29 Dec 2020 - 1:36 p. m.

Ratifican sanción contra exgobernadores Cotes por irregularidades en vía del Magdalena

Para la Procuraduría, Luis Miguel y Rosa Cotes fueron negligentes en el contrato de la Vía de la Prosperidad, una carretera estratégica en el departamento que terminó llena de problemas.
Rosa y Luis Miguel Cotes, exgobernadores del Magdalena, pertenecen al mismo grupo familiar.
Rosa y Luis Miguel Cotes, exgobernadores del Magdalena, pertenecen al mismo grupo familiar.

La Vía de la Prosperidad, una carretera de 52.6 kilómetros que conectaría cuatro municipios del Magdalena y que fue concebida como un proyecto de importancia estratégica para el país terminó en un sinfín de irregularidades, sanciones y afectaciones al medioambiente. Para la Procuraduría, por la debacle deben responder los gobernadores que estuvieron al frente del proyecto: Luis Miguel y Rosa Cotes. El Ministerio Público recientemente ratificó una sanción contra ambos y ahora deberán pagar el equivalente a 12 meses de salario mínimo.

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Luis Miguel y Rosa Cotes, miembros del poderoso grupo familiar que ha mandado en este departamento por años, fueron gobernadores en los periodos 2012-2015 y 2016-2019, respectivamente. Están en líos por la obra, pues la Procuraduría encontró que, pese a alertas del Instituto Nacional de Vías (Invías) y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que les pidieron corregir puntos álgidos del proyecto de infraestructura, ellos no hicieron nada. Esto se tradujo, “en un proyecto de alto riesgo cuya responsabilidad está en el ordenador del gasto”, dice el fallo disciplinario.

Las primeras fallas las cometió Luis Miguel Cotes. El entonces mandatario regional suscribió en 2013 los convenios con el Invías para comenzar la obra, pero dejó que se utilizaran diseños de 2009. El problema es que entre 2010 y 2011, el río Magdalena se desbordó en múltiples ocasiones por el fenómeno de La Niña, algo que la entidad le advirtió al gobernador. De hecho, en mayo de 2013 firmaron un nuevo convenio en el que la Gobernación quedó con la responsabilidad de “obtener de manera previa a la contratación de las obras, los diseños, planos, estudios, permisos”.

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Para la Procuraduría, esto demuestra que toda la etapa previa a la contratación recaía sobre el gobernador, quien en diciembre de 2013 firmó el inicio de la obra con los diseños viejos. El Ministerio Público reprochó fuertemente esa conducta: “una persona, en las mismas circunstancias, hubiera verificado si el departamento podía realizar y ejecutar este proyecto de inversión pública con los estudios que le estaba presentando el Invías. No obstante, el disciplinado (Cotes) asintió en la realización del proceso contractual sin asesorarse ni examinar si ello era procedente, confiado irresponsablemente en unos estudios y diseños que habían perdido vigencia”.

El problema lo heredó su sucesora en el cargo, Rosa Cotes. Como consecuencia de los ajustes que el Invías tuvo que hacer al proyecto, la entidad comenzó a pedirle a la gobernadora “regularizar” el contrato desde comienzos del 2016. Es decir, ajustar algunos valores porque se estaban gastando más en materiales y transporte de lo que estaba previsto. No obstante, y pese a que se lo pidieron en siete oportunidades formalmente y se reunieron en varias oportunidades con ella, Cotes no había resuelto el problema para mediados de 2017. “Decidió actuar de forma pasiva y negligente”, escribió la Procuraduría.

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Asimismo, el interventor del contrato requirió varias veces a la entonces gobernadora para que, por un lado, ajustara los valores, y por otro, le iniciara un proceso sancionatorio al contratista por los retrasos que venía presentando. Tampoco escuchó. Para la Procuraduría, entonces, “las medidas que adoptó la administración fueron tardías, lo que conllevó a que el propósito de la obra no lograra sus objetivos y fines, todo ello ligado a una conducta negligente y displicente de la gobernadora del departamento del Magdalena, Rosa Cotes”.

Esta decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría viene a confirmar otra que había tomado la misma entidad en octubre pasado. Es decir, es segunda instancia y, en teoría, ya debería quedar en firme. No obstante, como ha ocurrido en otros casos, los Cotes podrían acudir a los estrados judiciales para buscar que se declare la ilegalidad de esta sanción y así no tener esta mancha en sus antecedentes disciplinarios y esquivar la multa que les impuso el Ministerio Público.

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