Esta semana, El Espectador reveló la decisión a favor del exintegrante de la junta directiva de la Refinería de Cartagena (Reficar), Hernando José Gómez Restrepo, con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el fallo de responsabilidad fiscal con el que la Contraloría lo declaró en 2021 responsables a él y otros 15 exejecutivos por la afectación al patrimonio de la Nación por $2,9 billones. Según esa instancia judicial, ese billonario daño patrimonial nunca existió y el ente de control nunca probó realmente que esas personas tuvieran responsabilidad de alguna irregularidad. Como consecuencia, desde la Contraloría, según conoció este diario, ya alistan la apelación en contra de la decisión que, por ahora, tiene sin piso uno de los casos por los que más han sacado pecho.
En contexto: El daño patrimonial de $2.9 billones de Reficar nunca existió
Fuentes al interior de la Contraloría le confirmaron a El Espectador que el área jurídica de la entidad ya prepara los argumentos para demostrar que la investigación que llevaron a cabo desde 2016 y que concluyeron en 2021, tuvo todos los sustentos para fallar fiscalmente en contra de los 16 exejecutivos de la refinería.
Según dijo en un comunicado de prensa la Contraloría, su fallo de 2021 “sí acreditó plenamente los elementos de la responsabilidad fiscal”. También, se apegan a que la decisión del Tribunal Administrativo que tumbó su fallo fue tomada por 2 de 3 magistrados y no de manera unánime, ya que uno salvó su voto.
Lo que busca ahora probar la Contraloría es que sí hicieron bien su trabajo, y no como lo dijo el Tribunal Administrativo. El fallo judicial señaló que lo hecho por el ente de control nunca probó nada y que las decisiones tomadas en la época por los exejecutivos, no fueron irregulares y que, por el contrario, fueron en pro de sacar adelante la megaobra.
Para entender mejor: Reficar: ¿Por qué la justicia dice que no hubo billonario desfalco en escándalo?
La decisión del Tribunal deja muy mal parada a la Contraloría, donde el ambiente está sumamente tenso en este momento. En 2016, el entonces procurador general, Edgardo Maya Villazón, anunció que lo ocurrido en Reficar fue un caso de desfalco que afectó el patrimonio de la Nación. Cinco años después, ese ente de control tomó la decisión en contra de los exejecutivos de la refinería y enlodó sus nombres.
Dentro del caso, el Tribunal Administrativo encontró que la Contraloría hizo cálculos incorrectos a la hora de media cuánto dinero, supuestamente, se había perdido en la megaobra. Los costos del proyecto, dice la Sala, “no debieron ser comparados con una fórmula matemática, sino con la inversión física del proyecto, que no fue cuantificada”, por lo cual lo hecho por el ente de control fiscal iba a arrojar un resultado erróneo.
Asimismo, el Tribunal fue enfático en decir que la Contraloría quiso demostrar que hubo un daño al patrimonio, pero que, sencillamente, no había prueba para demostrarlo. El fallo de la Sala dice textualmente que la Contraloría no explicó “de manera precisa y puntual la responsabilidad del demandante” en el caso de Reficar. Además, agregó que “para la Sección Primera, la respuesta es contundente. No hubo daño patrimonial, por cuanto el mismo no fue comprobado”.
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