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Un nuevo golpe a la minería ilegal dieron las autoridades en el departamento de Antioquia. Esta vez no fue a la explotación ilegal de minerales a pequeña escala, sino al dominio del Clan del Golfo sobre la que es considerada la mina de oro más grande de Colombia, ubicada en el municipio de Buriticá. La misma por la cual el país enfrenta una demanda de US$430 millones ante un tribunal internacional, tras ser invadida por grupos ilegales.
El operativo, que fue liderado por la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y su Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (DEMA), permitió la recuperación del nivel 14-00 del túnel Yaraguá, en la mina de Buriticá. Ese yacimiento, con capacidad de producir 9,1 toneladas de oro al año, es propiedad de la multinacional china Zijin Continental Gold
Pese al poder legal de la empresa sobre la mina, desde hace cinco años era la subestructura Edwin Román Cifuentes Valle la que la dominaba, metro a metro. Las autoridades señalaron que esa facción del Clan del Golfo no solo se encargaba de controlar la extracción ilícita de oro allí, sino también del suministro de explosivos para actividades ilícitas en la región.
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Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia durante el operativo. Una de ellas tendrá que responder ante las autoridades por el delito de tráfico de explosivos y las otras tres por porte ilegal de armas. Además, fueron incautadas 102 barras de ANFO y 774 de INDUGEL (explosivos), 600 detonadores eléctricos, 1.300 metros de cordón detonante, tres armas de fuego, un kilo de mercurio, marihuana, celulares y un radio de comunicación.
Además de recuperar parte del control de la mina, con este operativo las autoridades llegan a la cifra de 3.007 minas intervenidas este año. Sumado a la destrucción de 363 dragas, 332 retroexcavadoras y excavadoras, utilizadas por grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo, en la extracción ilícita de minerales.
El 23 de enero de este año, por ejemplo, la Policía, el Ejército y la Fiscalía capturaron a alias “Zarco Tigre”, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia y quien estaría relacionado con varios casos de homicidio en Antioquia. Uno de ellos, la masacre de siete personas ocurrida en diciembre de 2023, en Santa Fe de Antioquia, en medio de la disputa por el control de la explotación ilegal de oro en el departamento.
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Los pleitos de la mina en Buriticá
Colombia se juega miles de millones de pesos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), luego de que la multinacional Zijin Continental Gold demandara al país porque la mina de oro en Buriticá, por la cual pagó US$1.000 millones en 2020, terminó invadida por el Clan del Golfo y por mineros ilegales que operan bajo instrucciones de esa organización al margen de la ley.
El Clan del Golfo, como ya lo ha registrado El Espectador en otras oportunidades, controla, extorsiona, obliga a trabajos forzados y les pone control armado a las personas que trabajan en la mina; afectando a los empleados, contratistas y, en general, la operación de la multinacional china. La empresa asegura que las autoridades no hicieron nada para proteger su proyecto, lo que impidió el cumplimiento de sus expectativas empresariales.
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En medio del reclamo de Zijin Continental Gold por US$430 millones a Colombia, un nuevo capítulo apareció en el pleito por la mina, controlada por el Clan del Golfo y mineros ilegales. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) contrataría a la firma Hughes Hubbard & Reed para la estrategia defensiva de Colombia ante la demanda internacional.
Esa firma habría elegido a los abogados de Astrea SAS como “punto de contacto” entre ellos y la Agencia. Se habían asociado para uno de los procesos más delicados en contra de Colombia, por tratar temas de conflicto armado y recursos naturales. Esto, pese a que, según lo denunció el exsenador Jorge Robledo, en el multimillonario contrato podría haber intereses particulares de altos funcionarios para favorecer a un grupo de abogados de Norte de Santander, aprovechando el alto costo para la entidad, de asociarse con firmas de abogados internacionales.
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Este diario ahondó en las denuncias del excongresista y la falta de condiciones de la firma Astrea para ser el “punto de contacto” en ese arbitrio internacional fueron de tal tamaño, que el acuerdo para defender a Colombia tuvo que echarse para atrás. Aunque el pleito jurídico sobre la mina de Buriticá aún sigue sin resolverse, por ahora al menos una parte de sus terrenos estará bajo vigilancia de la Fuerza Pública, que evitará la insistencia del Clan del Golfo en explotar ilegalmente ese importante yacimiento.
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