'Reforma al fuero militar es retrógrada'

En una carta dirigida a la alta representante de la Unión Europea, el titular de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, insistió en que el simple hecho de que el organismo europeo apoye la forma al fuero militar iría en contra de  los compromisos asumidos para la defensa de los derechos humanos.

Con el propósito de solicitarle a la Unión Europea (UE) que no entregue asistencia al sistema de justicia penal militar colombiano, José Miguel Vivanco, representante de la ONG Human Rights Watch (HRW), envió una carta en la que expresa su preocupación ante el anuncio que hizo el organismo europeo el pasado 25 de junio sobre un posible apoyo de Europa a la implementación de la reforma al Fuero Penal Militar. El anuncio fue hecho, precisamente, tras la gira que realizó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón por Europa y en virtud de la cual se reunió con los gobiernos de Francia, Inglaterra, España y Bélgica, para explicar los alcances del recién aprobado fuero militar. En criterio de Human Rights Watch, si la Unión Europea apoya esta reforma estaría aprobando en la práctica la implementación de una reforma que, según la HRW, “se opone a las normas jurídicas internacionales de derechos humanos y podría negar la posibilidad de justicia a víctimas de abusos aberrantes cometidos por militares”.

En el documento dirigido a Catherine Ashton, alta representante de la UE para las Relaciones Exteriores y Políticas de Seguridad, la HWR repasa las críticas que ha recibido la reforma constitucional que amplió el fuero militar y que, según la ONG, va en contravía de los estándares de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la Human Rights Watch la reforma podría dejar en la impunidad a los mal llamados ‘falsos positivos’ ya que terminarían siendo juzgados por la justicia militar y no la civil, y que en diferentes casos se ha evidenciado que la justicia militar favorece a los uniformados y no a las víctimas. La HRW sostiene que, a pesar de que el Gobierno ha insistido en que eso no sucederá, esto ya ha comenzado a suceder. Mencionando el caso de un coronel acusado de dos ‘falsos positivos’ que pasó a la justicia militar después de que el Consejo Superior de la Judicatura considerara que el fuero militar ha creado “una nueva realidad en materia de competencia frente a delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares”.

El representante de Human Rights Watch enfatiza en que a pesar de que el gobierno colombiano ha sostenido que es aceptable ampliar el alcance de la jurisdicción militar ya que la reforma anuncia medidas para subsanar la falta de imparcialidad e independencia del sistema de justicia penal militar –refiriéndose a la afirmación que hizo el entonces ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, quien dijo que el cambio del fuero militar significa seguridad jurídica y cero impunidad. "Yo creo que las Fuerzas Militares necesitan confianza y seguridad jurídica, además de que no haya impunidad en los 'falsos positivos' y ese es el propósito del Gobierno Nacional con esta ley"–. Sin embargo, dice el documento que “el sistema de justicia militar no forma parte del Poder Judicial del Estado colombiano. Esta jurisdicción es operada por las fuerzas de las seguridad pública y, en tal sentido, queda comprendida dentro del Poder Ejecutivo”.

Puntualiza el documento que el simple hecho de que la Unión Europea sugiera ayudar con información sobre buenas prácticas militares no tiene sentido ya que el sistema penal militar colombiano “está viciado en sus orígenes y constituye una afrenta a los principios básicos del derecho internacional en vigencia”. Dentro de la carta HRW también agregó otro problema dentro de la reforma constitucional y es que ese sistema de justicia penal autoriza a la Fuerza Pública a hacer uso de “la fuerza letal contra la población civil en un espectro de situaciones peligrosamente amplio, como por ejemplo, cuando los civiles están llevando a cabo actividades no relacionadas con el conflicto armado colombiano”.
Concluye sugiriéndole a la alta representante de la UE que cualquier decisión que tome el organismo europeo que “brinde asistencia al sistema de justicia penal militar de Colombia se opondría a los compromisos asumidos por los Ministros de Asuntos Exteriores” e insiste en que la UE debería asegurar los derechos humanos sean un aspecto central de las relaciones entre el organismo y Colombia e “instar al gobierno a revertir las retrógradas reformas al fuero militar aprobadas recientemente”.

La reforma a la Justicia Penal Militar

La ley estatutaria la cual reformó la Justicia Penal Militar, que a pesar del rechazos y fuertes críticas expresadas por la ONU y Human Rights Watch, fue aprobada el pasado 17 de junio por el Congreso de la república y sirve para juzgar a militares y policías que comentan delitos durante el servicio. En la reforma se establece que los mal llamados falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales, todos los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la Fuerza Pública como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento, quedarían en manos de la justicia ordinaria. En caso de que exista duda, el encargado de decidir qué competencia judicial asume el caso en disputa será un Tribunal de Garantías, integrado por cuatro miembros de la misma Fuerza Pública en retiro y cuatro jueces ordinarios elegidos por el presidente de la República mediante una terna.
 

En una carta dirigida a la alta representante de la Unión Europea, el titular de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, insistió en que el simple hecho de que el organismo europeo apoye la forma al fuero militar iría en contra de  los compromisos asumidos para la defensa de los derechos humanos.

Con el propósito de solicitarle a la Unión Europea (UE) que no entregue asistencia al sistema de justicia penal militar colombiano, José Miguel Vivanco, representante de la ONG Human Rights Watch (HRW), envió una carta en la que expresa su preocupación ante el anuncio que hizo el organismo europeo el pasado 25 de junio sobre un posible apoyo de Europa a la implementación de la reforma al Fuero Penal Militar. El anuncio fue hecho, precisamente, tras la gira que realizó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón por Europa y en virtud de la cual se reunió con los gobiernos de Francia, Inglaterra, España y Bélgica, para explicar los alcances del recién aprobado fuero militar. En criterio de Human Rights Watch, si la Unión Europea apoya esta reforma estaría aprobando en la práctica la implementación de una reforma que, según la HRW, “se opone a las normas jurídicas internacionales de derechos humanos y podría negar la posibilidad de justicia a víctimas de abusos aberrantes cometidos por militares”.

En el documento dirigido a Catherine Ashton, alta representante de la UE para las Relaciones Exteriores y Políticas de Seguridad, la HWR repasa las críticas que ha recibido la reforma constitucional que amplió el fuero militar y que, según la ONG, va en contravía de los estándares de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la Human Rights Watch la reforma podría dejar en la impunidad a los mal llamados ‘falsos positivos’ ya que terminarían siendo juzgados por la justicia militar y no la civil, y que en diferentes casos se ha evidenciado que la justicia militar favorece a los uniformados y no a las víctimas. La HRW sostiene que, a pesar de que el Gobierno ha insistido en que eso no sucederá, esto ya ha comenzado a suceder. Mencionando el caso de un coronel acusado de dos ‘falsos positivos’ que pasó a la justicia militar después de que el Consejo Superior de la Judicatura considerara que el fuero militar ha creado “una nueva realidad en materia de competencia frente a delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares”.

El representante de Human Rights Watch enfatiza en que a pesar de que el gobierno colombiano ha sostenido que es aceptable ampliar el alcance de la jurisdicción militar ya que la reforma anuncia medidas para subsanar la falta de imparcialidad e independencia del sistema de justicia penal militar –refiriéndose a la afirmación que hizo el entonces ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, quien dijo que el cambio del fuero militar significa seguridad jurídica y cero impunidad. "Yo creo que las Fuerzas Militares necesitan confianza y seguridad jurídica, además de que no haya impunidad en los 'falsos positivos' y ese es el propósito del Gobierno Nacional con esta ley"–. Sin embargo, dice el documento que “el sistema de justicia militar no forma parte del Poder Judicial del Estado colombiano. Esta jurisdicción es operada por las fuerzas de las seguridad pública y, en tal sentido, queda comprendida dentro del Poder Ejecutivo”.

Puntualiza el documento que el simple hecho de que la Unión Europea sugiera ayudar con información sobre buenas prácticas militares no tiene sentido ya que el sistema penal militar colombiano “está viciado en sus orígenes y constituye una afrenta a los principios básicos del derecho internacional en vigencia”. Dentro de la carta HRW también agregó otro problema dentro de la reforma constitucional y es que ese sistema de justicia penal autoriza a la Fuerza Pública a hacer uso de “la fuerza letal contra la población civil en un espectro de situaciones peligrosamente amplio, como por ejemplo, cuando los civiles están llevando a cabo actividades no relacionadas con el conflicto armado colombiano”.
Concluye sugiriéndole a la alta representante de la UE que cualquier decisión que tome el organismo europeo que “brinde asistencia al sistema de justicia penal militar de Colombia se opondría a los compromisos asumidos por los Ministros de Asuntos Exteriores” e insiste en que la UE debería asegurar los derechos humanos sean un aspecto central de las relaciones entre el organismo y Colombia e “instar al gobierno a revertir las retrógradas reformas al fuero militar aprobadas recientemente”.

La reforma a la Justicia Penal Militar

La ley estatutaria la cual reformó la Justicia Penal Militar, que a pesar del rechazos y fuertes críticas expresadas por la ONU y Human Rights Watch, fue aprobada el pasado 17 de junio por el Congreso de la república y sirve para juzgar a militares y policías que comentan delitos durante el servicio. En la reforma se establece que los mal llamados falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales, todos los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la Fuerza Pública como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento, quedarían en manos de la justicia ordinaria. En caso de que exista duda, el encargado de decidir qué competencia judicial asume el caso en disputa será un Tribunal de Garantías, integrado por cuatro miembros de la misma Fuerza Pública en retiro y cuatro jueces ordinarios elegidos por el presidente de la República mediante una terna.