Reclamos en el caso de Carlos Pizarro

Carlos Pizarro, excandidato presidencial, fue asesinado el 26 de abril de 1990.

Mediante una carta radicada ayer ante la Dirección Nacional de Fiscalías de Análisis y Contexto (Dinac), la Comisión Colombiana de Juristas calificó las actuaciones en el expediente de Carlos Pizarro Leóngomez como graves y discriminatorias. La acusación la hizo el abogado Alejandro Malambo, quien representa a las víctimas en el proceso por el homicidio del excandidato presidencial y jefe del M-19, luego de enterarse de que el director de la Dinac, Juan Pablo Hinestrosa, negó el desplazamiento de una comisión a España que le tomaría declaración a un testigo clave en el caso: Carlos Mario Alzate Urquijo, alias el Arete.

El abogado de las víctimas arremetió contra la Fiscalía por “estratificar” a las víctimas, ya que no entiende por qué él fiscal del caso Pizarro no puede viajar a Europa a tomar la declaración de el Arete, mientras que al grupo que investiga el caso de Luis Carlos Galán se le han autorizado todos sus viajes a Estados Unidos. Asimismo, criticó que la solución sea delegar a Alexandra García, consejera judicial en España —una especie de embajadora del ente investigador designada el pasado 3 de agosto—, para que realice la diligencia, ya que considera que, además de no ser idónea por no conocer el voluminoso y complejo expediente, no puede cumplir funciones de recolectar pruebas y testimonios.

“Me dirijo a usted para expresarle mi inconformidad y desacuerdo en la falta de autorización del desplazamiento a España al fiscal 20 de la Dinac para practicar el testimonio de Carlos Mario Alzate Urquijo, alias el Arete, en el Consulado de Colombia el 14 de octubre venidero, y en su lugar destinar para ello a la consejera judicial de la Fiscalía que se encuentra en España”, dice en la carta el abogado Malambo, quien agregó que la persona que debía viajar era el fiscal 20 de la Dinac, fiscal del caso.

En su carta, la Comisión Colombiana de Juristas explicó que desde el 4 de septiembre se había ordenado recibir el testimonio de Carlos Mario Alzate, ya que él fue quien en 1993 señaló a los hermanos Carlos y Fidel Castaño de ser los responsables del asesinato. El Arete, uno de los hombres más importantes del cartel de Medellín en los años 80 y 90, indicó en esa indagatoria que gracias a su cercanía con los Castaño conoció que ellos también participaron en los crímenes del excandidato Bernardo Jaramillo Ossa —asesinado el 22 de marzo de 1990, un mes antes que Pizarro— y el abogado José Antequera.

Sin embargo, el defensor de víctimas recalcó que el Arete un año después se retractó de dichos señalamientos, luego de que su abuelo, otro familiar y su abogado fueran asesinados. Por esta razón, se solicitó indagar si estos crímenes estuvieron relacionados con el cambio de versión del testigo, quien fue el primero en irse en contravía de la hipótesis que en ese tiempo planteaba el DAS —al parecer para desviar la investigación—, la cual consistía en responsabilizar del crimen a Pablo Escobar y no a los hermanos Castaño y sus aliados en el Estado.

Pizarro fue asesinado cuando viajaba en un avión, el 26 de abril de 1990. Hoy, la Fiscalía enderezó la investigación al punto que exhumó el cadáver para recolectar nuevas pruebas. La hipótesis de las autoridades es que los crímenes de Jaramillo, Pizarro y Antequera se cometieron bajo las mismas circunstancias, lo que podría evidenciar la participación de agentes de Estado que estaban en sus esquemas de seguridad.

Otro de los grandes reparos expuestos en la carta es que, a pesar del esfuerzo que el fiscal 20 de la Dinac y su grupo de investigadores han realizado para encontrar a el Arete (quien se cambió el nombre) en España, la persona delegada para realizar la diligencia fue Alexandra García: “Resulta inentendible por qué razón no se ha autorizado el desplazamiento al funcionario instructor a España y en su lugar se pretende destinar a una funcionaria de la Fiscalía que no cumple funciones judiciales sino de cooperación y enlace con las autoridades de esa nación, aparte de atentar contra el principio de inmediatez de la prueba y el normal decurso de la diligencia por asignársela a una persona que nunca ha conocido el caso ni continuará instruyéndolo”.

Malambo agregó que “la Consejera Judicial no tiene responsabilidad para adelantar práctica de pruebas, fuera de que su intervención no significa ningún beneficio, por la falta de conocimiento de un proceso de 37 cuadernos, 25 años de investigación y catalogado como crimen de lesa humanidad”.

La defensa finalmente concluyó que esto se trata de un acto de discriminación: “Lo más grave, inentendible y discriminatorio, es que la Dinac y la Fiscalía, en casos similares como el de Luis Carlos Galán Sarmiento, todos los desplazamientos al extranjero para la práctica de pruebas testimoniales son autorizados sin ningún reparo a la titular del despacho, como debe corresponder con la importancia (...) No tiene ninguna justificación el tratamiento diferenciado de estos dos casos de connotación nacional –catalogados como crímenes de lesa humanidad, y en los que se investiga la responsabilidad de agentes estatales, particularmente del DAS–”.

Es tal el disgusto que ha generado la Fiscalía entre las víctimas, que en la carta se sostiene que “el proceder de la Dinac estratifica a las víctimas de la violencia política de Colombia, pues para los inmolados líderes de izquierda no existe el mismo proceder ni facilitación de la actuación del fiscal instructor en la práctica de pruebas testimoniales en el extranjero” que en “los crímenes cometidos contra líderes políticos de los partidos tradicionales , en los que sí se allana el camino y surten todos los requerimientos necesarios (…) Evidente e insostenible es el abordaje distinto de ambos crímenes, quedando la impresión que para la Fiscalía hay víctimas más importantes”.