La Procuraduría le puso la lupa a la compra de tierras para materializar la reforma agraria, iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Tras su revisión, el Ministerio Público advierte que habría inconsistencias sobre los procesos de compra de terrenos, así como posibles irregularidades por $136.911′777.315.
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De acuerdo con la información consignada en el informe por la Procuraduría, el proceso con el que se están adquiriendo algunos terrenos baldíos, para entregar tierras productivas a los campesinos, podría ser en vano. Señala el documento que algunos de estos terrenos estarían en zonas que colindan con humedales y zonas que podrían inundarse, por lo que no serían tierras realmente productivas.
Adicionalmente, dice el Ministerio Público, hasta el momento no hay reglas claras sobre el proceso de compra de tierras y también habría algunos de estos terrenos que tendrían problemas jurídicos, lo cual complicaría su uso. Igualmente, se mencionan supuestos incumplimientos en el pago a varias personas que vendieron sus terrenos para materializar la reforma.
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El ente de control en su informe también expone que, al parecer, hay predios que se adquirieron y hasta la fecha no cuentan con todos los documentos en regla, e incluso algunos tendrían avalúos comerciales negativos. La información fue recopilada, tras revisar aleatoriamente 86 de las 288 compras que la Agencia Nacional de Tierras realizó entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Señalan que habría irregularidades en al menos el 62% de las compras analizadas.
El informe señala que “a fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a 136.911.777.315 pesos”.
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De acuerdo con el documento de la Procuraduría, hay irregularidades por $51.787 millones en la compra de 14 terrenos que, al parecer, no tienen uso agropecuario y en los que no se habrían tenido en cuenta recomendaciones técnicas hechas. También, se habla de $30.623 millones en la compra de 16 predios que tendrían irregularidades en sus promesas de compraventa, así como presuntas inconsistencias en $27.039 millones en 26 predios adquiridos sin acta de entrega.
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