Un adolescente abre TikTok en cualquier territorio del país y se encuentra con hombres vestidos de camuflado que exhiben armas, fajos de billetes y la vida dentro de un grupo armado. Si muestra interés, el algoritmo de las redes sociales le recomienda más contenido parecido y, si pregunta cómo unirse, la conversación puede continuar por mensajes privados y terminar en una oferta de transporte hacia otra región. Para entonces, las instituciones que deben protegerlos probablemente ya van tarde. Mientras TikTok o Facebook no consiguen impedir que esas cuentas se multipliquen y lleguen a miles de usuarios, el Estado colombiano tampoco tiene la capacidad suficiente para prevenir el reclutamiento, buscar a quienes son captados ni llevar ante la justicia a quienes dieron la orden.
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Ese es el doble fracaso que documentó la oenegé Human Right Watch (HRW) en un reciente informe titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”. En otras palabras, los grupos armados están perfeccionando sus formas de atraer menores con mayor rapidez que las plataformas y las autoridades encargadas de protegerlos. Las cifras lo dicen todo: cerca de 1.500 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento desde 2021, según datos de la Defensoría revisados por HRW. Además, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 44 % de los menores reclutados en 2025 fueron captados a través de redes sociales.
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En el informe, Human Right Watch, una organización no gubernamental internacional dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, identificó 52 cuentas y 37 publicaciones en TikTok que glorificaban la vida armada, con más de 85.000 seguidores combinados y videos con hasta 250.000 reproducciones.También halló 20 cuentas en Facebook con más de 15.000 seguidores que facilitaban el contacto y ofrecían transporte a interesados. La oenegé envió a ByteDance, creadora de TikTok, y Meta, empresa dueña de Facebook e Instagram, reportes de todos sus hallazgos y las cuentas fueron eliminadas. Sin embargo, entre julio y agosto de 2026 aparecieron perfiles nuevos con contenido similar.
Por su parte, la JEP rastreó en mayo de 2025 un total de 146 cuentas vinculadas a presuntas prácticas de reclutamiento; nueve meses después, 109 habían sido eliminadas, pero 37 seguían activas. La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señala que las respuestas de ByteDance y Meta, que se enfocan en bajar el contenido denunciado, están siendo insuficientes para evitar que sean usadas como medio para el reclutamiento. “En primer lugar, no han tomado las medidas suficientes para evitar que el algoritmo recomiende a los usuarios cuentas usadas por los grupos armados para atraer y reclutar. En la práctica, el algoritmo coadyuva en la promoción de ese contenido”, sostuvo.
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Asimismo, agregó que, “incluso cuando las plataformas retiran, de manera tardía, el contenido y perfiles de los grupos armados, nuevas cuentas con contenido muy similar siguen apareciendo” Aunque Goebertus resalta el canal de comunicación con las plataformas, explica que medidas como “bloquear la búsqueda de la palabra Farc para prevenir la difusión del contenido de reclutamiento es simplista y alejado de la realidad que observamos en redes sociales y que viven los niños y niñas en sus territorios”. De acuerdo con la abogada, “basta con buscar con un hashtag para encontrarlo con facilidad. La moderación de contenido de habla hispana es muy baja y depende demasiado de procesos automatizados.
En general, las plataformas han tratado de evitar ser reguladas”. En este punto, Goebertus resaltó la importancia de un protocolo para la detección, reporte y bloqueo de contenido relacionado con el reclutamiento. Dicho protocolo ya lo contempla la ley de entornos digitales (Ley 2489 de 2025), pero llevar su cumplimiento más allá del papel es otro desafío en un contexto de impunidad judicial que se evidencia en cifras. De las 3.947 investigaciones abiertas por reclutamiento entre 2016 y 2025, solo 45, alrededor del 1 %, pasaron a etapa de investigación formal, 25 llegaron a juicio y apenas nueve terminaron en condena, casi siempre contra autores materiales de bajo rango.
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En 2024, líderes de las disidencias de “Mordisco” y “Calarcá” recibieron entre 11 y 15 años de cárcel por reclutar a diez niños, nueve de los cuales murieron en un bombardeo en Caquetá en 2019. Es la única condena que HRW halló en diez años contra quienes dieron la orden. A esta impunidad se suma la poca capacidad para activar los protocolos de búsqueda cuando un menor ingresa a un grupo armado. El informe de la oenegé señala que los municipios carecen de fondos para activar rutas de protección urgente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no tiene capacidad para atender casos fuera del horario laboral y la reducción de la cooperación internacional golpeó a los equipos que gestionaban los casos.
En esa línea, se contempla la incertidumbre por la propuesta del presidente Abelardo de la Espriella de eliminar la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, de la que depende la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, clave para la desvinculación de menores. Ante el vacío estatal y el hecho de que los grupos armados modernizan sus métodos de reclutamiento más rápido de lo que el Estado y las plataformas digitales desarrollan mecanismos para impedirlo, Juanita Goebertus advierte que la política de seguridad ha sido inefectiva.
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“Mientras los armados sigan avanzando en su control social y territorial, y algunas zonas sigan en condiciones de pobreza, será imposible reducir el reclutamiento. Se necesita más que el despliegue de fuerza pública, el fortalecimiento de las investigaciones y judicializaciones, y oportunidades de educación y empleabilidad para que los jóvenes no sean reclutados por ningún medio”, concluye Goebertus. De no cerrarse esas brechas, las plataformas seguirán eliminando cuentas cuando el contenido ya haya llegado a miles de usuarios y el Estado seguirá abriendo investigaciones cuando los menores ya hayan sido reclutados. Y así, entre una respuesta tardía y otra, las familias todavía esperan que sus hijos regresen a casa.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
