Rastrean el patrimonio de 309 parapolíticos

Andrea Malagón, directora de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho del Dominio. / Archivo

Foto: Cristian Garavito/ El espectador

El 2015 será el año en el que se perseguirán los bienes de los criminales de cuello blanco, de las organizaciones que hoy en día manejan el narcotráfico –el Clan Úsuga y la Oficina de Envigado–, de los políticos que se beneficiaron con las activadas ilegales de los paramilitares y, especialmente, de las Farc.  En entrevista con El Espectador, la directora de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho del Dominio, Andrea Malagón, explicó que en lo corrido del año ya se han recuperado $2 billones gracias a la agilidad que le han impuesto a los procesos de extinción de dominio.  Agregó que recientemente se abrieron las investigaciones contra políticos que se beneficiaron económicamente de los paramilitares y que el dinero las Farc, del carrusel de la contratación e Interbolsa está en el exterior.

Hace poco se conoció que la Fiscalía recuperó $2 billones en tres meses, ¿a qué se debe?

A una reorganización de la carga laboral una vez entra en vigencia la Ley 1708 (Nuevo Código de Extinción de Dominio). Había más de 3.000 procesos bajo el código anterior y 2.000 expedientes abiertos con el nuevo.  Eso dio resultados inmediatos con casos que desde hace cuatro años no se movían. Por ejemplo, los del cartel de Cali, como la extinción de dominio a los bienes de Hélmer Herrera, alias ‘Pacho Herrera’, y el tema de Drogas La Rebaja;  el expediente del cartel de Medellín; y el de los jefes paramilitares, Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, conocidos como los ‘Mellizos’. Se aumentó en un 50% en comparación al año pasado durante el mismo periodo. Se recuperaron activos por casi $2 billones.

¿Cuáles son los casos priorizados en 2015?

Como plan de priorización está todo lo relacionado al actuar delictivo del Clan Úsuga y la Oficina de Envigado, el tema de aforados constitucionales, los casos Farc y el carrusel de la contratación.

¿Cómo van los procesos de la Oficina de Envigado y la estructura de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’?

De alias ‘Otoniel ya se llevó a  cabo un resultado en el que se recaudaron bienes por $7.000 millones. Sin embargo, estamos avanzando en la investigación, no solo de él y su núcleo familiar, sino de sus testaferros. Nos estamos nutriendo de los procesos que adelanta la dirección de Crimen Organizado. No estamos esperando a que se capture a la gente para comenzar la extinción de dominio, hacemos una investigación espejo.

¿Y el de la Oficina de Envigado?

Tenemos un grupo especializado de tres fiscales que están investigando en contexto. Se puede hablar de más de 20 personas vinculadas, especialmente, quienes están relacionados en las publicaciones de la Lista Clinton.  

¿Cómo replicar investigaciones exitosas como la adelantada contra el clan Álvarez Meyendorff, a quienes les quitaron más de $2 billones?

Y no se le ha logrado quitar todo lo de los testaferros… Se replica con la especialización de la Policía Judicial. Gracias a la reestructuración se crearon dos Policías Judiciales que son la Económica Financiera (PEF) y la de Extinción de Dominio.  Otro tema es la utilización de los mecanismos de colaboración con la justicia. Tiene que existir articulación entre los fiscales que adelantan el proceso penal y los de extinción de dominio, porque nuestros insumos, a pesar de que no dependemos de la responsabilidad penal, son las pruebas del proceso penal. Eso permite que dentro de los preacuerdos esté incluida la entrega de bienes.

Ese ha sido uno de los principales problemas en los preacuerdos firmados en el marco del carrusel de la contratación, porque reciben beneficios sin entregar un solo peso…

Hay que tener en cuenta que el fiscal del proceso penal no puede obligar a quien se está sometiendo a la justicia a entregar bienes. Nosotros lo hacemos por aparte y ya hemos recaudado $84.000 millones de los Nule, de los concejales y de Emilio Tapia. Los bienes están representado en unas acciones en los casos de los Nule y Tapia, en cuentas bancarias y en propiedades.

¿Y los bienes de los hermanos Samuel e Iván Moreno, los otros concejales y funcionarios procesados?

Los criminales de cuello blanco se cuidan mucho más en cómo ubicar el dinero producto de actividades ilícitas. Esto fue una organización criminal que desangró las arcas del Estado. Tenemos registro de que ese dinero está en el exterior. Se han identificado cinco países, ubicados en Centroamérica, Europa y Norteamérica, entre esos Estados Unidos. La plata está representada en acciones, bienes y dinero en efectivo.

Si el dinero y los bienes obtenidos en la extinción de dominio no están destinados para reparar a las víctimas, ¿qué pasará en el caso de las Farc?

En el tema de los bienes de las Farc es diferente, porque hay una previsión expresa de la Ley 1708, artículo 91, que establece que los bienes rurales van exclusivamente para la indemnización de las víctimas del conflicto armado.

Hasta el momento se han identificado más de 900 bienes de las Farc…

Hay muchísimos más. Se está trabajando de forma articulada con la Dirección de Análisis  Contextos y con el grupo bienes de la Dirección de Justicia Transicional, para evitar duplicar procesos. La segunda etapa de las Farc, más allá de la identificación de los bienes, es la caracterización de las finanzas. A pesar de que es una década de conflicto, jamás nos detuvimos a entender el fenómeno de cómo se financiaban.

¿Cómo así?

Eso nunca se había investigado desde ese punto de vista a pesar de tener los insumos en la Fiscalía y las Fuerzas Militares. Hemos empezado un análisis microfocalizado con el CTI de toda esa información para entender el fenómeno e identificar los bienes. La mayor parte  de estos están representados en tierras que han sido objeto de desplazamientos. Asimismo, otras propiedades fuera del país.

¿Las Farc tienen plata en el exterior?

Sí. Hemos identificado que están en Centroamérica y Europa.

¿Se le puede hacer extinción de dominio a tierras adquiridas por desplazamiento?

Eventualmente todo eso entraría en la ley de tierras por ser objeto de desplazamiento. Por otra parte está el repoblamiento de esas tierras, especialmente de los baldíos, que estaban siendo explotadas por la población originaria. Pero por el desplazamiento las tuvieron que abandonar. Por ser baldíos no hay registros de propiedad y lo que hacían era designar a una persona como propietaria de esa tierra para que ante el Incoder tramitara la posesión y éstas entraran a ser parte de la organización.

¿Cómo va el tema Interbolsa?

Al igual que el carrusel de la contratación, estamos articulados con el grupo especial de Interbolsa para la identificación de los bienes. Ya tenemos un trabajo adelantado por la investigación que se hizo para entender el fenómeno dentro del proceso penal. Esta labor es mucho más difícil porque se trata de personas conocedores del manejo de dinero y cómo pueden ser lavados esos montos.  Ya hay procesos de extinción de dominio contra los implicados.

En qué han avanzado en las investigaciones contra los aforados constitucionales, porque a ellos no les han quitado un solo bien…

No.  Es un proceso que se inició a raíz de una labor que se hizo en la Dirección de Justicia Transicional, especialmente con los paramilitares. Los desmovilizados identificaron a una serie de personas que son aforados constitucionales (especialmente congresistas) y que estaban vinculados a la organización. Se ha demostrado que obtuvieron un patrimonio como consecuencia de las actividades ilícitas. Como ellos no hacen parte de la estructura, no podían ser parte de Justicia y paz y por tal motivo se compulsaron las copias para nosotros comenzáramos las pesquisas que iniciaron recientemente.

¿Por qué se demoraron tanto si hay condenas contra congresistas desde 2009?

No es que nos hayamos demorado, sino que estaba por definirse en los Tribunales de Justicia y Paz si esos bienes que se les han identificado iban a ser parte de la indemnización de las víctimas. Solo hasta octubre del año pasado fue que recibimos la compulsa de copias. Son 309 iniciativas investigativas. Pero los casos no se pueden abordar independientemente sino que deben ser parte de un análisis en contexto.

Se busca identificar cómo los paramilitares traspasaron bienes a nombres de políticos para darles vicios de legalidad…

Sí. Y cómo los políticos se lucraron con las actividades ilícitas de los paramilitares. Se están rastreando esos 309 patrimonios.  Todos estos bienes serán para reparar a las víctimas una vez los identifiquemos. Son las primeras determinaciones en este tema contra los parapolíticos.