamente estaba siendo presionado por el magistrado Velásquez para que testificara contra el entonces presidente Álvaro Uribe. Este episodio, conocido como el caso Tasmania, dio lugar a un duro enfrentamiento entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema.
Con el tiempo se supo que fue un montaje organizado por el abogado Sergio González, al que se prestó su cliente Tasmania. Además, aún en la Fiscalía se indaga quiénes más participaron en el montaje. En una reciente declaración desde Estados Unidos, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso sostuvo que la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado también formó parte del plan orquestado por varios políticos y los paramilitares para enlodar la imagen del magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, surge un nuevo episodio alrededor de su trabajo y los intentos por desprestigiarlo. Por eso, fuentes de El Espectador ratificaron que más allá del presunto soborno y la responsabilidad que le pueda caber al abogado Ballesteros, la Corte está interesada en saber qué políticos están detrás del hecho, pues se tiene claro que esta no era una estrategia desintegrada o solitaria. En su propósito de llevar la parapolítica hasta sus últimas consecuencias, el organismo ya cuenta con otro episodio por aclarar.
El abogado en problemas
Ramón Ballesteros es un penalista con mucha vinculación con la política. Fue precandidato a la Gobernación de Santander y también sonó para la Alcaldía de Bucaramanga. Además, fue secretario del Ministerio del Interior en el mandato de Horacio Serpa. Su gestión más reciente fue la defensa de la excongresista conservadora Yidis Medina.
Por María del Rosario Arrázola
