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Una de las crisis más grandes que dejó la liquidación de la EPS Caprecom es la que han tenido que enfrentar los presos, el Inpec y el Ministerio de Justicia. Hasta diciembre del año pasado, esta EPS era la encargada de prestar el servicio de salud a toda la población carcelaria. Con su desaparición, la Fiduprevisora, la fiduciaria pública más grande de Colombia, tomó las riendas del asunto en un momento en el que no había ni siquiera medicamentos en las cárceles del país.
Para ese momento, Sandra Gómez acababa de ser nombrada directora de la compañía, que tenía que solucionar con urgencia cómo contratar médicos y llevar las medicinas para los pacientes que las necesitaban con urgencia. El Espectador habló con Gómez, una ingeniera mecánica de la Universidad de Eafit, quien explicó que las demoras en implementar un nuevo y mucho más eficaz sistema de salud en las cárceles se deben a que lo que recibieron por parte de Caprecom fue un desorden descomunal. Dijo además, que ya trabajan con dos expertos, incluido el exministro de Prosperidad Social, Mauricio Santamaría, para la creación de esa nueva metodología para que, de una vez por todas, se mejore el servicio de salud en las prisiones del país.
Una medida que resulta urgente y de la mayor trascendencia nacional pues la Corte Constitucional ya dijo que la situación en las cárceles en Colombia alcanzó el estado de cosas inconstitucional, un punto en el que, por la reiterada violación de los derechos humanos, varias entidades tienen que trabajar para solucionar el problema.
¿Cómo termina Fiduprevisora manejando el servicio de salud de la población carcelaria de Colombia?
Esta es la fiduciaria más grande del Gobierno. Estamos adscritos al Ministerio de Hacienda, tenemos 242 negocios y manejamos más de $32 billones. Tenemos además un sentido social que es muy importante y que se ha consolidado con el paso de los años. Manejamos, por ejemplo, el fondo de prestaciones sociales de todos los profesores del país, de la Unidad de Riesgos de Desastres, de la Unidad de Víctimas y, por supuesto, de las personas recluidas en las cárceles del país. Nos interesa particularmente trabajar con esta población.
Ustedes manejan las prestaciones sociales del magisterio porque en los años 90 así lo estipuló una ley aprobada por el Congreso. ¿Es el mismo caso con la población carcelaria?
No. A ella llegamos por licitación, en la que solo podían participar fiduciarias públicas y nosotros nos quedamos con el 90 % del negocio y la Fiduagraria con el 10%. Todo esto pasó porque Caprecom, la entidad que ya llevaba varios años prestándoles el servicio de salud a los presos, entró en liquidación.
En diciembre del año pasado se supo que la Fiduprevisora era ese consorcio elegido. ¿En qué estado recibieron el servicio de salud prestado por Caprecom?
Era un servicio deficiente, había mucho desorden y estaba muy atrasado. No solo fue porque recibimos más de 20 mil solicitudes represadas, sino también el nivel logístico y tecnológico tenía problemas. Esto nos generó muchos traumatismos, porque no tuvimos un período de transición entre su trabajo y el nuestro, sino que simplemente apagaron la luz y a nosotros no tocó arrancar desde ceros. En enero de este año no teníamos contratos ni con proveedores de medicamentos, ni con médicos, IPS o EPS. Empezamos a contratar para solucionar de a poquitos ese represamiento tan grande que teníamos.
¿Por qué no tuvieron ese proceso de empalme con Caprecom?
Porque cuando entraron en liquidación, nadie quiso seguir trabajando con ellos. A nosotros nos costó mucho encontrar las personas que quisieran volver a prestarnos sus servicios, porque temían mucho que les pasara lo mismo que con Caprecom: que nos les pagaran. Tenían todo el derecho a sentir ese miedo pues aún hay quienes no han recibido un peso de contratos viejos. Pero nosotros necesitábamos con urgencia llevar los medicamentos y conseguir médicos para que se fueran a revisar a los presos. No solo era esto: tampoco teníamos enfermeras, servicios de laboratorio ni odontólogos. Estábamos en un momento de contingencia muy delicado.
¿Qué han hecho para solucionar, no solo ese represamiento, sino esa falta de proveedores y médicos?
Nos unimos para crear un equipo interdisciplinario que ha sido clave. Desde el Ministerio de Justicia se unieron la recién creada Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que es clave para nosotros, y el Inpec. Además, recibimos el apoyo del Ministerio de Salud que fue clave en el momento que la red pública de servicios de salud no quiso contratar con nosotros por falta de pagos por parte de Caprecom. Nos ayudaron y sacaron una directriz obligándolos a que trabajaran con nosotros, pues ese sector es clave para tener un buen servicio. Además, nos tocó fortalecer de urgencia nuestro equipo de abogados para enfrentar la tutelatón, que nos desbordó por completo. Al comienzo del año, todo el equipo estaba formado por quince personas. Hoy, ante la gravedad de la situación, somos cincuenta.
Usted habla de una tutelatón. ¿Realmente fueron tantas?
Sí. Había semanas que nos llegaban mil y otras 300. Para julio, tenemos el registro de que hemos recibido 9.117 tutelas. Este comienzo de año fue traumático para nosotros. Además del vacío operativo que nos dejó Caprecom, teníamos que contestar estas tutelas. ¡Y como si fuera poco nos tocó el paro camionero! Miles de medicamentos que eran urgentes para muchos presos quedaron parados en las carreteras. Ha sido muy difícil salir adelante. En esas estamos.
En la última audiencia pública, la Fiduprevisora anunció que ya hay una cobertura del 90 % de servicios de salud en las cárceles. ¿Qué hace falta para que sea completo?
Cumplir con lo que inicialmente teníamos planeado. La idea, cuando recibimos esta tarea, era que en septiembre de este año presentáramos un modelo completamente nuevo para mejorar el servicio. Pero tuvimos que dedicar ese tiempo y recursos a saldar las cuentas que nos dejó Caprecom. Con los avances que hemos tenido, ya estamos trabajando con dos expertos que son los encargados de construir ese nuevo modelo para que nosotros sepamos cómo, con quién y cuándo empezar a contratar.
¿Quiénes son esos expertos?
Luis Guillermo Vélez, un especialista en temas de salud, y Mauricio Santa María, exministro de Protección Social.
¿Cuándo estará listo ese modelo?
Esperamos que esté aprobado para noviembre de este año y que para el primer trimestre de 2017 esté operando con total normalidad.