Puntualmente, por no “evitar el grave perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público al conocer desde 2011 la posible manipulación del precio de las acciones por parte de la comisionista Interbolsa, liquidada el 7 de noviembre de 2012 por el incumplimiento de sus obligaciones”.
Según el fallo, el error cometido por Hernández Correa “pudo haber sido superado con un simple ejercicio juicioso y diligente respecto de los elementos con los que contaba, para evitar el grave perjuicio de los inversionistas del mercado de valores, especialmente de la comisionista Interbolsa”. Con estos mismos argumentos esta entidad sancionó con una suspensión por 8 meses a Diego Mauricio Herrera Falla, en su condición de superintendente delegado para Supervisión de Riesgo de Mercado e Integridad; y a Rosita Esther Barrios Figueroa, superintendente delegada para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado.
La reducción se debe a que, en segunda instancia, el procurador Alejandro Ordóñez absolvió a Hernández, Herrera y Barrios de la falta gravísima por la que fueron sancionados en noviembre de 2013, al señalar como un “error invencible” su omisión de denuncia ante las autoridades penales de los delitos ocasionados en las operaciones fraudulentas de miembros de Interbolsa.
La decisión se produce una semana después de que dos de los protagonistas del escándalo, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, se declararan responsables por los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies durante la audiencia de imputación de cargos en su contra. La Fiscalía señaló que en este caso operó “una verdadera empresa criminal de cuello blanco, en donde resultaron damnificados cientos de personas naturales y jurídicas quienes hacen sus reclamaciones para recuperar su dinero, el cual iba a parar a más de ocho empresas de Colombia, Islas Vírgenes o Curazao sin autorización de la Superintendencia Financiera”.
Por medio de un comunicado, la Superfinanciera sostuvo que iba a controvertir esta sanción en otras instancias judiciales. “Con la seguridad de haber actuado conforme a la ley y oportunamente para garantizar la protección de los inversionistas, el normal funcionamiento y estabilidad del mercado de capitales colombiano, se hará uso del derecho constitucional a la defensa ante el Consejo de Estado una vez se notifique y conozca en su totalidad el fallo”.
Por Redacción Judicial
