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Ratifican condena contra Julio Gómez por su participación en “carrusel” de contratos

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena a diez años de cárcel que le había sido impuesta, en julio de 2014, al excontratista Julio Gómez, vinculado al carrusel de la contratación que desfalcó a Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.

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Redacción Judicial
16 de septiembre de 2015 - 03:49 a. m.
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La condena en primera instancia había sido apelada por la defensa de Gómez. El tribunal, además, modificó la multa que se le había impuesto y ahora Gómez tendrá que pagar alrededor de $6.000 millones.

El contratista, arquitecto de profesión, fue condenado por los delitos de peculado por apropiación, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, luego de que se demostrara su participación en dos contratos asignados de manera irregular en Bogotá. Después de negociar con la Fiscalía, Gómez ha aportado su testimonio en procesos como los que cursan contra los hermanos Nule. Entre las acciones de la Fiscalía contra Gómez, se le señaló, precisamente, de haber intervenido para que el sonado contrato de la fase III de Transmilenio le fuera otorgado a los Nule.

Además de aportar sus declaraciones, el ente investigador certificó que Gómez reintegró $10.000 millones a los que había accedido a través de dos contratos irregulares que hicieron parte de la escandalosa red de corrupción.

Desde prisión, Gómez siguió siendo noticia, en especial por sus fuertes declaraciones contra los hermanos Nule, a quienes catalogó de “bandidos” y “ladrones”. También ha explicado el funcionamiento del carrusel. Según Gómez, se pagaban comisiones a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, para lograr conseguir la adjudicación de los contratos, a través del también contratista Emilio Tapia y del abogado Álvaro Dávila, ambos condenados por su participación en el “carrusel de la contratación”.

En diciembre de 2014, su nombre apareció, de nuevo, vinculado a otro presunto carrusel. Esta vez, destinado a manipular el reparto de expedientes en el Tribunal Superior de Bogotá, a cambio de dinero. La Dijin capturó en ese entonces a dos funcionarios del Tribunal, Javier Alfredo Ortiz García y Wilson Fernando Rivera, que habrían manipulado sistemas informáticos para que la revisión de la condena de Gómez le fuera asignada a determinado magistrado, y a partir de esto, buscar una reducción de la condena que finalmente no obtuvo.

 

Por Redacción Judicial

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